$150 mil millones de pesos al año. Eso es lo que, según Julio Hardoy Baylaucq, necesita Bomberos de Chile para no salir más a pedir plata en tarro a las calles y dejar de hacer rifas para financiar sus operaciones. Es lo que debería desembolsar el Estado de Chile, si la Convención integra en la nueva Constitución la propuesta que hace la Iniciativa Popular de Norma 40.494 y que -con 18.224 patrocinios ciudadanos al día de hoy- ya superó la cantidad mínima de firmas para ser revisada, en este caso, por la Comisión de Derechos Fundamentales.
Hardoy Baylaucq es ex superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe y uno de los dos firmantes de la Iniciativa «Por el respeto y la dignidad a los bomberos(as)». Se trata de un texto que fue presentado por el Comité de Ciudadanos por la Dignidad de los Bomberos de Chile, integrado por «una veintena de ciudadanos» y liderado por el presidente del Consejo Regional de Valparaíso, José Molina Palma.
En realidad representan a toda la institución, porque -como explica Hardoy- fueron comisionados por la junta nacional para ingresar esta IPN en la Convención. Será, por lo mismo, Raúl Antonio Bustos Zavala, el presidente nacional, quien asista la próxima semana a una cita con la presidenta de la CC, María Elisa Quinteros, y quien acuda a ahondar en torno a esta IPN a la Comisión de Derechos Fundamentales.
«Tengo poco mas de 30 años de bombero y, sin exagerar, 27 de esos años los he dedicado única y exclusivamente a buscar fondos para la institución. Eso no puede ser». Julio Hardoy, ex superintendente de Bomberos
La IPN califica como GRAVE PROBLEMA -así con mayúsculas- el enorme obstáculo que deben sortear los 313 cuerpos y 1.200 compañías y brigadas de bomberos de Chile para sobrevivir. Hardoy, quien es también propietario de la radio Preludio de San Felipe, dice: «Tengo poco mas de 30 años de bombero y, sin exagerar, 27 de esos años los he dedicado única y exclusivamente a buscar fondos para la institución. Eso no puede ser».
$150 mil millones anuales es el doble de lo que hoy entrega el Estado de Chile a Bomberos
La argumentación de la IPN afirma que en países donde los bomberos son rentados el 75% del presupuesto que el Estado entrega a la institución va a sueldos y salarios. En Chile, a cambio, son los voluntarios de bomberos los que «subvencionan al Estado al prestar servicios gratuitos y profesionales». Hardoy dice que los bomberos prestan un servicio voluntario para «una situación que es responsabilidad del Estado de Chile» y complementa: «Deberíamos recibir los elementos mínimos que garanticen nuestra seguridad, nuestra preparación, nuestro equipamiento y nuestra cobertura de salud». La iniciativa, sin embargo, no propone un cambio en el voluntariado (ver recuadro).
Según se explica en esta IPN, en términos generales, los bomberos chilenos cubren con fondos propios al menos dos asuntos vitales. Uno es el 55% de los gastos operaciones de la institución: combustibles, reparaciones, sueldos de personal rentado y mantenciones, entre otras cosas. El otro es el 40% de los gastos de inversiones, que implican por ejemplo la compra de carros, unidades de rescate y camionetas. Cada voluntario activo destina en promedio 72 horas semanales a trabajos institucionales. La mitad de ese tiempo está destinada a la búsqueda de recursos, como las colectas y las rifas, lo que «afecta gravemente la motivación, la capacitación y entrenamiento del personal». Hardoy dice: «La gente joven se va. Ya no quieren salir a limosnear a la calle».
El ítem cobertura de salud es especialmente delicado. Según se explica desde Bomberos, en Chile hay unos 50 mil voluntarios y voluntarias. Si una o uno de ellos se accidenta en servicio, acuden a un hospital publico o a las mutuales: ACHS, Mutual de Seguridad o ISP. Los gastos de esas atenciones son reembolsados a estos servicios médicos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pero la CMF dilata esos pagos. En algunos casos ha sido tanta la demora que los centros de atención han pedido el pago de las atenciones al contado.
Hoy cada voluntario activo destina en promedio 72 horas semanales a trabajos institucionales. La mitad de ese tiempo está destinada a la búsqueda de recursos, como las colectas y las rifas.
Como en el comprahuevos, un hilo lleva a otro hilo: la CMF demora, según una fuente interna de Bomberos, porque «hay dilación de parte de las aseguradoras para el pago». Es así como las atenciones médicas de los voluntarios quedan sometidas a «un tema discrecional». Hay normas y procedimientos, pero se cumplen con alta dificultad. Hardoy lo dice en corto: «Los bomberos chilenos se accidentan y no tienen cobertura de salud». Y añade: «No hay post atención de algunas dolencias que tienen bomberos en actos de servicio».
De ser acogida por la CC, esta IPN corregiría -al entregarle al Estado el financiamiento de la institución- una serie de deficiencias que son incluso de carácter cotidiano. Por ejemplo, el pago de sueldos de al menos dos choferes por cada carro de bomberos: uno de día y otro de noche. También se aseguraría el sostén de la operación de una central de comunicaciones por cada sede. Eso hoy existe, pero -según afirma Hardoy- «a duras penas». Él mismo añade una cifra: hoy a lo largo de Chile hay unos 2.500 trabajadores en los cuarteles. La subvención estatal no alcanza para cubrir todos esos sueldos.
Otro punto que el texto de la Iniciativa 40.494 aborda es el de la inequidad: «Se genera una gran brecha en la atención a la comunidad. Localidades con mayores recursos ofrecen un sistema más continuo, rápido y eficiente, en desmedro de lugares más apartados y comunidades con escasos recursos».
La propuesta de articulado de la Iniciativa Popular de Norma 40.494 para integrar en la Constitución es la siguiente:
Artículo X.- Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución reconocida por el Estado cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito, incidentes con materiales peligroso u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.
Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos de operaciones, inversiones, capacitación y renovación de equipos de material mayor y menor, como también dotarlos de equipos de protección personal para los diferentes actos de servicio, otorgar cobertura médica para atención de efectivos accidentados o por enfermedades contraídas por actos de servicio y un reconocimiento económico en época de vejez o invalidez.
Le corresponderá a la Ley establecer el marco regulatorio general respecto de lo señalado en el inciso anterior. Δ
