Jessica Herrera y Rodrigo Córdova
“En un acto abusivo y antirreglamentario, la Mesa directiva de la Convención Constitucional modificó hoy el texto constitucional sin respetar la voz del Pleno”, dijo este jueves 30 Hernán Larraín Matte (Evópoli) mediante una declaración pública tras participar de una reunión de la Mesa ampliada, en su rol de vicepresidente adjunto. La polémica que levantó el convencional del D11 apunta a que la directiva de la CC aprobó un cambio en el segundo inciso del artículo 191. La redacción original dice: “Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados…”. Mientras que el cambio que aprobó la mesa reza: “Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados…”. Según voces al interior de la CC, el cambio no tiene implicancia alguna, sin embargo, a lo que apunta Larraín es a una metodología «antirreglamentaria», tema que sí podría ser discutible, aunque hay otros antecedentes en que la Mesa ha interpretado los textos.
La de ayer fue una de las últimas reuniones que tendrá la Mesa Directiva y la citación se trató, entre otras cosas, de hacer adecuaciones al texto de nueva Constitución en función de la coherencia y comprensión de la propuesta. Larraín, junto a otras voces de su sector, indican que la Mesa no tiene facultades para hacer ninguna modificación en el texto si no pasa antes por el Pleno; sin embargo, la mesa directiva emitió un comunicado en donde se apoya en el Reglamento General de la CC para justificar su accionar.
Según lo que declaró la Mesa Directiva, la Secretaría Técnica -con el fin de aclarar dudas- propuso varias modificaciones, facultad que resguarda el artículo 60 en su letra C: “Informar a la Mesa Directiva de la Convención cuando observare posibles incoherencias, incongruencias o errores formales manifiestos en el trabajo de las diversas comisiones que este Reglamento establezca”.
Hernán Larraín, por otro lado, manifestó que en realidad la propuesta en cuestión no fue realizada por Secretaría, sino que por otra vicepresidenta adjunta, Bárbara Sepúlveda (PC), hecho que confirmó el vicepresidente Luis Jiménez (Aymara), quien también aclaró que la Secretaría no advirtió el incumplimiento de alguna norma. “Lo único que hicimos fue estandarizar la nomenclatura para que quedara coherente con el lenguaje claro y el mismo concepto que se usó en toda la Constitución”, declaró Sepúlveda en su cuenta de twitter.
La Mesa Directiva procedió a votar la modificación, que logró todos los votos, menos el de Larraín. Según el comunicado que emitió la instancia que encabeza María Elisa Quinteros, esta modificación era pertinente dado que va en función del artículo 3 del Reglamento, que permite la interpretación de la Mesa Directiva en ciertos casos. El artículo señala que: “Los distintos preceptos contenidos en este Reglamento, así como los procedimientos y actuaciones que aquí se establecen, siempre serán interpretados de un modo que fomente y favorezca la coherencia de la propuesta final del texto constitucional y de manera que facilite su trabajo de forma sistemática”. Además, el artículo 39, en su letra U le da las facultades a la Mesa a “interpretar, por mayoría de sus miembros, en caso de contradicción u obscuridad, los reglamentos de la Convención Constitucional”.
Esta no fue la única modificación que se realizó al texto en la reunión de ayer. “Las adecuaciones que hizo la Mesa iban en la dirección de mejorar referencias que iban en relación al género de algunas palabras, al nombre de algunas instituciones, (…) y la expresión de pueblos indígenas que estaba en todo el texto”, declaró el vicepresidente de la CC, Gaspar Domínguez. A los otros cambios efectuados, Larraín dio su voto a favor, pero el cambio de las palabras referido a pueblos indígenas fue lo único que concitó polémica y su posterior declaración.
La coordinadora de la Comisión de Armonización, Tammy Pustilnick, asegura que el cambio «no genera una diferencia jurídica importante» y agrega «además es cooncordante con uniformar el lenguaje que utilizó la comisión de armonización». Voces dentro de la misma derecha coinciden en que la modificación no es relevante en términos jurídicos, aunque discrepan en tanto las facultades de la mesa para modificar el texto, pues sostienen que no está permitido.
Por su parte, Jiménez explicó que antes del último pleno de la CC se envió un protocolo de armonización en el que se explicita la facultad de modificar o adecuar formas en las normas, en favor de la coherencia del texto.
Las interpretaciones al reglamento general se han realizado en repetidas ocasiones durante el proceso constituyente, ya sea para resolver incongruencias en las indicaciones presentadas por los convencionales, componer la mesa directiva ampliada – el propio Larraín fue nombrado vicepresidente adjunto tras una interpretación del reglamento- y por otras dudas que se manifestaron en los Plenos deliberativos.
Ahora, a tres días de la entrega de la propuesta, las inquietudes de Larraín y personeros de Vamos por Chile se relacionan a que la Mesa podría realizar arbitrariamente otras modificaciones al texto final sin la autorización del resto de los convencionales. Ante estas preocupaciones, Gaspar Domínguez argumentó que “es una falta de respeto gravísima e inaceptable sugerir o deslizar la sola posibilidad de que este texto sea modificado. Es la secretaría quien informa y propone los cambios y pido respeto a ese trabajo”.Δ
