A horas de que finalice el plazo en que los y las ciudadanas chilenas pueden patrocinar Iniciativas Populares de Norma son 64 las que han logrado reunir 15 mil firmas (o más) para ser incluidas en la discusión constitucional.
¿Cómo se desarrollaron las distintas campañas de promoción de cada IPN y con qué recursos contaron? En Votamos Todos revisamos la articulación y las gestiones detrás de los diversos grupos de interés que han querido aportar propuestas para la nueva Constitución.
La mayoría de las campañas y los recursos para poder levantar las iniciativas han llegado desde la autogestión y la colaboración de distintas ONG ‘s, movimientos sociales y agrupaciones de ciudadanos. Eso ha puesto en escenarios desiguales a los grupos: algunos cuentan con más recursos.
«El piso es 15 mil patrocinios para que ingrese al debate. Una iniciativa que se gastó millones de pesos y llegó a las 80 mil firmas tendrá el mismo tratamiento que las que obtuvieron el mínimo”. Bastián Labbe, coordinador de la Comisión de Participación Popular
En el caso de “Será ley” (Nº 5.938), iniciativa de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, se apostó fuertemente al trabajo en redes sociales para suplir la falta de recursos económicos. “Por medio de la organización territorial, levantamos un mailing con personas que habíamos conocido y que apoyaban la iniciativa. Organizamos actividades por las redes sociales, lives de Instagram y luego un encuentro internacional en Valparaíso”, explican desde la Asamblea. Su estrategia fue eficiente. Fue la primera IPN en llegar a los 15 mil patrocinios, demostrando que los derechos sexuales y reproductivos son una tema que concita la atención.
En la misma línea, desde la iniciativa El derecho a la salud, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), su tesorero, Guillermo Henríquez, comenta que el despliegue territorial fue una de sus principales apuestas para llegar a los 16 mil apoyos. “Instalamos puntos estratégicos de recolección de firmas en Santiago, como hospitales y oficinas del Registro Civil en alianza con la CUT, el ISP y No + AFP. También tuvimos actividades en nuestras plataformas en las distintas redes sociales, todo financiado con recursos propios”, detalla el dirigente.
“Nuestra campaña fue muy austera, debe estar en el orden de los 6 millones de pesos», Patricio Aguilar, presidente del a Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD)
Otro grupo de interés, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), que promueve la creación del Consejo Nacional de Justicia y el principio de Autonomía de la Administración profesional respecto de la función jurisdiccional, emplearon una mayor cantidad de recursos, provenientes de aportes de sus más de 1.200 asociados.
“Nuestra campaña fue muy austera, debe estar en el orden de los 6 millones de pesos. Hemos ocupado insertos en algunos medios escritos, avisos en radio y canales virtuales donde exponemos documentos, explicando qué buscamos con nuestra iniciativa popular”, explica Patricio Aguilar, presidente de la asociación, que hasta hoy 1 de febrero a las 14:00 horas concitaba 2.562 apoyos.
“No hemos juntado plata, nos regalaron impresiones de folletos y nos hemos movido principalmente por redes sociales”, explican en Con mi plata no
Desde el grupo detrás de la iniciativa Con mi plata no explican que recibieron donaciones para material de campaña, pero que la atención que concitan los ahorros provisionales fue la clave para superar la meta de patrocinios. “No hemos juntado plata, nos regalaron impresiones de folletos y nos hemos movido principalmente por redes sociales”. Este grupo consiguió los respaldos el 10 de enero.
Para el Banco Central Autónomo, una propuesta constitucional promovida por un grupo de 55 profesionales de diversas áreas asesorados por el ex Ministro de Haciendo, Rodrigo Valdés, cuentan que también emplearon recursos propios. Pero, en su caso, la idea fue ir más allá de las 15 mil firmas para darle más “peso político” a su iniciativa. “Creemos que si superamos ampliamente el número de firmas, vamos a ser más escuchados” argumenta Andrés Larraín, el firmante de la propuesta, que tiene 34 mil patrocinios. Sin embargo, según se ha aclarado desde la CC, el ranking de firmas no es decisivo.
La inversión en las campañas
A pesar de que la mayoría de los movimientos sociales, ciudadanos y grupos de interés aseguran haberse apoyado en la autogestión y la colaboración de sus miembros para articular la promoción de sus IPN, hubo agrupaciones que pagaron publicidad en medios (radios y prensa escrita), además del envío masivo de correos a personas que no se habían inscrito en ninguna lista de interesados. Esto deja en claro que no existe una normativa dentro de la Convención Constitucional que regule el financiamiento con el que actuaron los diversos grupos de interés para la propaganda de sus propuestas constitucionales.
¿No se previó la publicidad pagada para llegar a las firmas? Uno de los coordinadores de la Comisión de Participación Popular, el constituyente por el distrito 20 Bastián Labbé, comenta que “la iniciativa es nueva, por lo tanto quedó un poco fuera el tema del financiamiento”. Agrega que “si bien hay iniciativas que contaron con más recursos en términos de publicidad, otros lo hicieron con campañas sociales, callejeras, con firmatones. Creo que demostraron que ambas van a tener la misma validez. El piso es 15 mil patrocinios para que ingrese al debate. Una iniciativa que se gastó millones de pesos y llegó a las 80 mil firmas tendrá el mismo tratamiento que las que obtuvieron el mínimo”.
«La concentración de propuestas constitucionales en manos de algunos grupos de interés con más recursos podría atentar contra un debate más abierto y pedagógico», Juan José Lyon de América Transparente.
Al no existir regulación en esta materia, no hay rendición de cuentas. Por ende, no hay registros a los que se pueda acceder para conocer la brecha entre los recursos con que algunos grupos de interés promovieron sus campañas versus lo que apostaron a la autogestión, al trabajo territorial y la colaboración de sus miembros. “Este proceso es nuevo en el país. Lo armamos en tiempo récord, tratamos de ajustarlo. Para el futuro debemos ir mejorando y aprendiendo de este proceso”, concluye Labbé.
En términos de transparencia, democracia y equidad, Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, cree que “es valorable que la gente pueda proponer temas a debatir en la Convención”. Sin embargo, reconoce que el sistema tiene falencias. “Hay propuestas más robustas y otras más bien vagas lo que puede dificultar que se transparente si hay interés corporativo atrás o no. El otro tema es que la concentración de propuestas constitucionales en manos de algunos grupos de interés con más recursos podría atentar contra un debate más abierto y pedagógico”, finaliza. Δ
