La sesión de hoy de la Comisión de derechos de los Pueblos Indígenas pasó casi desapercibida ante el gran interés que suscita una comisión como Sistema Político, que trabaja a contrarreloj para presentar una propuesta que genere acuerdos y que tenga la deseada vocación de lograr los 2/3 de votos en el Pleno. De forma paralela a esta misma vorágine, sin embargo, el grupo dedicado a integrar al borrador contenidos relativos a los escaños reservado desarrolló 96 propuestas de norma constitucional, tomando como base las respuestas obtenidas en la Consulta Indígena. En votación general en la comisión, el informe se aprobó con 21 votos y 1 abstención.
Sólo 60 días después del comienzo oficial de este proceso -celebrado el 24 de enero pasado con una ceremonia en el cerro Huelén- los 25 integrantes del órgano sometieron a votación normas basadas en las respuestas de los pueblos. Vale recordar que la Consulta Indígena tuvo tres etapas: difusión, diálogo y sistematización. La segunda fase correspondiente al debate de los distintos pueblos indígenas contó con la participación de sólo 7.549 personas, un número mucho menor de lo esperado pero acorde a la escasez de tiempo y de recursos que tuvo desde sus inicios.
A pesar de las múltiples banderas rojas que el proceso tuvo que solventar, la participación de los pueblos se debía cumplir para consagrar, en parte, el éxito de la CC. Incluso al comienzo, cuando se estableció el Reglamento Oficial de la Convención Constituyente, se aprobó asegurar el derecho a la participación indígena en el proceso y para cumplir es que se desarrolló un modelo acotado de Consulta Indígena.
La fase de sistematización de la Consulta finalizó hace una semana y los convencionales de la Comisión tuvieron hasta el pasado viernes para generar normas en base a las respuestas de cada pueblo. Este insumo fue realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión, que está integrada por profesionales de diversas áreas y representan a cada uno de los pueblos. Las respuestas obtenidas en los encuentros realizados en todo el país dieron lugar a un documento de 265 páginas y es en base a ese texto que los convencionales generaron siete propuestas que en total suman 96 normas constitucionales (*).
De estas siete, seis fueron realizadas de forma individual por los convencionales Isabella Mamani (aymara), Wilfredo Bacián (quechua), Eric Chinga (diaguita), Marcos Barraza (PC), Rosa Catrileo (mapuche) y Fernando Tirado (chango). Otra de las propuestas, que también es parte del compilado, fue desarrollada por 14 convencionales, agrupando entre ellos al resto de los escaños reservados y Alejandra Flores (Ind), Ivanna Olivares (ex Lista del Pueblo) y Ramona Reyes (PS). En ella se presentaron 44 iniciativas de norma que rescatan principios incluidos en las Iniciativas Constitucionales Indígenas además de los resultados de la propia Consulta.
La votación en particular tendrá lugar en una semana para así alcanzar a entregar al Pleno el informe que tiene como plazo máximo de presentación el 7 de abril.
La comisión definió que se realizaría sólo una votación en general para luego presentar indicaciones, donde se podrá solicitar eliminar articulados que se repitan. La votación en particular tendrá lugar en una semana, para así alcanzar a entregar el informe al Pleno, que tiene como plazo máximo de presentación el 7 de abril. Sólo ahí será posible saber qué tan vinculante resultó ser el proceso de consulta, desde la participación directa de los pueblos y su correspondiente integración al borrador constitucional. Es clave mencionar que dentro de las 96 iniciativas se proponen aspectos que ya fueron aprobados por el Pleno deliberativo 13, como el principio de la plurinacionalidad, visado por 2/3 tras haber sido impulsado por la Comisión Forma de Estado. También el artículo referido a los derechos de la naturaleza, aprobado por la Comisión de Medioambiente y el acceso a sistemas jurídicos de los pueblos, despachado al borrador constitucional luego de ser presentado por la Comisión de Sistemas de Justicia, entre otros.
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Los escaños Bacián, Chinga, Mamani y Tirado realizaron propuestas por su cuenta, para representar el trabajo que han realizado sus pueblos desde el inicio de la Convención. Bacián indicó, por ejemplo, que en «base a la libre determinación del pueblo quechua se definió trabajar en encuentros propios, como el Congreso Quechua de donde salieron muchos principios importantes para mi pueblo».
Eduardo Cretton cambió el tenor de la sesión al indicar: «Me abstendré considerando que los resultados de la consulta no cumplieron con ningún estándar nacional ni internacional, por lo que no puedo validar, a través de mi votación, ninguna propuesta». El convencional UDI fue uno de los representantes que no elaboró iniciativas constitucionales en base a la Consulta Indígena. Quien también se abstuvo fue Angélica Tepper (RN). La convencional de escaño mapuche Rosa Catrileo, no pudo votar porque seguía en reunión de su otra comisión: Sistema Político.
“Aquí generamos diferentes mecanismos de participación y ese trabajo se hizo de manera especial, con poco tiempo y poca plata y hay que asumir esa realidad. Que esto quede muy claro, para que no se hable de que la CC ha puesto trancas para la participación indígena, porque eso no es verdad”. Elisa Loncon
La ex presidenta de la CC, Elisa Loncon, salió al paso a Cretton: “Aquí generamos diferentes mecanismos de participación y ese trabajo se hizo de manera especial, con poco tiempo y poca plata, y hay que asumir esa realidad. Que esto quede muy claro, para que no se hable de que la CC ha puesto trancas para la participación indígena, porque eso no es verdad».
Otro de los temas a los que aludió la convencional mapuche fue un artículo propuesto que busca la «Integración del derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos y naciones indígenas» a un rango constitucional. Los tratados a los que Loncon se refiere toman en consideración al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
«Estamos 30 años atrasados en derechos porque no tenemos legislación que los ampare. Un principal instrumento internacional para nosotros es la declaración de la ONU, ya que si le diéramos rango constitucional ya no tendríamos que votar más, solo con consagrarla tendríamos espacio para sostener las leyes de plurinacionalidad en la etapa legislativa posterior», indicó Loncon en el debate. La aprobación de este artículo sería un aval de que todos los derechos posteriores queden consagrados en la práctica y no sólo en el papel. Para la académica, si una norma así no se aprueba, habrá «una linda constitución plurinacional, pero no una facultad operativa de los derechos indígenas». Δ
