Con la presidenta María Elisa Quinteros en plena campaña para difundir las Iniciativas Populares, una moción instalada por Activismo Cannábico Chile logró superar la barrera de las 15.000 patrocinios en ocho horas y se transforma en récord. «Cannabis a la constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar» será revisada por la comisión de Derechos Fundamentales, que coordinan Damaris Abarca y Matías Orellana y en la que participan la propia Quinteros y el nuevo vicepresidente, Gaspar Domínguez.
La iniciativa fue presentada por la actriz y diputada electa por el D12, Ana María Gazmuri, quien explica: «Era importante presentar esta moción, sobre todo desde la perspectiva en que lo hicimos». Se refiere al «derecho a la soberanía personal» y explica que, desde ese ámbito, el uso de cannabis y de otras sustancias psicoactivas forma parte de la libertad personal. Añade que hoy, en la práctica, hay persecución y criminalización al grupo específico de la población que emplea estas sustancias, «afectando sus derechos esenciales en múltiples dimensiones».
«Era importante presentar esta moción, sobre todo desde la perspectiva en que lo hicimos», afirma Ana María Gazmuri en referencia al «derecho a la soberanía personal» y a la libertad de usa cannabis y de otras sustancias psicoactivas.
Gazmuri es la fundadora de Daya, una organización sin fines de lucro, que existe desde 2014 y que promueve la investigación y las terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano. Es una de las pioneras en la defensa del uso terapéutico de la marihuana para el tratamiento del dolor en enfermedades y -como declara en su sitio- busca la transformación social, «derribando mitos y acercando esta alternativa terapéutica a la población».
Activismo Cannábico Chile es una organización comunitaria, que promueve por medio de la información el uso integral y libre del cannabis. En su presentación a la CC, afirma que el Estado de Chile, «a través de sus agentes, ejerce una vulneración sistemática hacia la dignidad esencial y soberanía personal de las personas que voluntariamente cultivan plantas y consumen sustancias enteógenas con fines legítimos». Se añade que estas personas ven transgredidos sus derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad, a la preservación de la salud y al bienestar, a la igualdad ante la ley, a un debido proceso o a ser sometido a un «proceso racional y justo, derecho a los beneficios de la cultura, a la libertad de creencia y de culto».
Su documento de respaldo revisa una serie de antecedentes, leyes y artículos en torno a esta materia. Se afirma que, en lo que las leyes de drogas refiere, los seres humanos «deben tener derecho a la autodeterminación». Si es así, «pueden decidir sus vidas y adoptar decisiones en libertad y sobre la base de lo que la voluntad designe, todo ello con respeto a los derechos de terceros y a los límites básicos que señale la ley».
Gazmuri destaca el apoyo que ha tenido esta IPN: «Hoy vamos a llegar a las 30 mil firmas, lo que da cuenta de la existencia de esta inmensa comunidad que considera necesario que estos derechos esenciales estén garantizados en nuestra nueva Constitución».
QUIÉN ES ANA MARÍA GAZMURI
Actriz y activista, Gazmuri lleva años promoviendo el uso de terapias alternativas, principalmente el cannabis medicinal, a través de su trabajo en la Fundación Daya, que en sánscrito significa «amor compasivo». Daya ofrece atención médica y declara: «El no poder costear la consulta jamás será motivo para negar una atención». Allí se ofrecen además talleres y capacitación para la creación de preparados medicinales. Gazmuri se ha involucrado además en la defensa de los usuarios del cannabis medicinal, trabajando con la Defensoría Penal Pública. Se presentó a las elecciones parlamentarias de noviembre pasado y fue elegida diputada (7,2% de los votos) por el cupo de Comunes y dentro de la lista Apruebo Dignidad en el D12. Comenzará a ejercer en marzo para el período 2022 – 2026.
El articulado propuesto por Activismo Cannábico Chile señala, entre otras cosas, lo siguiente:
- “Toda persona, consciente de su existencia y pertenencia a un sistema vivo, tiene derecho a la profunda exploración del ser y a expresar libremente su esencia sin discriminación, integrando todos los conocimiento disponibles en las diversas culturas, con el objetivo de actualizar su potencial inherente y alcanzar la realización, progresando en salud y bienestar, habilitándose para dar respuestas virtuosas y coherentes al desafío de la existencia, contribuyendo así al bien común.
- Las personas tienen derecho a cultivar su vínculo con la naturaleza y poder beneficiarse de sus frutos, en el marco de una relación equilibrada y respetuosa. Por tanto, el Estado no podrá restringir las vías para el desarrollo personal, garantizando el acceso funcional a herramientas enteógenas disponibles para nuestra evolución”.
- “El Estado reconoce como límite de sus facultades, atribuciones y poderes, la soberanía personal, la autonomía sobre los propios cuerpos y la dignidad humana, respetando el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral, incluyendo los usos de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético». Δ
