El salto definitivo. Es lo que ha preparado la Comisión de Normas Transitorias desde la semana pasada para su informe de reemplazo, el que presenta este martes 14 con la presión de aprobar las propuestas que permitan pasar de la institucionalidad actual a una nueva, siempre y cuando el Apruebo gane el 4 de septiembre. El historial indica que la mayoría de los artículos que se sometieron al Pleno en la primera pasada no consiguieron los 2/3.
El desafío para la Comisión que coordinan Elisa Giustinianovich y Eduardo Castillo se puede resumir en tres ejes: certeza, seguridad y urgencia. La convencional Constanza Schonhaut (FA) explica que aquellas normas que “dan certezas”, por ejemplo, son el artículo dos -que pretende evitar vacíos entre una institucionalidad y otra- y el que regula el calendario electoral y que “respeta los cuatro años de la última elección para los diputados y diputadas y los cuatro años para que termine la mitad del Senado”. La propuesta que se presentará permite que aquellos senadores y senadoras que no puedan cumplir sus ochos años de mandato por el cambio institucional, estén habilitados para postular como candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas o a la Cámara de las Regiones que se instalará el año 2026.
Un segundo eje corresponde a aquellas normas que le darían seguridad y protección a la institucionalidad actual. Es el caso de la que «asegura la continuidad de los funcionarios públicos de órganos que van a tener algunas modificaciones o que van a ser remplazados por un órgano nuevo”, explica la abogada frenteamplista y pone como ejemplo el articulado que se refiere al sistema de justicia y la edad de jubilación de los jueces y juezas que propone: “El cese de funciones a los 70 años de edad, no será aplicable a los jueces y las juezas que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial regulado en el Código Orgánico de Tribunales, quienes cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad”.
Dos años es el plazo máximo que se establece para la presentación de proyectos de ley referidos a educación, vivienda, pensiones, instalación de la Agencia Nacional de Aguas y la Comisión Territorial Indígena.
El último eje es el que contiene las normas que tienen sentido de urgencia. Este paquete establece plazos para la presentación de proyectos de ley – en un plazo no mayor a dos años- referidos a educación, vivienda, pensiones, instalación de la Agencia Nacional de Aguas y la Comisión Territorial Indígena.
Acá también vuelve a aparecer un asunto clave de esta etapa final de la Convención: los quórum. Ya desestimados los 2/3 (103 votos) para aprobar reformas constitucionales, el informe de reemplazo propone una alternativa que someta a un quórum de 4/7 (88 votos) las reformas constitucionales hasta el 11 de marzo del 2026. Sin embargo, para aquellos proyectos que alteren sustancialmente las materias constitucionales, por ejemplo, el sistema político, o los capítulos de naturaleza y medio ambiente y las normas transitorias, además deberán someterse a un referéndum ratificatorio. En caso de que el proyecto que altere materias sustanciales logre 2/3 en la Cámara de Diputados y Diputadas y Cámara de las Regiones, no será necesario el referéndum.
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En el Pleno anterior el informe de Transitorias solamente logró aprobar 20 de los 58 artículos que se propusieron. En esa ocasión el avance de los artículos se sostenía en la aprobación del artículo 2, que terminó por rechazarse y botó al resto. Este texto proponía que las normas de la Constitución actual que sean necesarias para la actividad estatal, mantengan su vigencia hasta que otra norma la derogue, la sustituya o que no sea declarada contraria a la nueva Constitución por la Corte Constitucional. No avanzó, entre otras razones, porque algunos sectores de la izquierda independiente consideran que entrega mucho margen de acción a la institucionalidad actual sobre el proceso de transición.
¿Qué importancia tiene el artículo 2? Es un «plan paulatino y progresivo de implementación y puede ofrecer estabilidad del sistema político y jurídico”, dice César Valenzuela.
Ahora, se preparó un acuerdo que incluye un plazo límite a esos cambios. La norma propuesta indica que “a partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad al principio de supremacía constitucional”, con un margen de cuatro años para su adaptación. Es decir, que la normativa actual tendrá vida mientras no se derogue, suprima o modifique, pero en un tiempo acotado.
“Sin duda una de las normas transitorias más relevantes es el famoso artículo dos”, dice Cesar Valenzuela. El ex dirigente estudiantil la destaca porque es la norma que va a permitir un “plan paulatino y progresivo de implementación y al mismo tiempo puede ofrecer estabilidad del sistema político y jurídico. Esa es la clave del sistema transitorio”.
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En el primer paso por el Pleno, el acuerdo entre las izquierdas fue frágil pues todos los colectivos parecieron jugar sus cartas para la última oportunidad de ingresar normas transitorias al borrador. Exactamente a tres semanas del fin de la CC, este martes viene una nueva prueba de la consistencia del acuerdo que los partidos, bloques y movimientos de izquierda han negociado estas semanas.
La situación es muy distinta con la derecha, que nuevamente no fue parte de las conversaciones. Los convencionales del sector participaron de las sesiones oficiales, pero desde que enviaron un oficio a la mesa por una supuesta votación ilegítima del primer informe de Normas Transitorias y que los partidos políticos se declararon abiertamente por el Rechazo el fin de semana pasado, las conversaciones transversales entre izquierda y derecha terminaron.
“Desafortunadamente en la derecha se impuso la ultraderecha”. Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista.
Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista, comenta: “Desafortunadamente en la derecha se impuso la ultraderecha”. Lo lamenta, dice, porque reconoce haber visto a “un sector de la derecha que tuvo una apertura, un esfuerzo e intento por tener encuentro con normas transversales”; pero ahora cree que el sector conservador se resta de la discusión porque intentan “desacreditar un proceso constituyente y lo hacen a propósito de que el Apruebo está incrementando”.
Uno de esos convencionales que ha tenido una actitud más dialogante es Raúl Celis (RN), ex vicepresidente adjunto de la mesa. Celis dijo a VT sobre las declaraciones de Barraza: «En general la derecha no ha formado parte de los acuerdos políticos en la Convención no porque no quiera, es porque no la han dejado». Según él “los grupos independientes de izquierda han puesto como condición excluir a la derecha de los acuerdos políticos”. Se refiere a los sectores que no son partidos políticos y que vetarían a la izquierda partidista de negociar con la derecha.
«Habría que recordarle a Marcos Barraza que el PC no estuvo en la firma del Acuerdo por la Paz, a diferencia de la derecha». Raúl Celis (RN)
Celis niega que estén tratando de desacreditar el proceso constituyente: “Es totalmente falso, habría que recordarle a Marcos Barraza que el PC no estuvo en la firma del 15 de noviembre del 2019 para el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, a diferencia de la derecha”. Y también marca distancia con los otros grupos de su sector: “De ningún modo me parece que sea efectivo que un sector de ultraderecha se haya impuesto sobre la centroderecha porque han habido conductas distintas para enfrentar la CC. Algunas veces coincidimos, pero otras no, como se vio en el último Pleno de Normas Transitorias en que RN si votó cuando otro sector de la derecha se abstuvo”. Δ
