La Comisión Forma de Estado terminó de votar ayer miércoles 9 de febrero las 727 indicaciones que se le habían hecho a una norma constitucional aprobada en general y que establece a Chile como un Estado Regional. Generó así una de las dos normas que tendrán los convencionales el martes 15, cuando sesione el primero de los 21 Plenos destinados a votaciones dirimentes. Estas sesiones plenarias, que se desarrollarán por las tardes, tienen la misión de generar los artículos que sí llegarán al futuro texto constitucional chileno.
La iniciativa llegó a Forma de Estado con 73 artículos y, tras las modificaciones, quedó con 36. Obtuvo el 83% de aprobación en la comisión, lo que supera con creces el mínimo para la aprobación, que es 50 + 1 o mayoría simple. Ahora, los 25 convencionales que componen este grupo de trabajo despachan el informe. Ese informe y el que propone la migración desde el actual concepto de Poder Judicial al de Sistemas de Justicia serán los que se aborden en los plenos de la próxima semana. En esas sesiones, el quórum de aprobación aumenta a 2/3 de los componentes; es decir, para que una norma llegue a la Constitución, debe concitar el apoyo de al menos 103 convencionales.
Sobre el concepto general de la norma: «Ha sido una moción bien transversal, por lo que tenemos altas expectativas de que en el Pleno se consigan los 2/3 para que sea el primer artículo que se ponga en el texto constitucional».
César Uribe (D19) pertenece al colectivo Pueblo Constituyente y es parte de la comisión de Forma de Estado, cuyo nombre completo es Comisión de Forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal.
En estos días de extensas jornadas de votación, de deliberación y de reuniones de colectivos, aborda con Votamos Tod@s la norma recién aprobada y el trabajo de su comisión. También el llamado hecho el lunes 7 por la Mesa Directiva en torno a buscar y posibilitar grandes acuerdos, una eventual modificación del cronograma y una polémica iniciativa presentada -y ya rechazada por unanimidad en comisión- por la abogada María Rivera, su ex compañera de colectivo en La Lista del Pueblo y convencional por el D8. El documento proponía disolver los poderes del Estado y entregarle las decisiones políticas a una asamblea del pueblo, siguiendo como modelo el soviético.
-¿Cuál es la norma de regionalización que llega al pleno y a qué apunta?
«Primero comentar que estamos muy contentos de que en la Comisión se haya aprobado una nueva forma de Estado para Chile. Se deja atrás el Estado Unitario centralista, que ha sido parte de la historia general del país, y se cambia por un Estado Regional que busca que, por región, se genere mayor autonomía en la toma de decisiones. Eso es un cambio estructural profundo; desde mi perspectiva, es el cambio más estructural en términos de sistema, forma de gobierno y administración a nivel nacional y puede concretarse a través del proceso constitucional. Ha sido una moción bien transversal, por lo que tenemos altas expectativas de que en el Pleno se consigan los 2/3 para que sea el primer artículo que se ponga en el texto constitucional. También hay que entender la relevancia y la profundidad que esto significa: una nueva forma jurídica del país a través de los Estados Regionales».
Sobre el alcance de la autonomía regional: «Nosotros hablamos de autonomía, pero evidentemente desde una coordinación y desde una unidad nacional. Las autonomías tienen límites dentro de la región».
-En cuanto al articulado, ¿la discusión logrará llegar a los 2/3 sin volver a la comisión para mejoras?
«Hay artículos que van en la misma línea y que tienen que ver con el funcionamiento de la región: cuáles son las competencias que tendrían, cómo estaría conformado o cuál sería su organigrama. Esperamos que se puedan aprobar. No obstante, quizá son discusiones a las que hay que darles un poquito más de profundidad, entendiendo a otras comisiones. Por ejemplo, con la Comisión de Sistema Político se tiene que ver cómo se van a compatibilizar estos estados regionales con el funcionamiento de la Cámara del Congreso o con el sistema presidencial o semi presidencial. En ese sentido, nuestras comisiones dialogan mucho y creo que hay algunos artículos que eventualmente podrían no conseguir los 2/3. Pero creo que puede ser positivo, para poder ajustar el articulado en el entendido que son propuestas complementarias con las discusiones de otras comisiones».
Sobre el alcance de la norma: «Está explícitamente escrito que, si una legislación regional contradice la ley estatal, no sería válida».
-Ha crecido una polémica acerca de la norma, por la autonomía legislativa que se les entrega a las regiones. ¿Qué se les dice a esas voces?
«Nosotros hablamos de autonomía, pero evidentemente desde una coordinación y desde una unidad nacional. Las autonomías tienen límites dentro de la región. Respecto a lo legislativo, es evidente que ninguna ley regional puede ser contradictoria con una ley nacional ni con la Constitución, que es de todo el país. Eso es lo que hace la diferencia entre un Estado Regional y un Estado Federal, que no es lo que nosotros aprobamos. Los Estados Federales tienen sus propias leyes distintas región por región, que tienen su propia Constitución. En el caso nuestro, no es así. Vamos a mantener una Constitución, que es la que estamos construyendo ahora y una serie de legislaciones nacionales que van a ser base para las regionales. Está explícitamente escrito que, si una legislación regional contradice la ley estatal, no sería válida. La norma establece ese tipo de restricciones dentro de la propuesta que nosotros hemos presentado».
🤚👉 “No estamos transitando de ninguna forma al federalismo, estamos transitando con este Estado Regional”, esta es parte de la aclaración que hace el convencional @cgomezcas ante las críticas que señalan que la CC está aprobando un sistema de administración federal 👇. pic.twitter.com/a98jY5kpQz
— VotamosTod@sChile (@Votamos__Todos) February 9, 2022
–En general estas polémicas se levantan desde la misma Comisión y más específicamente desde convencionales de la derecha.
«Yo no sé si hay desconocimiento de parte de esos sectores o derechamente hay una campaña para tergiversar lo que hemos ido aprobando. También hemos escuchado dentro de la Comisión que prácticamente va a existir la posibilidad de separarse del país o impedir el libre tránsito. Esas son cuestiones que no van a suceder y están estrictamente escritas en las propuestas que hemos hecho».
-¿Nota una campaña de desinformación?
«Podría ser eso o un desconocimiento sobre lo que se ha ido aprobando, votando y discutiendo. Hablo al menos de los convencionales de derecha que están en nuestra comisión. No podría asegurar si es lo uno o lo otro».
Sobre la diversidad de miradas en la CC: «No hay que desconocer las diferencias válidas. También para la discusión, porque muchas veces entregan profundidad a los artículos que se aprueban».
-A principios de esta semana la Mesa Directiva convocó a todos los sectores a una reunión que pretendía hacer un llamado a los convencionales a hacer grandes acuerdos y a mirar al pleno con «una vocación de 2/3». ¿Cómo se toman este llamado desde Pueblo Constituyente? ¿Cuáles van a ser los puntos más difíciles de negociar y cuáles no van a negociar?
«Hay que valorar los acuerdos transversales tanto como las diferencias. Me parece que es erróneo tratar de desconocer esas diferencias o a las minorías que existen en la CC. Evidentemente, trabajamos por construir acuerdos transversales, esa ha sido siempre la disposición. Pero no hay que desconocer las diferencias válidas. También para la discusión, porque muchas veces entregan profundidad a los artículos que se aprueban.
La posición de la Mesa tiene que ver con una cuestión de tiempo. Hoy existe más claridad respecto a la cantidad de información que nosotros vamos a trabajar: estamos hablando de 1.300 iniciativas. En nuestra Comisión, a modo de ejemplo, votamos durante tres días de manera intensa, con jornadas de 10 horas en alguna oportunidad, las 700 indicaciones que se les hicieron a las iniciativas aprobadas. Entonces los plazos son complejos de respetar. No desde la voluntad, sino que desde la cantidad de trabajo que estamos teniendo. Se está tratando de llegar a acuerdos mayoritarios, pero eso puede generar un riesgo: que las minorías no queden reflejadas en el avance de las iniciativas. Creo que hay que buscar un punto en equilibrio. Hay que hacer un análisis bien concreto y responsable sobre un reajuste de un cronograma con relación a la cantidad de información que hay».
Sobre el apremio de tiempos: «Se está tratando de llegar a acuerdos mayoritarios, pero eso puede generar un riesgo: que las minorías no queden reflejadas en el avance de las iniciativas».
-¿Se refiere a que ese reajuste pueda significar extender el plazo?
«En primera instancia le pediría a la Comisión de Participación Popular. Son los que tienen la potestad de hacer una evaluación del cronograma. El (cronograma) que ellos nos presentaron, no tenía la información que tenemos hoy. Con eso ver si efectivamente -con este volumen de información-, todavía se puede cumplir el cronograma o hay que hacer ajustes o si hay que solicitar una extensión del plazo. Personalmente no descartaría pedir extensión, pero sé que es un tema bien sensible».
-Se prevé que, en esta etapa de grandes negociaciones, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista serán claves para llegar a los acuerdos. ¿Cree que será así, teniendo en cuenta que en la elección de la presidencia no participó ninguno de esos colectivos?
«Los 2/3 hacen que nos pongamos de acuerdo entre la mayoría de los colectivos. Dentro del mapa de la CC, uno podría identificar cuáles son los colectivos que están más al filo de aunar los 103 votos necesarios para algunas temáticas, pero yo creo que cada una de estas tiene una vida distinta. En ese sentido, el FA y el CS van a estar en esa disyuntiva en muchas normas, pero no en la totalidad. Hay otras iniciativas en las que el Partido Comunista o los independientes van a estar en esa posición intermedia de aprobar o no y de tener esos votos para conseguir o no las mayorías. Creo que lo principal es generar espacios de deliberación, de discusión, de consideración de las distintas miradas, para no llegar a una situación límite. En los Plenos tienen que estar integradas esas miradas, para que lleguemos con normas que entreguen una relativa tranquilidad de los colectivos».
-La convencional María Rivera ingresó una iniciativa en la que pretende disolver los poderes del Estado y crear en su reemplazo una «Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos». ¿Cómo ve iniciativas como ésa?
«La verdad es que no he tenido la posibilidad de revisarla en profundidad. Solamente vi titulares en las noticias que había referencia a esta idea de disolver los poderes del Estado. Si hablo desde ahí, me parece que no tiene ninguna posibilidad. Creo que hay que tratar de entender el fondo y rescatar algunos elementos que pueden ser interesantes, pero desde la idea general, no estaría de acuerdo». Δ
