Este mes se pondrá en marcha una de las actividades que busca comenzar a subsanar un tema postergado en la discusión ciudadana: El pasado miércoles 26 de enero la Convención Constitucional junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería y la Red de Cabildos Penitenciarios firmaron el convenio de colaboración que habilitó un nuevo mecanismo de participación popular: Los Cabildos Penitenciarios. El proceso está programado para febrero y la ejecución estará en manos de la red, organización civil que desde hace años viene trabajando en la metodología adecuada.
«Con este convenio la gendarmería está mandatada a abrir las puertas, cosa que no había hecho desde el 2019”. Karen Hocker, miembro de la Red de Cabildos Penitenciarios.
Esta iniciativa no es una novedad. Después del estallido social, la Red de Cabildos Penitenciarios comenzó los primeros trabajos para incluir a la población carcelaria en la reflexión política. El objetivo de estos cabildos es que las personas encarceladas puedan levantar información sobre las condiciones en las que viven y participar de la discusión sobre el país que imaginan. Si bien la organización logró crear metodologías, la aplicación de estos cabildos nunca había sido posible hasta ahora. Una de las integrantes de la Red de Cabildos Penitenciarios, Karen Hocker, explica: “Con este convenio Gendarmería está mandatada a abrir las puertas, cosa que no había hecho desde 2019”.
Efectivamente la situación cambió con un mandato. El director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, dijo el día que se firmó el acuerdo con la CC: “Hemos hecho un esfuerzo mancomunado, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para aportar con el orden público y dar oportunidades a quienes están privados de libertad”. Alveal destacó el convenio “porque refuerza la labor que tenemos de entregar más participación a quienes están bajo nuestro resguardo, y nos impulsa a seguir trabajando junto a toda la sociedad”.
La Red de Cabildos Penitenciarios -que incluye a 22 fundaciones, ONG’s y colectivos- vienen trabajando en paralelo junto a un grupo de convencionales que tienen la preocupación especial de incluir a la población penitenciaria en el debate constitucional. Giovanna Roa (FA) fue una de ellas: “Esta preocupación no solo nace por la participación de las personas privadas de libertad en la CC, también por dejar establecido en la nueva Constitución que se garanticen sus Derechos Humanos en términos de condiciones carcelarias y su derecho a voto”.
«Esta preocupación (…) también nace por dejar establecido en la nueva Constitución que se garanticen sus Derechos Humanos en términos de condiciones carcelarias y su derecho a voto”. Giovanna Roa (D10)
El trabajo para los cabildos penitenciarios comenzó en la primera etapa de la CC, en pleno periodo de audiencias públicas (agosto de 2021). Fue ahí cuando Hocker, Grace Méndez y Viviana Soto, quienes forman parte de la Red de Cabildos Penitenciarios, entablaron una relación con los convencionales interesados y proyectaron el mecanismo de participación popular que comienza este mes.
La metodología presentada tuvo que adaptarse a los parámetros que el reglamento de la CC establece: representatividad, transparencia, paridad y descentralización. “La relación de trabajo con los convencionales no ha sido compleja, ha sido ardua, porque tienen muchas tareas. Ha existido un afán de participación y de que los procesos se vayan dando. En esa carrera contra el tiempo nos estamos colaborando entre la Red de Cabildos Penitenciaros con la Convención”, explica Soto.
Grace Méndez es directora de Pensamiento Penal Chile, una organización en que partipan personas que trabajan en la justicia penal y en la administración penitenciaria en todos los niveles. Desde su experiencia explica que la motivación de este mecanismo de participación proviene del voluntariado y del deseo de que “estas personas, históricamente excluidas, no queden fuera de un proceso que es histórico y en definitiva son las bases del nuevo Chile que queremos y no queremos que nadie quede fuera”.
Cómo funcionan estos cabildos y en qué fechas
Quienes estarán a cargo de la ejecución de los cabildos son los equipos territoriales de la Red de Cabildos Penitenciarios y en algunos casos contarán con el apoyo de los convencionales, pero eso aún no está definido. Según el último informe del INE del 2020, en Chile existen 47.000 personas privadas de libertad. De todos modos, no se sabe bien la cantidad de población penitenciaria que participará de los cabildos porque uno de los principios de la actividad es la voluntariedad. Las otras normas que rigen este mecanismo son la representatividad, el anonimato y la libertad de expresión y no coacción.
El Ministerio de Justicia y Gendarmería estarán a cargo de la seguridad, del cumplimiento de protocolos sanitarios y de abrir las puertas de 38 centros penitenciarios a lo largo del país para que los cabildos se desarrollen. Estos recintos fueron seleccionados por la CC y la Red de Cabildos según criterios de representatividad de población penal, paridad de género y descentralización, es decir que el proceso debe contar con la participación de la población penitenciaria en todas las regiones.
“(Los cabildos) no tienen temáticas definidas, sino que se van a ser planteadas por la población penitenciaria”. Viviana Soto, integrante de la Red de Cabildos Penitenciarios.
Durante este mes comienza la etapa de implementación y realización de los encuentros, que termina a finales de marzo. Los cabildos que se llevarán a cabo “no tienen temáticas definidas, sino que se van a ser planteadas por la población penitenciaria”, explica Soto. Básicamente, ellos y ellas definirán cuáles son los problemas que sienten que son necesarios dejar en la nueva Constitución. «Esos temas se van a ir agrupando, ordenando y sistematizando en categorías más amplias como problemas de educación, salud, seguridad, etcétera”, agrega la integrante de la Red de Cabildos. En abril, los resultados de las actividades se sistematizarán en informes temáticos que serán enviados a las comisiones pertinentes para servir de insumo para la discusión constitucional. El proceso termina entregados los informes y se le enviará una copia a cada recinto penitenciario que forma parte.
Si bien la Red de Cabildos penitenciarios tenían planeado abarcar más recintos, se presentaron dos obstáculos: Tiempo y plata. “No hay ningún recurso económico de por medio entonces los viajes lo costeamos a través de las organizaciones o de nuestros propios bolsillos. Ahí surge la pregunta, ¿Hasta cuánto podemos alcanzar con los recursos autogestionados?”, dice Hocker. El convenio así lo establece: “No irrogará gastos de naturaleza alguna de las partes (…) en caso de que se haga necesaria la destinación de recursos, ello quedará sujeto a las disponibilidades presupuestarias de las respectivas instituciones».
«No hay ningún recurso económico de por medio, entonces los viajes lo costeamos a través de las organizaciones o a través de nuestros propios bolsillos». Karen Hocker.
Sin embargo, la falta de recursos pasa a ser un tema de segundo plano para la Red de Cabildos Penitenciarios. Esta es una oportunidad que venían buscando hace años y que, gracias a la negociación de la CC, se hace posible. Karen Hocker cuenta que este proceso de participación ciudadana está en busca de “crear un sistema mucho más justo, reparado y cohesionado donde todes podamos ser parte”. Méndez agrega que desde su experiencia “las cárceles no son sino lugares únicamente de castigo donde se vulneran Derechos Humanos”. Es por eso que desde la red aseguran estar confiados de que “la gran tarea que vamos a realizar va a ser un hito dentro de lo que son las organizaciones civiles con los centros penitenciarios, sin duda”. Δ
