Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera, desde Antofagasta
La Comisión de Normas Transitorias puso en marcha hoy su trabajo, en la Biblioteca Regional de Antofagasta. La llegada fue puntual, pero los problemas técnicos retrasaron la sesión algunos minutos. La acústica del espacio, la conexión a internet y la falta de sillas para los convencionales y los asesores retrasó el arranque. Convencionales como Katerine Montealegre (UDI) y Manuel José Ossandón (RN) se acomodaron en los escritorios de la biblioteca. El resto se instaló en las mesas destinadas a la sesión. Todo el espacio central del edificio fue reorganizado para recibir a los convencionales.
«Estamos hablando de las políticas públicas responsables, con respeto a las autoridades, a los funcionarios y respeto a las leyes. Pero, ¿cuándo la gente va a sentir que esta Constitución efectivamente produce cosas distintas? Tenemos que pensar también en las señales que les damos a las personas». Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente)
Bastó con empezar para saber dónde están los primeros desafíos. Hay que recordar que esta comisión tiene que elaborar las normas que propicien el tránsito de la institucionalidad: desde la Constitución actual de 1980 a lo que propone este proyecto de nueva Constitución, en caso de que se apruebe el 4 de septiembre, puesto que no es «apagar» un texto para «encender» el otro. El traslado institucional es un proceso y se debe pensar en él en términos de años.
Es una tarea difícil, considerando las presiones que se ponen en juego. Algunos apuestan por un cambio de sistema más drástico y otros apuntan a la gradualidad. Sumando y restando, va quedando claro que hay espacio para cambios lentos y para cambios rápidos. El punto es cuáles cambios llegarán primero y cuáles después.
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Se esperaba que el Frente Amplio, el Colectivo Socialista y los Independientes No Neutrales apostaran por cambios más escalonados, atendiendo el informe que envió el lunes 16 de mayo el ministro de la Secretaría general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, a la Mesa Directiva. El oficio, un texto de 54 páginas, trata de las iniciativas relativas a las normas transitorias y pone énfasis en la gradualidad de los cambios institucionales. A cambio, las expectativas apuntaban a que los colectivos de izquierda -Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales, Chile Digno y la Coordinadora Plurinacional- apostarán por la rapidez.
«Cuando las instituciones entran en funcionamiento y especialmente el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones» es para Tomás Laibe (CS) el gran eje que resolver.
Las cosas no se dieron tan así, sin embargo. La ex coordinadora de Principios Constitucionales, Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente), planteó una línea de trabajo que de alguna manera anticipa cómo se darán las discusiones: «Podemos avanzar de manera respetuosa, gradual, pero tenemos que avanzar. Estamos hablando de las políticas públicas responsables, con respeto a las autoridades, a los funcionarios y respeto a las leyes. Pero, ¿cuándo la gente va a sentir que esta Constitución efectivamente produce cosas distintas? Tenemos que pensar también en las señales que les damos a las personas».
El vicepresidente adjunto Tomás Laibe explica que, desde el Colectivo Socialista, comparten la preocupación del Gobierno respecto a una implementación gradual del proyecto de nueva Constitución. Sobre todo en cuanto a la orgánica del sistema: «Es lo más complejo», afirma. Y puntualiza en el gran detalle: «Cuándo las instituciones entran en funcionamiento y especialmente el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones». Pero también coincide con Vallejos: «En materia de derechos sociales hay posibilidades de establecer un cronograma más acelerado de implementación. Hay temas claves que cargan con una expectativa ciudadana».
Vallejos transparentó que desde Pueblo Constituyente defenderán que los tránsitos más rápidos sean las medidas medioambientales y los derechos sociales, cuestión en que desde el CS coinciden parcialmente dado que -afirman- «hay que evaluar el sistema completo».
A partir de estas dos vertientes, de las normas que tendrían un flujo de transición rápido y otro lento, salieron a la superficie dos temas a la primera línea: el poder legislativo, que demoraría más, y los cambios en el agua, que tendría una aplicación más inmediata.
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Para la transición de Sistema Político, la famosa «sala de máquinas», el Ejecutivo sugiere la creación de un nuevo equipo: la Comisión de Implementación. El jueves 19, el ministro Jackson viajará a Antofagasta para explicar la propuesta. De ser aplicada, sería una instancia paritaria e incluiría a expertos y pueblos originarios con el objetivo de identificar las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas.
Una de las ideas es crear esta Comisión de Implementación después de terminado el proceso constituyente. Eso tendría como objetivo elaborar una hoja de ruta para la ejecución de la nueva Constitución. Los integrantes de esta nueva comisión serían nombrados por el Ejecutivo en base a la paridad y con la presencia de escaños reservados.
«Renovar a todos los senadores sería la guinda de la torta. No podemos renovar todo el equipo político y las autoridades elegidas. Eso sinceramente no creo que sea positivo. En democracia no hay nada más relevante que el mandato ciudadano». Cristián Monckeberg (RN)
Sobre la puesta en marcha de la nueva Cámara de las Regiones, el órgano que reemplazará al Senado, el gobierno recomienda que la primera elección sea en 2025, «año en que tendrán lugar las siguientes elecciones presidenciales y parlamentarias». Ese año finaliza el período de 23 de los actuales miembros de ese organismo legislativo. Desde la CC se miran dos opciones. Una es elegir a todos los miembros en 2025. La otra es elegir a los representantes regionales en los cupos de los senadores que terminan su período en 2025 y que los senadores que fueron elegidos en 2021 permanezcan dentro de la Cámara de las Regiones hasta que su periodo concluya.
Para el ex vicepresidente Jaime Bassa (FA), quien sesionó desde la Biblioteca Regional de Antofagasta, esta última opción es la más razonable: «Dado que las tres instituciones del Estado deberían estar plenamente instaladas al 2026, una de las alternativas es que en la próxima reelección efectivamente se elija a la mitad de los representantes regionales». La opción del PC Marcos Barraza es que todos los representantes sean elegidos por completo por medio de elecciones populares, acortando el plazo del cargo de los actuales senadores.
La visión de Barraza es minoritaria. Tanto el Frente Amplio como una parte de la derecha consignan que es necesario aplazar los cambios, dejar que las autoridades terminen sus mandatos actuales. Cristián Monckeberg (RN) sostiene: «Renovar a todos los senadores sería la guinda de la torta. No podemos renovar todo el equipo político y las autoridades elegidas. Eso sinceramente no creo que sea positivo. En democracia no hay nada más relevante que el mandato ciudadano».
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«Dejar las cosas como están no es una opción. Sobre todo en esta crisis hídrica». Camila Zárate (Pueblo Constituyente)
Los cambios graduales son para Camila Zárate (Pueblo Constituyente), ex coordinadora de Medio Ambiente, una sugerencia que hay que atender. Pero no en materias de agua: «Consideramos que dejar las cosas como están no es una opción. Sobre todo en esta crisis hídrica». Tomás Laibe coincide con ella: el cambio sobre las aguas es clave «para que se genere un mayor bienestar y acotar la especulación de los derechos de agua».
El socialista explica que se visualizan dos opciones para implementar rápidamente las normas referidas al agua. La primera consiste en acelerar la instalación de la Agencia Nacional del Agua (ANA). La otra es ir modificando el Código de Aguas recientemente aprobado: «Creemos que es una buena salida por ahora. Pero también estamos discutiendo si además hay que generar un incentivo. Por ejemplo, estimular cambios que se adecuen a lo que establece este proyecto constitucional hasta que se instale la ANA».
A Zárate, que forma parte de los eco constituyentes, no le parece una buena idea: «No está acorde a los requerimientos que hemos establecido en la Convención», afirma. Tampoco cree en la opción de esperar a que la ley se promulgue para tomar acciones: «No tenemos ese tiempo para reparar los daños hechos a los territorios».
La discusión está todavía en la etapa preeliminar. Pero Zárate ya estableció el que, para ella, es el piso mínimo: consiste en que no sigan existiendo propietarios del agua. Agrega que es necesario «revisar cómo regular y establecer plazos que sean razonables para el cambio, pero que no prolonguen este negocio». Δ
