Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera
El proceso constitucional chileno es histórico. Por su aprobación de 78% en el plebiscito de octubre de 2020, por la paridad de género -hito a nivel mundial-, por los escaños reservados y también por la alta presencia de convencionales que no pertenecen a partidos políticos.
Estas características dieron buen pie al inicio de la Convención Constitucional pero, en medio de la profunda crisis institucional del país, su permanente desafío es -y será- mantener su legitimidad. Desde que las demandas del estallido social se institucionalizaron en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, el proceso constituyente ha fluctuado entre ganar y perder la confianza de distintos sectores. Por eso, cada paso que da o deja de dar, cada acierto o caída, influye en la confianza con la CC. El último golpe a ese delicado equilibrio vino tras la confesión de Rodrigo Rojas Vade.
Seis miradas para un tema fundamental
Camila Vergara, PhD en Ciencias Políticas de Columbia University y participante de la Red de Politólogas recuerda que el 80% del total de convencionales fueran elegidos con menos de un 10% de preferencias y algunos incluso con menos del 1%.
Esto se explica en el contexto que la elección de constituyentes se realizó con el mismo sistema que la de diputados. La cientista política cuestiona: “No se considera que la mitad de la Convención son cupos de partidos políticos, que siete mujeres perdieron sus puestos por ajuste de paridad y que los independientes tuvieron la cancha desigual para hacer campañas y financiarse en plena pandemia”. Durante el estallido social, continúa Vergara, la CC nació como una forma de institucionalizar la revuelta, pero también, en cuanto la protesta se convirtió en política, muchos dejaron de interesarse. “Hay gente ahí (en la CC) que entró por partido político, por maquinaria, pero la gente está organizada en las calles y es ahí donde nace la legitimidad de un proceso que no parte desde arriba, sino que desde las bases”, dice.
“(La situación de Rojas Vade) Vino a enturbiar las aguas, pero de forma positiva, ya que los convencionales se verán forzados a aprobar reglamentos participativos vinculantes reales y no solo tener a personas deliberando”. Camila Vergara, doctora en Ciencias Políticas
Según Vergara, la curva de confianza en el proceso subió el 15 y 16 de mayo con la elección de los 155, donde el sector más conservador no obtuvo el derecho a veto y los independientes alcanzaron una cantidad de cupos no previstos por ninguna encuesta. Luego de la inauguración de la CC, la figura de Elisa Loncon, presidenta mujer e indígena, alzó aún más el indicador de confianza.
Tras dos meses de funcionamiento, la CC ha recibido críticas de parte de la opinión pública por el aumento de las asignaciones y tuvo que hacerse cargo de escándalos de ética y probidad tras el caso Rojas Vade. Vergara comenta que esta situación “vino a enturbiar las aguas, pero de forma positiva, ya que los convencionales se verán forzados a aprobar reglamentos participativos vinculantes reales y no solo tener a personas deliberando, quienes pueden fallar”.
Pamela Figueroa, doctora en estudios americanos y coordinadora académica del Observatorio Nueva Constitución, explica: “Se espera que la Convención tenga estándares más altos respecto de los que se estaban viendo en la política. Hay mucha expectativa en cuanto a la transparencia, a generar mecanismos de participación para que la ciudadanía no sea solo consultada, sino que también pueda incidir en la toma de decisiones”.
Figueroa agrega que “la sistematización (de los datos) finalmente es lo que permite trazar el diálogo ciudadano con el texto final de la Constitución”. En cuanto a los plebiscitos dirimentes, que surgieron como una salida a la participación vinculante, la politóloga considera que “no cumplen con el objetivo que es la legitimidad del diálogo de la deliberación. Son polarizantes y no van a tener la profundidad que se requiere”.
Jacqueline Pizarro es abogada y participa en la organización Autoconvocades por una nueva Constitución del Limarí. Ella coincide con que hace falta mejorar los mecanismos de participación, aunque confía en que la Convención se va a hacer cargo de este tema. “Potente y concreta fue la salida de la Comisión de Descentralización a los territorios. Nosotros apoyamos que sea permanente, itinerante, un espacio de diálogo y una oportunidad para que las personas desde los territorios podamos presentar nuestras propuestas”. Advierte que para la legitimidad del proceso es importante que encuentren alternativas de participación reales y que no se queden en la formalidad. Las polémicas afectaron a la credibilidad de algunos constituyentes, pero Pizarro cree que “la Convención debe ser capaz de desmarcarse de las personas que la componen”.
«Se espera que la Convención tenga estándares más altos respecto de los que se estaban viendo en la política”. Pamela Figueroa, coordinadora del Observatorio Nueva Constitución.
Geraldine Fernández fue parte de la organización del Cabildo de Macul. Se juntaban en el metro Macul, que fue una de las estaciones que se quemó en el estallido social. Con un grupo de jóvenes, entre 20 y 35 años, buscaron alternativas de participación ciudadana con la Municipalidad y no tuvieron respuesta. Eso los llevó a generar un cabildo informal a través de un puerta a puerta que congregó entre 50 a 70 personas desde los 5 hasta los 65 años. En esas reuniones, Fernández escuchó sobre salud digna, medio ambiente o pensiones, y cree que el proceso constitucional sí recogerá estos temas ciudadanos: “Si no tenemos confianza en lo que se está haciendo, no valdría la pena”.
Las polémicas representaron un dolor, pero Fernández cree que los convencionales tienen que enfocarse en el mandato que se les confió, “sacar adelante lo que las personas y los cabildos pidieron”. Volver a escuchar a sus comunas es importante, que “no se pierdan en el camino igual que en la política actual”. Con la experiencia del cabildo y en un entorno antipartidista se dio cuenta de que “la gente sí quiere ser escuchada y sí quiere participar”.
Marcela Leal es parte del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ñuble y ha sido testigo de los altos y bajos en cuanto a la confianza en su territorio. Es de San Nicolás, un pueblo a 24 kilómetros de Chillán con una población principalmente rural. Cuando los convencionales viajaron a San Carlos para escuchar a las organizaciones, “estaban todos contentos por lo que se había hecho y los avances de la Convención”, dice. Después de la polémica de la Lista del Pueblo y del convencional Rojas Vade “la gente tomó una actitud diferente”.
“Ahora la gente me dice que los convencionales no hacen nada y que se suben los sueldos”. Marcela Leal, Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ñuble.
Además de las polémicas, Leal considera que la búsqueda de la deslegitimación viene impulsada desde el sector de que votó rechazo en el plebiscito, quienes se expresan en las redes sociales. Agrega que los medios tradicionales tampoco ayudan a la ciudadanía a confiar en el proceso. “Ahora la gente me dice que los convencionales no hacen nada y que se suben los sueldos”, comenta Leal.
Al respecto, la PUCV – que firmó un convenio con la mesa directiva de la CC para realizar un monitoreo sistemático del discurso de odio en el contexto digital- detectó que solo en Twitter unas 8 mil cuentas conforman una “tropa digital” enfocada en atacar “coordinadamente a la Convención y a su presidenta”.
Múltiples cuentas preguntaban si la académica Elisa Loncon -que habla cuatro lenguas y posee dos doctorados- sabía leer y escribir. Desde el 1 de agosto, el estudio demostró que entre los ataques explícitos mediante redes sociales se encuentran los hashtags #ConstituyentesDesnutridos; #CircoConstituyente o #LonconPidePerdon.
A través de nuestras plataformas de análisis, provistas por Analitic SA (@Analitic), rescatamos esta Nube de Palabras que reúne los principales términos que fueron utilizados por los usuarios/as de Twitter el 7 de septiembre para refirse a la CC. 🔍 @ciper @fernandopaulsen pic.twitter.com/hc7nND3wDx
— Proyecto DEEP PUCV (@DEEP_PUCV) September 8, 2021
Leal advierte que la participación “no está a la mano para la gente del sector rural, para niños y niñas ni para adultos mayores”. El tema más inmediato del que se tiene que hacer cargo la Convención es la comunicación. “Las personas de aquí siempre me preguntan porqué yo sé tanto y les digo que sigo las audiencias por internet. Pero para la gente del campo eso es un enredo”, dice. Hay un tema de accesibilidad a redes que genera una brecha con el sector rural. “¿Por qué no hay un canal en la televisión y una radio que transmita las sesiones todo el día?”, son los comentarios que escucha constantemente. Igualmente, ella confía en que el trabajo que se hace en la Convención es serio y que el órgano constituyente recogerá las preocupaciones de los territorios.
Karen Trajtemberg, magíster en comunicación estratégica y directora de la Escuela de Periodismo de la UAI de Viña del Mar, considera que “la CC ha tenido una actitud bastante despectiva con la prensa, en la idea de que no es necesaria y que ellos pueden transmitir su propia verdad por redes sociales o lives”.
Siin embargo, la académica dice que la prensa debe cumplir su labor de fiscalización del poder y aunque la CC “se diga que es parte del pueblo, también es un poder más y deben tener transparencia efectiva, tal como cualquier otro”. La falta de confianza en las instituciones ha salpicado a la CC, pero Trajtemberg considera que esta “ha puesto de su parte para ahondar en esa sensación”.
