Por Jessica Herrera y Rodrigo Córdova
Desde que en el Reglamento Oficial de la CC los constituyentes acordaron que, para realizar un trabajo descentralizado, todas las comisiones y el pleno deben sesionar periódicamente en un lugar distinto del ex Congreso en la capital, las gestiones para la movilización han sido clave.
Traslados entre comunidades, instalación de equipamiento que permita la transmisión online, incentivos para que las organizaciones se presenten a las audiencias, disposición de salas con aforo suficiente para recibir a los convencionales y así… Una larga lista de requerimientos que la CC no puede resolver de forma autónoma y que no han tenido una respuesta satisfactoria desde la Secretaría General de Gobierno ni en las delegaciones presidenciales regionales (ex intendencias).
Adelantándose a las dificultades, el Reglamento ya disponía: “Para un adecuado funcionamiento descentralizado de la Convención se propenderá a celebrar convenios tendientes a contar con dependencias regionales, municipales o locales”. Para entregar una visión desde el territorio y también facilitar el trabajo, la Convención ha contado con dos instancias en cada salida regional: los Gobernadores Regionales y los municipios.
La Convención ha estado celebrando convenios con las gobernaciones regionales desde agosto. Es el mismo texto para cada una de las 16 regiones.
La presidenta, Elisa Loncón, y el vicepresidente, Jaime Bassa, han estado celebrando convenios con las gobernaciones regionales desde agosto. Es el mismo texto para cada una de las 16 regiones. En él se indica que – según su disponibilidad presupuestaria- las gobernaciones realizarán todas las acciones necesarias para proveer “espacios físicos, comunicaciones, transportes y, en general, todas aquellas que aseguren la efectiva realización de las actividades que programe la Convención Constitucional en dicho territorio”.

Durante estos meses, han sido las y los gobernadores quienes facilitan los espacios de diálogo en sus regiones y buscan enfrentar el centralismo, asumiendo las diferencias evidentes del territorio nacional. En este punto es relevante aclarar un elemento: qué es el Gobierno Regional y cuáles son sus atribuciones en cada territorio.
Durante estos meses, han sido las y los gobernadores quienes facilitan los espacios de diálogo en sus regiones y buscan enfrentar el centralismo.
En febrero de 2018, se promulgó la ley que permitió la elección de Gobernadores Regionales a través de sufragio popular, con el fin de disponer de un organismo encargado de la administración superior de cada región. Cada uno tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. Además, debe asignar los recursos en virtud de transferencias de competencias que haga el Presidente de la República.
Pero antes de ser electos sus titulares incluso, las gobernaciones tuvieron un camino difícil. Meses antes de los sufragios del 15 y 16 de mayo de 2021, el Ejecutivo intentó postergar la elección para noviembre. El proyecto no prosperó debido las críticas que recibió de algunos integrantes de la Cámara Baja, que acusaron intervencionismo frente a las aspiraciones de descentralización. Ya en funciones, los gobernadores han debido buscar alianzas y desarrollar gestión con el fin de sacar adelante una tarea en la que enfrentan fuertes limitaciones, como relató el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en audiencia con la Convención.
Los gobernadores se comprometieron en términos de gestión, logística al interior del territorio y con aportar recursos para la realización de las sesiones de CC.
La alianza entre la CC y los gobiernos regionales se ha dado de manera natural: los segundos se comprometieron en términos de gestión, logística al interior del territorio y con aportar -en la medida que la normativa lo permita- recursos para la realización de las sesiones de la primera.
Geoconda Navarrete (D27) conoce bien los dos mundos. Es ex intendenta de la Región de Aysén y una de las convencionales que organiza la salida de la Comisión Forma de Estado a su distrito. La gestión entre municipios, gobernación y universidades ha significado, según su experiencia, el «punto indispensable» para proyectar la odisea de llevar a todos los convencionales a la macrozona austral a partir del 20 de diciembre y trasladarlos durante la estadía entre las tres comunidades que visitarán.
La gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías, explica que las autoridades nombradas por el gobierno central no participan en los viajes de la CC: “Nosotros no hemos tenido conversaciones ni colaboración de parte de las direcciones presidenciales, por lo menos en Aysén”. Para ella, la colaboración con la Convención es la forma que tienen de «garantizar la participación ciudadana desde los territorios”.

Macías cuenta que el Gobierno Regional elaboró una propuesta que permite aportar con financiamiento para que la Constituyente pueda sesionar en la región gracias a la Fundación Chile Descentralizado y a la Universidad de Aysén. Con esto, Macías pretende “darle continuidad al trabajo de participación ciudadana y fortalecerlo para el 2022″.
Según Macías, la elección de Gobernadores Regionales es uno de los hitos más relevantes en términos de descentralización en Chile. Por lo mismo, para ella, la visita de la CC es vital. Ayudará a que “el Estado chileno se reconozca como descentralizado”. La Gobernadora cree que incluso más importante que la forma de Gobierno es “entender que el verdadero desarrollo de nuestro país debe venir de la mano del progreso de las regiones”. En ese sentido, considera fundamental que los convencionales escuchen de los problemas de la ciudadanía y dialoguen directamente en los territorios. Macías añade: “Sabemos que desde el gobierno central no se ha facilitado el proceso de participación, por lo tanto creemos que es una responsabilidad política con nuestro territorio hacerlo desde los gobiernos regionales con los instrumentos que la normativa nos permite”.
«Más importante que la forma de Gobierno es entender que el verdadero desarrollo de nuestro país debe venir de la mano del progreso de las regiones”.
Andrea Macías (gobernadora regional de Aysén).

Pablo Silva, gobernador regional de O’Higgins, coincide: «No creo que haya un compromiso por parte del gobierno central con la descentralización al 100%, como hubiésemos esperado». Desde su perspectiva, sin el apoyo de los gobiernos regionales y los municipios, el trabajo de la Convención se hubiese podido realizar, pero con mayores dificultades: «Nosotros hemos sido los facilitadores para que se desarrolle de la mejor forma este proceso».
El gobierno regional de O’Higgins firmó convenio con la Convención el 26 de agosto y la comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constitucional se desplazó hacia la región ese mismo mes. Desde un principio, el gobernador Silva se involucró participando en la organización y comunicándose con los convencionales de la zona. «Los vamos a acompañar en las actividades y en otros espacios, para seguir trabajando con el fin de que realicen su labor», dice Silva. Añade que, para él, es una forma de sentirse «parte del proceso». Por eso, agrega, «colaborar es fundamental».Δ
QUÉ HACE (Y NO HACE) UN GOBIERNO REGIONAL
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Formula políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos.
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Somete al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones.
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Somete al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional.
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Representa judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el consejo.
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Nombra y remueve a los funcionarios que la ley determine como de su confianza.
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Vela por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa.
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Coordina, supervigila o fiscaliza, según corresponda, a los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo.
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Promulga, previo acuerdo del consejo regional, el plan regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metropolitanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de detalle de planes reguladores intercomunales.
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Preside el consejo regional.