Sin cronograma y sin metodología, los convencionales de escaños reservados se han reunido con sus comunidades de forma independiente para acelerar el diálogo y disponer de algún insumo sobre sus principios, a pesar de que el proceso no ha iniciado oficialmente.
En la última sesión de la Comisión, el 27 de diciembre, Elisa Loncon (mapuche) hizo hincapié en que una de sus principales preocupaciones era el cronograma de trabajo de la Comisión e indicó que era trascendental por dos razones: «que nos permita saber a qué nos reunimos cada vez que hay sesiones” y para encontrar, de una vez, “una ruta”.
El viernes 7 de enero se propuso un cronograma de trabajo y los convencionales tenían hasta el domingo 9 a medianoche para incluir indicaciones. Uno de los principales reclamos frente a esta propuesta y otra, presentada por la Secretaría Técnica, es que no existe un proceso claro que asegure que los insumos obtenidos de la Consulta Indígena sean vinculantes para la discusión constitucional.
Las indicaciones modificarán el cronograma propuesto y recién el viernes 21 se votará en una sesión extraordinaria de la Comisión. La Secretaría Técnica está trabajando para presentar el informe final de la Consulta Indígena y la presentarán durante la misma sesión, a finales de esta semana.
Sin cronograma y sin metodología, los convencionales de escaños reservados se han reunido con sus comunidades de forma independiente para acelerar el diálogo y disponer de algún insumo sobre sus principios, a pesar de que el proceso no se ha iniciado oficialmente.
«Por primera vez los pueblos pueden usar su autonomía para dialogar, pero si tenemos instituciones del Estado involucradas pueden repetirse las consultas tuteladas y dirigidas, tal como ha ocurrido en el pasado». Amaya Álvez
Considerando el amplio retraso la coordinación integrada por Margarita Vargas (kawéskar) y la recién llegada a este puesto, Isabella Mamani (aymara), propusieron a la Comisión emitir una solicitud a la Mesa Directiva para ampliar el plazo de Consulta desde el 1 al 11 de febrero. A pesar de que la Comisión aprobó el envío de esta solicitud, la convencional Amaya Álvez (D20) comentó que “no se llegará a tiempo ya que las comisiones ya están discutiendo las propuestas de norma”. Álvez advierte que de seguir con estos aplazamientos, las opiniones de los pueblos indígenas para una nueva Constitución solo serán parte de las indicaciones y no formarían parte de la visión y texto central que trabaja la Convención. De todos modos, la Comisión insistirá en la ampliación del plazo pero intentarán llegar con los resultados al 1 de febrero.
La escasez de tiempo y recursos humanos para celebrar la Consulta Indígena obligaron a la Comisión a solicitar colaboración de municipalidades, universidades, gobernaciones regionales, etcétera, para llegar a los diferentes territorios indígenas, asegurar instalaciones y sistematizar la información recopilada.
De todos modos, hay reservas también con estos métodos: ante la incidencia de los ministerios y demás organismos de Estado en la Consulta, Amaya Álvez advirtió en la sesión que «por primera vez los pueblos pueden usar su autonomía para dialogar, pero si tenemos instituciones del Estado involucradas pueden repetirse las consultas tuteladas y dirigidas, tal como ha ocurrido en el pasado». ΔAlgunos convencionales como Alexis Caiguan (mapuche) y Fernando Tirado (chango) indicaron que desconocían los convenios celebrados con estas instituciones. Quien contribuyó a ampliar el espectro de instituciones disponibles a darle apoyo a la Consulta fue Marcos Barraza, quien propuso que el Ministerio de Desarrollo Social, la Corporación Nacional de Desarrollo Iindígena (CONADI) y eL Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) se unieran al grupo de ayuda dada su experiencia en consultas populares. Δ
El Reglamento de Participación y Consulta Indígena, aprobado por la CC, indica en su artículo 1 que se “iniciará un proceso de participación y consulta indígena, conforme a los estándares internacionales de los
Derechos Humanos de los pueblos indígenas”, el que tiene como objetivo que “el Estado de Chile reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes”.La función de la Comisión de Derechos Indígenas es velar porque este proceso se lleve a cabo y como primera
tarea debían generar un Documento Base que estipula orientaciones para la realización del proceso.Una vez aprobado este texto, la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena debía usarlo como orientación para construir la forma y metodología de la Consulta.Este grupo de asesores está constituido por 21 personas de “comprobada experiencia en procesos participativos y conocedores de la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, de las cuales deberá haber a lo menos una persona perteneciente a cada pueblo”.Es de ellos, y no de los convencionales que componen la Comisión, la tarea de construir un proceso de Consulta desde cero, indicando procedimientos, fases, metodologías y sistematización de datos. La Comisión actúa como ente que asegura la Consulta, facilitando la difusión y las vías de acceso a los territorios, como convenios con gobernaciones regionales, universidades, municipalidades.
