Quedan cuatro semanas y media para que termine el proceso constituyente y la campaña informativa para el plebiscito de salida ya comenzó. Hace meses que desde distintos sectores se han hecho llamados al Apruebo o al Rechazo, pero el sábado pasado el Gobierno dio el pitazo inicial a la campaña del voto informado, con un video que entrega una perspectiva histórica sobre la redacción de las constituciones que han regido al país.
Ni a Chile Vamos ni al Partido Republicano les pareció el video y acusaron intervencionismo en Contraloría. El golpe alcanzó a algunas municipalidades que, comentan en la Convención, se han mostrado reacias a participar de la campaña informativa porque no quieren correr el riesgo de ser acusadas tal como el Gobierno. Esta falta es clave, pues podría perjudicar la campaña informativa que la CC tiene preparada para este último tramo.
La difusión para la campaña comunicacional tiene dos vías de financiamiento: $350 millones provienen del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y $400 millones corresponden a la Ley de Presupuestos 2022.
La Comisión de Participación Popular ha planificado junto a la Mesa Directiva el plan de difusión y voto informado para el tiempo que queda. Aún están buscando metodologías y estrategias para llegar a la mayor cantidad de personas, lo que es el objetivo principal. Pero desde el equipo de la presidenta María Elisa Quinteros ya levantaron informes de especialistas -con geólogos y sociólogos- para identificar localidades con mayor densidad poblacional y cuáles serían los métodos más efectivos para informar en una localidad u otra. Este plan cuenta con dos vías de financiamiento: $350 millones que provienen del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y $400 millones que corresponden a la Ley de Presupuestos 2022.
Lo ideal hubiese sido que los contenidos fuesen dirigidos a los intereses particulares para cada región pero, como el tiempo apremia, la información será igual para todas las personas. Hasta ahora, los pilares de la campaña comunicacional son tres: despliegue territorial de los convencionales con volantes que contienen información nueva; establecer comparativas entre el borrador y la actual Constitución, y responder las preguntas más frecuentes que reciben los representantes.
Los ejes de la campaña: despliegue territorial de los convencionales con volantes informativos; comparativas entre el borrador y la actual Constitución, y responder las preguntas más frecuentes.
Hasta ahora, la campaña de difusión tiene conforme a la coordinación de la Comisión de Participación Popular, cuenta Paulina Valenzuela (INN), encargada de esta función junto a Bastián Labbé (Movimientos Sociales). Actualmente, mientras hay 88 convencionales trabajando sobre el borrador de nueva Constitución en tres comisiones, los otros 66 están mandatados para estar en sus territorios informando.
La coordinadora Valenzuela explica que la mayoría de los convencionales ha tenido «muy buena recepción» y agrega: «Hemos logrado aclarar muchas dudas». Valenzuela explica que estas últimas semanas «sirven mucho para informar directamente a la ciudadanía». Añade que en este momento el contacto directo es importante: «La gente no podía hacerle seguimiento a nuestro ritmo del trabajo».
«Hay algunas que tienen el temor de ser sancionadas al abrirnos las puertas por estos reclamos a Contraloría». Cristóbal Andrade (ex Lista del Pueblo)
Para el encuentro presencial entre convencionales y ciudadanos las municipalidades juegan un papel clave. Pero el lunes 30 de mayo el convencional Cristóbal Andrade (independiente ex Lista del Pueblo), que se hizo conocido por su traje de dinosaurio azul, explicó que, si bien hay municipalidades que apoyan el trabajo informativo de la Convención, otras se están restando: «Hay algunas que tienen el temor de ser sancionadas al abrirnos las puertas por estos reclamos a Contraloría». Agregó que existen «otras municipalidades, que son de derecha, que no nos están abriendo las puertas para informar».
Otras fuentes de la CC reafirman que la denuncia de intervencionismo por parte de Chile Vamos al Gobierno hizo tomar distancia a varias municipalidades. Esa brecha ha ido aumentado tras la revisión en detalle el instructivo que publicó Contraloría respecto a lo que se puede y no se puede hacer en cuanto a la información que se entrega sobre el plebiscito de salida.
Las restricciones son claras y limitan el accionar de las municipalidades en cuanto pueden apoyar al despliegue de los convencionales:
- «Las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan».
- «Configura también un ilícito administrativo usar para los indicados propósitos, los recursos públicos, así como los bienes fiscales, municipales o de otras entidades estatales».
- «Autoridades y jefaturas de los órganos y servicios de la Administración no pueden, por ningún medio, dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia política de los servidores de la Administración del Estado en este plebiscito».
- «Existe la prohibición absoluta de usar los vehículos estatales en cometidos particulares o ajenos al órgano o servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o inhábiles».
- «Los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones».
En la sesión del día lunes 30 de mayo, y luego de que Andrade hablara sobre retiro de algunas municipalidades para esta campaña, el secretario ejecutivo de la Convención, Matías Cox, explicó que los municipios sí están habilitados a aportar con el proceso de difusión, siempre y cuando suscriban a un convenio con la CC. Este acuerdo no implica necesariamente que las municipalidades incurran en gastos para despliegue. Por ejemplo, en las salidas a Biobío, a Antofagasta y en la Consulta Indígena, la misma Convención tuvo que contratar servicios directamente.
La posibilidad de que las municipalidades puedan suscribir el convenio dejó a la Comisión «más tranquila». La coordinadora Valenzuela dice: «Nos da una herramienta para insistir nuevamente en aquellos que tienen esa duda». Andrade ha estado recorriendo la V Región en el trabajo de difusión. Viaja junto a un grupo de convencionales que va desde la Coordinadora Plurinacional hasta RN, que es representada por Ruggero Cozzi. Explica que -en su experiencia- las actividades tienen buena recepción de la población: «Ellos saben que en las redes sociales muchas veces se tergiversan las versiones y en la televisión también. Por eso que prefieren venir a estos encuentros». Δ
El caso de Pudahuel
La Municipalidad de Pudahuel está suscrita al convenio y cuenta con un equipo dedicado a la difusión del trabajo de la Convención que opera desde noviembre del año pasado a la fecha. La idea de Pudahuel Constituyente es explicar sencillamente el contenido del borrador y comunicar a los vecinos lo que implica el Apruebo y el Rechazo. También invitan a los convencionales del Distrito 8 a actividades para vincular a la ciudadanía con la información directa. Dicen que han sido «obedientes» con los llamados de la Comisión de Participación Popular para explicarle contenidos a la gente, por ejemplo, con el proceso de inscripción de Iniciativas de Normas Populares.
El instructivo de Contraloría y la acusación de Chile Vamos sobre intervencionismo también llegó a las salas de reuniones de este municipio, que encabeza el alcalde Ítalo Bravo (movimiento Igualdad). El equipo de Pudahuel Constituyente se reunió esta semana a discutir este punto en particular. José Alonso Salas, coordinador de la red de Educación Comunitaria del municipio, explica que dieron cuenta que van «por el camino correcto». Salas explica que tuvieron que prestarle atención al informe de Contraloría para el «resguardo en cuanto al discurso y a lo que informamos» y añade: «Somos cuidadosos con no llamar a votar por ninguna de las dos opciones». Respecto de municipalidades que se estén restando de apoyar en difusión, el coordinador municipal cuenta que están «convencidos de que los vecinos y vecinas se tienen que informar de la mejor manera posible y entregar la mayor cantidad de herramientas para que voten informados el cuatro de septiembre».
