Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera
«Gabriel, mil veces apruebo. Por mí y por mis hijos», decía ayer una vecina de Quinta Normal mientras el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunciaba el copago cero para los usuarios de Fonasa a partir de septiembre próximo. Tras el lanzamiento de la medida, el Primer Mandatario salió entre abrazos, saludos y fotos con vecinos y vecinas. La sensación que quedaba en el aire mirando el resultado de esa actividad en particular era favorable para los defensores del cambio de Constitución. Dista mucho, sin embargo, de la temperatura que se viene ofreciendo desde hace semanas en el mundo de las encuestas, donde el rechazo o el empate en el próximo plebiscito del 4 de septiembre son la tónica.
Cada asistencia a las urnas marca la evolución política de la sociedad y son el momento más importante para las democracias consolidadas. La oportunidad ciudadana para elegir a sus representantes o para -a veces- tomar decisiones clave de futuro, como la que se aproxima: adoptar o no la Propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional.
De ahí, quizá, que en las últimas décadas cada campaña viene acompañada por estudios de comportamiento del votante. La idea es que sirvan como un insumo para anticipar las necesidades de los electores y para proyectar resultados. En esta etapa, las encuestas en torno al plebiscito han tomado un rol protagónico. En torno a ellas, no obstante, cae el manto de las dudas. Se las usa y se las da por válidas y ciertas, sin comprender bien su origen ni conocer su metodología o a aquellos que interpretan sus datos.
«Los partidos no tienen capacidad de impulsar el proceso político, más con los parlamentarios y dirigentes de los partidos». Carlos Huneeus, abogado, diplomático y ex director general de CERC.
Un ejemplo es Cadem, una empresa de investigación de mercado y opinión pública que ofrece resultados semanales sobre los principales nudos políticos del país. En su última entrega reveló que la intención de votar rechazo cayó cinco puntos: está en 47%, mientras que el apruebo obtuvo un 39%, tras un alza de dos puntos. Cada siete días, esas cifras son suficientes para alimentar el debate, porque los medios de comunicación, las redes sociales y los actores políticos utilizan los resultados de Cadem para sus propias pautas y agendas.
En ocasiones se ha acusado a las encuestas de influir en la opinión pública e incluso en resultados de elecciones. Un ejemplo data de la primera vuelta de las presidenciales de 2017. «Si las encuestas hubiesen dicho la verdad a lo mejor sí estaríamos en segunda vuelta», afirmó la ex convencional Beatriz Sánchez, entonces candidata a la presidencia por el Frente Amplio, quien quedó en el camino después de que Sebastián Piñera y Alejandro Guillier tuvieran las primeras mayorías de cara a la segunda vuelta.
«¿Dónde está ese oráculo del CEP borrándonos del mapa?», se preguntó Sánchez, cuando los resultados de las votaciones la situaron en el tercer lugar de las preferencias, con un 20% de los votos. Precisamente la encuesta del CEP (Centro de Estudios Públicos) le había otorgado en las mediciones previas un escuálido 8,5%. La predicción para Piñera también se alejó de la realidad en su favor: le otorgaba un 44%, pero obtuvo poco más de 36%. Con Guillier, CEP quedó más cerca: le predecía el 20% y obtuvo más del 22%.
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Carlos Huneeus es abogado, profesor y ex diplomático chileno en Alemania. Fue director ejecutivo del (Centro de Estudios de Realidad Contemporánea (CERC), una organización que se dedicó -al igual que Cadem, Pulso Ciudadano y CEP, las entidades sobre las que se profundiza en este reportaje- a entregar resultados respecto a la opinión pública. En 2005 y 2009 predijo correctamente los resultados de primera vuelta en las elecciones presidenciales chilenas. En el primer caso desembocó en el primer gobierno de Michelle Bachelet y en el segundo en el primer periodo de Sebastián Piñera. Hoy Huneeus dice: «En Chile se les da demasiada importancia a las encuestas«.
Él tiene una teoría sobre la relevancia que tienen en el debate público local. Huneeus cree que el peso con que se han instalado las encuentas se relaciona con los partidos que «no tienen capacidad de impulsar el proceso político y más con los parlamentarios y dirigentes de los partidos».
Roberto Méndez hoy es docente en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que dirige Osvaldo Larrañaga, y es el fundador y ex presidente de Adimark (hoy GfK), uno de los más prestigiosos centro de estudios de opinión pública privados de la primera década del siglo XXI. Méndez coincide con Huneeus respecto a la incapacidad de la clase política de instalar temas. Sostiene, sin embargo, que las encuestas aún son relevantes, debido a su historia en los procesos políticos. Añade que «le sirven a la ciudadanía para comparar, como un espejo, sus propias opiniones con el resto de la sociedad».
Las encuestas «le sirven a la ciudadanía para comparar, como un espejo, sus propias opiniones con el resto de la sociedad». Roberto Méndez, fundador de Adimark.
Una de las grandes dudas en torno a la legitimidad o la certeza de las encuestas que se usan en el país es su método de levantamiento de datos. Sobre las metodologías aplicadas, Carlos Huneeus indica que la encuesta presencial sigue siendo el mejor. El problema es que casi nadie la utiliza, por el costo que significa: sale carísimo.
Ya en 2017 Huneeus ahondaba -en una entrevista en Radio Universidad de Chile- en torno a las dudas sobre algunos centros de estudios que publican encuestas y sondeos políticos: las desarrollan personas que están lejos de ser estadísticos o especialistas en el tema. Según él, ese factor puede hacer que la metodología sea poco transparente, porque personas ajenas al mundo de las encuestas y a su ética deciden las preguntas que se aplican y su formulación. Eso reduce -añadía- la autonomía del trabajo.
Para este escenario de 2022, Huneeus está de acuerdo en que es relevante revisar el contexto y la formulación de las encuestas que están marcando la pauta periodística y de opinión pública. Al contrario, Roberto Méndez explica que ha seguido de cerca las 14 encuestas que circulan y afirma que todas muestran datos parecidos. Cree, por tanto, que los datos arrojados -al menos hasta ahora- «dan seguridad, porque todas las encuestas entregan casi la misma información».
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La encuesta del CEP
El Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los últimos resultados de sus encuestas en mayo. El detalle indica que el 25% de los consultados votaría apruebo, mientras que el 37% iría por el rechazo; el 11% restante no había tomado una decisión hasta ese momento. Según CEP, se puede apreciar cómo los votantes del apruebo son cada vez menos, mientras que el rechazo se mantiene a medida que se acerca el plebiscito. La muestra entrega, entre otros indicadores, las expectativas sobre el plebiscito y las emociones que produce la propuesta de nueva Constitución.
CEP es una fundación privada y se creó en 1987. En su página web se declara sin fines de lucro y de carácter académico. Tiene como finalidad el estudio y la «producción de conocimiento en temas de interés público». Manifiesta, además, «una adhesión explícita a las libertades personales, a una economía social de mercado y a la democracia como forma pacífica y estable de gobierno». Su director desde el 1 de marzo de 2018 es el ingeniero civil industrial y ex presidente del directorio de TVN, Leonidas Montes Lira.
Montes es licenciado en Filosofía y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, y MPhil y PhD en Economía de la Universidad de Cambridge, King’s College. Es miembro del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago y del Directorio Internacional de Adam Smith Society. El economista y filósofo escocés, considerado el padre de la economía clásica, es su especialidad académica. Su prestigio en este ámbito es internacional. Como director ejecutivo del CEP responde a un Gobierno Corporativo que es el siguiente:
El presidente del Consejo Directivo y Ejecutivo de CEP, desde el 2018, es Juan Obach González, ingeniero comercial, MBA por Stanford y empresario. Una vez titulado, formó parte del Banco Hipotecario de Chile y desde ahí fue promovido, en 1975, a la gerencia general de Industrias Forestales (Infosa). Fue uno de los dueños de Inversiones Pathfinder S.A, una compañía financiera que compartió directores de la Sofofa, de la AFP Santa María y de Iansa. Su hijo Juan José Obach Granifo es director ejecutivo del grupo Horizontal, definido en su página web como un «centro de estudios de pensamiento liberal y debate independiente», del cual el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones es el presidente y la ex ministra del Deporte Pauline Kantor es directora. El cuñado de Obach González es Pablo Granifo Lavín, presidente del directorio del Banco de Chile y miembro del directorio de CCU, del que es presidente Andrónico Luksic. También preside el de la Viña San Pedro Tarapacá, que también pertenece a la familia Luksic.
El vicepresidente del Consejo Directivo de CEP es Juan Andrés Camus Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, uno de los «leones de Sanhattan» en el año 1980, como describe Sergio Jara en su crónica sobre el auge de la élite financiera. En 2009 apoyó la candidatura del ex presidente Sebastián Piñera y es fundador de la administradora de fondos de inversión Celfin Capital y director del banco de inversiónes BTG Pactual Chile. Camus acaba de aportar $9 millones a la campaña del rechazo.
Su hermano, Luis Alberto Camus Camus, es abogado y aportó $2 millones a la candidatura para convencional constituyente de Juan Luis Ossa Santa Cruz, quien es investigador del CEP desde el 2019 y fue coordinador de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social y Familia, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo y ex presidente del Banco Estado durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ossa Santa Cruz es hijo de la historiadora Lucía Santa Cruz, consejera emérita del centro de estudios de la UDI, Libertad y Desarrollo, que cuenta entre sus otros consejeros a otro fundador de Pathfinder, Félix Bacigalupo.
El Consejo Directivo de CEP está compuesto por otras 22 personas. Entre ellas figuran Roberto Angelini Rossi, controlador de Copec; Roberto de Andraca Adriasola, del grupo CAP; Jorge Errázuriz Grez, vicepresidente de Celfin Capital y reconocido twittero a favor del rechazo; Carlo Solari Donaggio, presidente del directorio Falabella; Ramiro Mendoza Zúñiga, hasta el 10 de abril de 2015 contralor general de la República; y la historiadora Sol Serrano Pérez, la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Historia (2018) y una de las firmantes -junto al ex convencional Felipe Harboe y a Javiera Parada- de una carta que invita a votar rechazo.
La metodología de trabajo de CEP para sus encuestas es pública y clara. La recolección de su muestra incluye a población rural y urbana mayor de edad a lo largo de todo el país, a excepción de la Isla de Pascua, Juan Fernández y la Antártica. Para su más reciente informe fueron entrevistadas personas en sus hogares y se logró cubrir 126 comunas dentro de Chile. El 61% contestó la entrevista completa, lo que corresponde a 1.355 personas, de las 2.216 encuestadas. La entrevista fue presencial -el método más recomendado por los expertos- entre el 13 de abril y el 29 de mayo de 2022.
La encuesta de Cadem
Se define en su página web de la siguiente manera: «La principal empresa de investigación de mercado y opinión pública en Chile. Conectamos personas, ciudadanos, consumidores, clientes y trabajadores con los tomadores de decisiones, a través de información clave sobre el mercado y la realidad nacional». Es la entidad que más resultados entrega, pues sus muestras son semanales. Según las últimas estadísticas de Plaza Pública (así se llama su encuesta), el próximo 4 de septiembre el 55% de la población votaría rechazo, mientras que un 45% votaría apruebo.
Cadem tiene en Roberto Izikson, ex alumno de Ciencia Política y Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, a su rostro más visible. Izikson trabajó en Adimark y fue parte de los asesores del segundo piso de la presidencia de Sebastián Piñera. Como socio y gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, es el director de Plaza Pública. En una nota de la UDD señala que el trabajo de Cadem se centra principalmente en investigación cuantitativa (encuestas), investigación cualitativa (focus group, entrevistas en profundidad) y desarrollo de estrategias para que sus clientes «tomen mejores decisiones».
El directorio de Cadem está compuesto por cinco hombres. Matías Claro Figueroa es ingeniero comercial, máster en economía de la Pontificia Universidad Católica y máster en administración pública de Harvard Kennedy School, en Estados Unidos. Además de pertenecer al directorio de Cadem, es CEO del Grupo Prisma, un holding familiar con presencia en empresas dedicadas a la gestión de residuos, telecomunicaciones, agrícolas, inversiones y desarrollo y renta inmobiliaria. Ese holding le dio vida al Canal del Fútbol (CDF), que luego fue vendido a TNT Sports. También controla la firma EcoLógica y es dueña de la Agrícola Santo Domingo, que tiene cerca de 1.000 hectáreas en Panguipulli y 500 hectáreas en Puerto Octay, en la región de Los Ríos. Algunos clientes de Matías Claro son la CCU y Andina. Es, además, uno de los actuales directores de Cruzados, la empresa que gestiona los intereses económicos y financieros de la rama de fútbol del Club Deportivo Universidad Católica. También es miembro del directorio de la Fundación Desafío Levantemos Chile y fue vicepresidente de Sofofa el año 2020.
Un integrante destacado del directorio de Cadem es el ex presidente de TVN (2014 a 2018) Ricardo Solari Saavedra. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y diplomado en el programa de formación de investigadores de la misma casa de estudios, Solari es una figura reconocida del Partido Socialista, Participó activamente en la campaña del NO y fue nombrado subsecretario del ministerio Secretaría General de la Presidencia en 1990. Fue director del Banco del Estado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ministro del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Ricardo Lagos. También fue estrecho colaborador de la ex presidenta Michelle Bachelet. Es actual vicepresidente de la Corporación Santiago Innova y presidente del directorio de la Fundación Arte y Solidaridad. En una de sus últimas apariciones hizo pública su adhesión al apruebo, junto a 49 miembros de la ex Concertación y la Nueva Mayoría.
El directorio de Cadem está compuesto por cinco personas. Las otras tres son Gabriel Calgaro, Ricardo Misraji Vaizer y Manuel Jorquera. Calgaro se formó en la Universidad de Palermo (Argentina) como administrador de empresas y luego realizó un programa de desarrollo directivo en Argentina. Asistió a la Universidad de Cambridge para estudiar estrategias de transformación digital y es el director general de la Biblioteca Virtual en Salud Chile, una empresa de innovación en tecnología y salud. También es miembro de Chile Global Angels, una red de inversionistas en empresas de tecnología.
Ha estado cerca de 30 años en el mundo de la tecnología y además es director de la Fundación País Digital, que -según declara su web- nació en 2001, después de una misión empresarial a los centros de desarrollo tecnológico de Silicon Valley y Seattle (Estados Unidos), encabezada por el entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, a quien acompañaron empresarios y emprendedores chilenos.
Ricardo Misraji Vaizer fue gerente general de Australis S.A. en Chile, desde el 2013 hasta este año, en que asumió el cargo de gerente comercial corporativo. Esta empresa cuenta con casi 20 años de trayectoria y es la principal productora de salmón en el sur de nuestro país: sostiene cerca de 2.000 empleos. Manuel Jorquera, MBA en administración de la Universidad de Chile y doctor en ciencias de la administración de la Universidad de Santiago de Chile, es consultor en finanzas, inversiones, gestión estratégica y administración.
La metodología que utiliza Cadem ha sido cuestionada por algunos especialistas, no obstante esta entidad está ampliamente instalada como proveedor de data para debates públicos. Obtiene sus resultados a través de encuestas telefónicas, a un universo de hombres y mujeres mayores de edad de 16 regiones diferentes del país.
Estos resultados comprenden una población de 702 personas y cubren 198 comunas del país. De ellas, el 90% representa a población urbana y el 10% población rural. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Chile tenía en 2021 un 11,4% de población rural, equivalente a 2.247.649 personas.
En total, se realizaron 7.073 llamadas con una tasa de éxito de 9,9%. Todos estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo -afirma el informe- «una muestra de representación nacional para el universo en estudio».
La encuesta de Pulso Ciudadano
Pulso Ciudadano pertenece a la empresa Activa Research, que está presente en Chile, Perú y México y no aparece con vínculos políticos en la directiva de su filial nacional. Este grupo comercial vende sus servicios para analizar datos y transformarlos, entre otras cosas, en opinión pública. Su última publicación fue realizada entre el 19 y 22 de julio con una muestra de 1.241 entrevistas mediante un panel online.
Todos los sondeos de Pulso Ciudadano están financiados por completo por ActivaResearch, pero no se indica cómo esta entidad diversifica sus ingresos para realizar las encuestas. En cuanto a la proporción de participantes, sus números están más cargados al grupo C2, que corresponde a profesionales jóvenes y empresarios medianos. También cuenta con mayor representatividad en la Región Metropolitana que en las zonas sur y norte: más de un 40% en la capital versus el 20% de los otros sectores geográficos.
Los resultados de Pulso Ciudadano sobre el plebiscito también marcan una inclinación al rechazo, con un 46% de preferencias versus un 30,1% a favor del apruebo. Este informe considera que, a pesar de que esta vez habrá sufragio obligatorio, no todo el padrón electoral -de 15.173.857 de personas– votaría. Pulso Ciudadano proyecta una participación entre el 52,8% y el 60% del total de personas habilitadas para sufragar.
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“Las encuestas trabajan con una muestra y el principal objetivo es medir una tendencia, lo que no puede ser considerado como algo objetivo en ciencias sociales”. Carolina Carillanca, socióloga y docente de la Universidad de los Lagos.
La socióloga Carolina Carillanca, docente de la Universidad de los Lagos y magíster en Ciencias Humanas, explica que desde un inicio estos sondeos no están realmente diseñados para pronosticar un resultado de modo fino: «Las encuestas trabajan con una muestra y el principal objetivo es medir una tendencia, lo que no puede ser considerado como algo objetivo en ciencias sociales».
En cuanto a la representatividad poblacional que pueden alcanzar, Carillanca afirma que, desde su perspectiva, «de ninguna forma pueden ser instrumentos que den a conocer la opinión pública transversal del país». Advierte sobre sesgos y señala que debe haber precaución ante los resultados semanales -o quincenales- que se entregan: «Las encuestas que se han aplicado en el país responden a las empresas más grandes y toman las encuestas en grupos bien homogéneos. Pero la población es heterogénea, y lo es también el votante».
Carillanca enfatiza que, junto con el factor voto obligatorio, hay otros elementos en juego, que no necesariamente están adaptados a la fórmula estandarizada que se plantea en la metodología de las encuestas con voto voluntario: «Varias de las empresas y fundaciones detrás de las encuestas tienen un arraigo en ciertas tradiciones ideológicas o están vinculadas a partidos políticos. Independiente de esa primera circunstancia, las encuestas responden a una elite. Responden a esa representación donde la elite busca formar una opinión».
La experta agrega que las encuestas inicialmente no fueron pensadas para influir en la opinión pública, sino que para caracterizar la sociedad de forma académica, política e ideológica. No obstante eso, ahora -desde su perspectiva- se utilizan como instrumento activo en la toma de decisiones. ¿Qué explica este fenómeno? Según ella, se debe a la «actual despolitización de la población y el desconocimiento de los derechos ciudadanos de vivir en una democracia». El problema de esta circunstancia es que -añade Carillanca- provoca una fácil intervención de las encuestas en la opinión pública. Δ
