Justo cuando comenzó la segunda etapa -y la más importante- de la Consulta Indígena, que dispone de la discusión territorial, la coordinadora de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas, Isabella Mamani, presentó su renuncia. Fue el pasado 14 de febrero. La representante aymara había asumido recién el 4 de enero, tras la renuncia de Victorino Antilef (pueblo Mapuche), quien dejó el cargo tras acusar “persecución” y desacuerdos internos. El argumento detrás de Mamani fue “la sobrecarga de trabajo” para ella y su equipo, quienes participan también de la Comisión de Derechos Fundamentales.
“Cuando llegué no había ni siquiera un cronograma de trabajo, no había metodología propuesta por la Secretaría Técnica y ahora ya se inicia la segunda etapa de este proceso”
“Cuando llegué no había ni siquiera un cronograma de trabajo, no había metodología propuesta por la Secretaría Técnica y ahora ya se inicia la segunda etapa de este proceso”, manifestó la ex coordinadora durante la sesión N°21 de la Comisión Derechos de Pueblos Indígenas celebrada hoy. En efecto, hasta hace sólo unas semanas no existía un rumbo concreto en los plazos y las formas en los que se daría esta importante tarea. Por lo mismo, en una visión transversal por parte de los convencionales que integran la comisión, se calificó la incidencia de Mamani, que es abogada de profesión, como crucial: entregó orden y precisión a una instancia sumida en la incertidumbre.
Durante la sesión de hoy, el convencional representante del pueblo chango, Fernando Tirado, apuntó a Margarita Vargas, la otra coordinadora de la Comisión y única que ha mantenido el cargo desde que se instaló el órgano, para que también ponga su puesto a disposición. “Todo tiene su inicio y su final, para que exista una participación y rotación, creo que así como Isabella renunció, Margarita Vargas también debería dejar su cargo, para que esto sea parejo”, afirmó Tirado.
Pero la petición del convencional se hundió en cuanto terminó de intervenir. Vargas fue clara al indicar: “Yo no me quiero perpetuar en el cargo», afirmó para añadir: «El artículo 74 del Reglamento indica que ‘en todo momento un tercio de los convencionales que integran la comisión temática podrán pedir la renuncia de uno o ambos coordinadores sólo por causa grave y debidamente justificado’”. Pero otros convencionales se opusieron a esa idea.
Al inicio de esta jornada sonaba el nombre de Wilfredo Bacian, del pueblo quechua e integrante de la Comisión Forma de Estado, para ocupar el puesto dejado por Mamani. En la sesión, que comenzó pasadas las 15:00 horas, se propuso su nombre. Bacian forma parte de la Coordinadora Plurinacional y Popular y, dado que otros sectores de la comisión y los escaños reservados no indicaron tener otras preferencias, Bacian fue nombrado como el coordinador que acompañará a Vargas en el resto del proceso que dará vida a la Consulta Indígena.
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Durante la sesión, la convencional Angélica Tepper (D23 independiente por RN), una de las cinco integrantes del grupo que no pertenece a los pueblos originarios, preguntó cuándo comienza la etapa de difusión de la Consulta Indígena. Pero resulta que el 24 de enero, en una ceremonia celebrada en el cerro Huelén, se dio inicio al proceso. Al lanzamiento asistieron la Mesa Directiva y los escaños reservados. Ese acto se consagró como puntapié de la primera etapa de la consulta: la de la difusión.
Tiare Aguilera (pueblo Rapa Nui) manifestó su sorpresa ante el desconocimiento de Tepper. Según el cronograma, que fue elaborado por la Secretaría Técnica de Participación Indígena, el lunes 14 de febrero partió la segunda etapa del proceso, que aborda la discusión territorial. Aguilera aseguró que en la isla los encuentros ya se están desarrollando. De ellos saldrán insumos de los distintos pueblos de cara a la discusión constituyente.
El convencional Eduardo Cretton (D22 por la UDI) volvió a reafirmar sus críticas por el proceso. Para él es un “maquillaje de consulta”, debido a la falta de tiempo y de coordinación. Cretton hizo referencia al oficio presentado por cuatro convencionales de Vamos por Chile -además de él mismo, Constanza Hube, Katerine Montealegre y Felipe Mena- en el que se pide a la coordinación de la Comisión, entre otras cosas, que «se transparenten las infracciones reglamentarias y las irregularidades relativas a los gastos del proceso de participación y consulta indígena”. En el documento exigen claridad sobre los $974.000.000 transferidos al Consorcio de Universidades del Estado que están apoyando el proceso de consulta y que no habrían rendido gastos ni han informado sobre cómo se han ejecutado los recursos.
Para desarrollar los cabildos territoriales donde se obtiene la opinión de los pueblos, fueron contratados facilitadores, moderadores, digitalizadores, traductores, intérpretes y coordinadores del proceso. Chile Vamos solicita conocer cuáles fueron los criterios para la elección del personal y si están debidamente capacitados. Toda esta información es principalmente manejada por la Secretaría Técnica, que es la que lleva a cabo la Consulta en la práctica. Hasta el momento, esa instancia no ha presentado informes sobre cuántas son las personas que se disponen para la Consulta y si es que ese número es suficiente para abarcar las 4.154 comunidades indígenas y 2.916 asociaciones que se esperan sean parte del proceso. Δ
