En el largo camino del reconocimiento de la diversidad indígena en Chile, la Convención Constituyente ha sido un portal desde el cual los pueblos originarios han ejercido presión para abordar los problemas históricos e instaurar la autodeterminación. Esta vez, la necesidad de crear un sistema de pluralismo jurídico llevó a que la Comisión de Sistemas de Justicia apruebe en general dos Iniciativas Populares Indígenas que promueven tribunales de justicia exclusivos para las naciones originarias.
La primera en ser admitida fue una norma ingresada por el pueblo mapuche-lafkenche, quienes luego de su último Congreso, realizado entre el 10 y 12 de diciembre, redactaron 12 propuestas que de a poco están siendo discutidas por las Comisiones que corresponden. La iniciativa llamada “Pluralismo jurídico, sistemas normativos y derecho propio indígena” fue presentada por Aldo Cárdenas, quien explicó que está basada en el afán de su pueblo de volver a ejercer la justicia en la forma en que sus antepasados lo hacían. Previo a la instauración del Estado chileno, explicó, los lafkenches tenían autonomía para ejercer justicia interna ejercida por el concejo de lonkos, a través de sus weichafes (guerreros), su kimün (conocimiento) y cultura. Su iniciativa fue aprobada en general por 12 votos a favor y 7 en contra.
El caso de Gabriela Blas
Doris Aguilera, presidenta de la Comunidad Indígena Aymara, explicó mediante un video la Iniciativa Popular Indígena denominada “Creación de los tribunales de los pueblos indígenas en la nueva Constitución”. En su argumentación relató el icónico caso de Gabriela Blas, miembro de su colectividad, quien en 2007 pastoreaba en la montaña un ganado junto a su hijo de casi 4 años: “Gabriela se dio cuenta de que faltaban dos llamas. Dejó a su hijo allí sobre un aguayo y fue a buscar a los animales. Cuando regresó, el niño había desaparecido. Según ella, lo buscó hasta el anochecer y al día siguiente fue a Carabineros de Chile para denunciar la desaparición. Un año después, en 2008, el niño apareció sin vida y no se buscó determinar la causa de su fallecimiento”, indicó.
“Gabriela Blas pagó los resultados de su cosmovisión y de la sociedad en donde está inserta”.
En el desarrollo de la investigación, Blas dio diferentes versiones bajo la presión de los agentes de seguridad “por sentirse amenazada”, como relató. Posteriormente, el tribunal consideraría su comportamiento como un intento de obstruir las investigaciones y fue acusada de ser responsable de la muerte de su hijo. Aguilera narró cómo Blas fue interrogada en innumerables ocasiones, con restricción significativa de agua y comida: “Amarraron su cuello con un cordón de botas, amenazaron con meterla en un contenedor de agua, con aplicarle descargas eléctricas y desenfundaron el arma de fuego en frente de ella para intimidarla”.
Gabriela Blas fue condenada a 12 años de presidio por su participación en calidad de abandono de un menor, con resultado de muerte. «Gabriela estuvo recluida durante 3 años en prisión preventiva, de los cuales 5 meses estuvo aislada en confinamiento solitario. No se le leyeron sus derechos, ni se le permitió el acceso a una defensa legal adecuada», relató Aguilera. En 2012 fue favorecida por un indulto general que significó su excarcelación, pero también el rechazo de su comunidad, desde donde se vio obligada a mudarse y enfrentar la indigencia.
Para Aguilera no existe una explicación para entender por qué ciertas instituciones del Estado chileno no generan confianza a los pueblos originarios, que poseen otros códigos para proceder en ciertas circunstancias. Este proceder sólo refleja, desde su perspectiva, desconocimiento sobre las diferentes culturas que habitan el país. “Gabriela Blas pagó los resultados de su cosmovisión y de la sociedad en donde está inserta”, enfatizó la representante aymara.
Este caso emblemático de injusticia intercultural obligó a que en representación del Estado de Chile y en presencia del Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, el entonces canciller Heraldo Muñoz pidiera disculpas a la madre aymara, porque la justicia chilena no entendió su realidad ancestral. Se estima que la triple discriminación -por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre- ha sido parte del contexto histórico de exclusión de los pueblos indígenas, donde también interactúan las brechas sociales y territoriales.
La Iniciativa Indígena presentada por Aguilera fue también aprobada por la Comisión con 16 votos a favor y 3 en contra. Propone un tribunal de Asuntos Indígenas en cada región donde haya presencia de comunidades originarias. Este órgano deberá ser asistido por una consejería técnica con pertinencia cultural. Este tribunal estaría integrado por cinco miembros, en cuyo nombramiento se privilegiará el conocimiento sobre la cultura y derecho propio de cada pueblo.
Estas dos Iniciativas Populares Indígenas podrían cambiar el sistema judicial chileno hacia la plurinacionalidad y la autodeterminación. Para lograrlo tendrán que ser discutidas en particular por la Comisión de Sistemas de Justicia y presentadas al Pleno para ser rechazadas o ratificadas, si es que encuentran el apoyo de 2/3 de los convencionales. Δ
