El informe de reemplazo de normas transitorias, que se aprobó este martes 14, fue uno de los más exitosos que ha pasado por el pleno de la CC. Un 95% de confirmación obtuvo el documento y la mayoría de los artículos superaron la barrera de 103 votos. Para los partidos políticos el régimen de transición del Sistema Político, el calendario electoral y los quórums de reforma constitucional parecieron ser los puntos a destacar de la jornada de ayer, sin embargo, se aprobaron muchas más normas.
Dentro de los 41 artículos que llegaron a la propuesta están los que versan, por ejemplo, sobre derechos sociales, el agua, las consultas para convertir a Chiloé y Aconcagua en regiones, tierras indígenas, entre otros. Con esto, el Ejecutivo y el Legislativo tendrán una agenda de modificaciones importantes de aquí a los cuatro años siguientes, en caso de que el 4 de septiembre gane el Apruebo.
La primera vez que el informe de normas transitorias pasó por el hemiciclo sólo pudo aprobar 20 artículos de los 58 que presentó. En esa instancia, los artículos más relevantes que superaron los 2/3 de los votos fueron los referidos a derechos sociales. En ese punto se definió que el Presidente de la República contaba con dos años en total para presentarle al Congreso los proyectos de ley que impulsen la creación los sistemas nacionales de salud, educación, cuidados y suelos públicos. Ayer, el pleno avanzó en esa definición, con 113 votos a favor, y agregó un tiempo límite de tramitación de estas materias en el Parlamento: “El Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a veinticuatro meses contados desde la fecha de su presentación”, dice la norma. Es decir, dos años para presentar el proyecto y dos años para tramitarlo.
Un camino diferente siguió el derecho a la vivienda. Se aprobó con 118 votos y, a pesar de que se presentó como un artículo independiente, la tramitación de ejecutivo y legislativo sobre la materia es básicamente idéntica a los otros derechos sociales. Se estableció un plazo de dos años para que el Presidente de la República ingrese un proyecto de ley sobre “vivienda digna y ciudad” y la legislación tendrá un plazo de dos años para que se despache esta ley. Además, se estableció que, luego de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el ejecutivo tendrá un plazo de 18 meses para “diseñar y dar inicio a la implementación” de un plan de emergencia mediante casas de acogida “para víctimas de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos y la radicación de asentamientos informales”.
Otro de los temas que había generado ruido y preocupación era la norma que determinaba la edad de jubilación de los jueces del Poder Judicial. Esto, porque en caso de que no existiera una norma transitoria sobre el tema, más de 100 jueces y juezas debían jubilar forzosamente en cuanto entre en vigencia la nueva Constitución. El alboroto, eso sí, fue más afuera que dentro de la CC, pues al interior había certezas de que la norma respectiva era necesaria y sería aprobada. Y así fue por 115 votos a favor: “El cese de funciones a los setenta años de edad no será aplicable a los jueces y las juezas a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución”, es decir, que para quienes ya forman parte del primer escalafón del Poder Judicial, – jueces, juezas y funcionaros de los tribunales- regirá la edad de jubilación actual de 75 años.
“A veces, uno tiene que optar por el mal menor y en este caso mitigar el daño de una salida masiva de más de 100 jueces”. Ruggero Cozzi (RN)
Esta es una de las pocas normas, si no la única, que la derecha considero que “va en el sentido correcto”, aseguró Cristian Monckeberg (RN), porque su aprobación asegura que “las actuales autoridades que están en ejercicio no tengan que irse de la noche a la mañana”, agregó el ex ministro. Ruggero Cozzi, del mismo partido, explicó que concurrieron con sus votos por “un acto de responsabilidad”. Si bien no estaban muy de acuerdo con la norma que acorte la edad de jubilación de los jueces, Cozzi asumió que “a veces, uno tiene que optar por el mal menor y en este caso mitigar el daño de una salida masiva de más de 100 jueces”.
Otro artículo sobre justicia que estaba a la espera de ser aprobado fue el que pone fin al Tribunal Constitucional: Establece que, una vez entrada en vigencia la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo, el TC no podrá conocer causas nuevas durante seis meses y tendrá que resolver las que ya están en tramitación. Una vez cumplido ese plazo “cesará en sus funciones y se disolverá de pleno derecho”, tras lo cual se instalará la Corte Constitucional y comenzará a operar como Tribunal supremo.
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En materia de aguas el acuerdo se sostuvo con 114 votos a favor. La principal norma sobre esta materia establece que el Ejecutivo tendrá un plazo de un año para enviar un proyecto de ley que establezca la creación de la Agencia Nacional de las Aguas, ente que será responsable de la asegurar y fiscalizar el uso sostenible de este bien.
Sobre cómo los derechos de aprovechamiento de agua iban a regir una vez aprobada la nueva Constitución, hubo un espacio en el que no se llegó a acuerdo y se abrieron dos posturas: Una del Frente Amplio y otra de la Coordinadora Plurinacional. Si bien las normas eran muy similares y las dos establecían que los derechos de agua se transformarían en permisos de autorización, la del FA incluyó la posibilidad de realizar transferencias de estas autorizaciones en tanto permita satisfacer el derecho humano al agua y al saneamiento.
Para la Coordinadora Plurinacional, la idea frenteamplista abría un vacío legal en el que los titulares de permisos de aguas pudiesen hacer negocios a través de estas transferencias y por eso no lo incluyeron en su propuesta. Esa iniciativa no prosperó y solamente alcanzó 84 votos favorables, por lo que quedó fuera del debate.
Pasó la que respaldaba el Frente Amplio, presentada por Jennifer Mella (FA), y que obtuvo los 103 votos justos sumando apoyos del Colectivo Socialista y algunos sectores independientes.
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Los pueblos originarios lograron la aprobación de una de las normas más sentidas, la creación de la Comisión Territorial Indígena, que logró superar los 2/3 con 107 votos. El Ejecutivo deberá convocar a esta Comisión en un plazo de seis meses y será la responsable de hacer catastros, planes, políticas públicas y programas en materia de restitución de tierras indígenas. Será conformada por representantes de pueblos y naciones indígenas, del Estado y “por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombradas por el Presidente de la República”.
“Por fin podremos darle una ruta de solución a un problema que aqueja a todos los territorios indígenas”. Adolfo Millabur (Mapuche), sobre la Comisión Territorial Indígena.
Adolfo Millabur (Mapuche) declaró estar contento por la aprobación de la norma puesto que “para nosotros esta comisión tiene una importancia capital”. El ex alcalde de Tirúa explicó que a través de este artículo “por fin podremos darle una ruta de solución a un problema que aqueja a todos los territorios indígenas”. Félix Galleguillos (Lickanantay) también hizo el punto respecto a que las materias indígenas no son las únicas normas que les interesan a los escaños reservados, sino que también otras comunes, cómo por ejemplo, el acuerdo alcanzado sobre las aguas. Galleguillos recalcó que el pacto trajo normas que “permiten dar certezas respecto al tránsito que va a tener este país con esta nueva propuesta constitucional”.
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Una de las normas que vio peligrar su inscripción en el borrador constitucional fue aquella que permite una consulta ciudadana vinculante sobre la creación de nuevas regiones en Chile: “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Chiloé?” y “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Aconcagua?”. La papeleta, al igual que en este proceso constitucional, contendrá dos alternativas: Apruebo y Rechazo. Si bien había sectores que no querían que Aconcagua fuese parte de este debate, la posibilidad de que Chiloé se transformara en región pesó más y «arrastró» a Aconcagua, consiguiendo 112 votos. Así que, en caso de que se apruebe esta propuesta constitucional, en el plazo de un año se convocará esta consulta para los habitantes del Aconcagua y Chiloé.
Solamente dos normas transitorias quedaron fuera de la discusión. La primera, que sólo alcanzó 90 votos a favor, tuvo su origen en el informe la Segpres que el ministro Giorgio Jackson presentó en Antofagasta y proponía la creación de un Consejo de Implementación de la Nueva Constitución. El informe acogió la sugerencia y propuso crear este consejo que tenía la función de “presentar informes de avance y realizar recomendaciones sobre adecuaciones normativas y políticas públicas necesarias para el proceso de implementación de esta Constitución”. Aunque se rechazó, las atribuciones actuales del Presidente Boric, permiten conformarla de todas maneras.
La segunda, que quedó fuera por dos votos, establecía que los establecimientos penitenciarios que se encuentren bajo régimen de concesión “mantendrán dicho régimen” hasta el término del convenio sin posibilidad de renovación. Esto significa, que será el Congreso Nacional quien decidirá cuándo y cómo eliminarán las cárceles concesionadas del sistema penitenciario. El riesgo, para aquellos que marcaron su voto a favor, es que esta problemática circule en el Congreso y demore su tramitación. Δ
