40.018 víctimas de la dictadura cívico militar registró la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como la Comisión Valech. Fue una instancia histórica de memorias en que se constataron las condiciones en que se dio la prisión política, sus métodos, las consecuencias que sufrieron las víctimas y se propuso actos reparatorios. Surgió en el Chile de Ricardo Lagos, en 2003, tres años después del regreso de Pinochet a Chile, tras la negociación diplomática que terminó con 503 días de arresto domiciliario en Londres.
Casi dos décadas desde esa partida, este martes 10 de mayo la Comisión Valech volvió a la mesa, tras la aprobación de una propuesta del convencional Roberto Celedón (Apruebo Dignidad) en Derechos Fundamentales: una norma transitoria que busca derogar el decreto que establece el secreto sobre los «documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas», que recogió la instancia encabezada por el fallecido obispo Sergio Valech.
Tras reconocer el derecho a la justicia, la verdad, la memoria y la prohibición de la impunidad de los perpetradores que tienen las víctimas de violaciones a los DD.HH., la propuesta declara que el embargo de los antecedentes de la Comisión Valech es «contrario a los principios y derechos reconocidos en esta Constitución, por lo que dicha disposición, que prevé el embargo, se deroga ipso facto». Igual precisa: «Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce el derecho de los descendientes o representantes legales de las víctimas de estas violaciones a mantener el secreto, si así lo manifestaren ante el organismo que tenga bajo custodia dicha información».
El texto es parte de las normas transitorias que serán trabajadas por la Comisión respectiva -en este caso, transitorias se ocupará de proponer la guía para avanzar hacia una nueva institucionalidad- y que llegarán a ser votadas por el Pleno.
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La ley 19.992 que enmarca la actividad de la Comisión Valech dice textual: «El secreto establecido se mantendrá durante el plazo de 50 años, periodo en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior». Incluso sanciona «la comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal».
«Nunca conocí a nadie haya pedido reserva. A los únicos que le sirve la reserva es a los agentes del Estado, para evitar que haya justicia y evitar que se conozca la verdad». Roberto Celedón (Apruebo Dignidad)
Roberto Celedón es el redactor de la norma y una de las 35.865 personas que sufrió tortura y prisión en la dictadura de Augusto Pinochet. Argumenta sobre la petición de terminar el secreto de la Comisión Valech así: «Nunca conocí a nadie haya pedido reserva. A los únicos que le sirve la reserva es a los agentes del Estado, para evitar que haya justicia y evitar que se conozca la verdad».
El abogado y representante del D17 explica por qué, en su criterio, es necesaria esta medida: «Respecto de los victimarios, cuando pierden la razón o se fallecen, se le sobresee de alguna manera y con eso se termina la justicia. Esa es la razón por la cual se estima, en el marco de normas que reconocen el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, que esto es importante. Termina con normas que faciliten impunidad, el ocultamiento de información que es valiosa en el punto de vista penal y, en última instancia, desde el punto de vista histórico».
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No es primera vez que la idea de levantar el secreto llega a la discusión pública. Ya fue propuesta por la presidenta Michelle Bachelet, el 11 de septiembre de 2017. Un dato llamativo: el informe realizado sobre este proyecto de ley para la Biblioteca del Congreso Nacional fue firmado por Matías Meza-Lopehandía, actual jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric.
Es un tema de mucha relevancia y complejidad histórica y humana. Concita críticas y apoyos. El presidente Lagos se pronunció en contra, tal como algunos de los propios integrantes de la Comisión, como Lucas Sierra y Luciano Fouillioux. Uno de los argumentos es que este cambio de condiciones afectaría a las víctimas. «Es cierto, siempre se puede hacer más, pero ante todo se debe respetar la decisión de las víctimas de querer hacer pública sus historias. A ellos los debemos proteger», ha argumentado el ex gobernante.
«Es cierto, siempre se puede hacer más, pero ante todo se debe respetar la decisión de las víctimas de querer hacer pública sus historias. A ellos los debemos proteger». Ricardo Lagos Escobar
La revelación o no de este secreto se instaló desde el inicio de la Convención. Mientras operaban las comisiones transitorias, en agosto de 2021, la de Derechos Humanos propuso esta norma, pero no logró los 2/3. Ahora vuelve a someterse al Pleno como norma transitoria, explica Celedón, por un acuerdo entre las organizaciones y personas que fueron víctimas de la dictadura: «Llegó el momento de plantear esto porque, además, hay un compromiso internacional de Chile para no permitir la impunidad frente a las violaciones graves a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad”.
Las opiniones seguirán divididas. Otra voz autorizada es la de Elizabeth Lira, quien integró la Comisión Valech y actualmente es parte del Comité de Ética de la Convención. Escribió en 2021 un texto en que plantea las complejidades de la decisión: «A mi juicio, debe compatibilizarse la responsabilidad de no dañar a las personas, con el respeto de la libre decisión de quienes señalan que la denuncia pública es parte de su propia reparación».
Para leer el informe Valech puedes hacer click acá. ✋Δ
