«Todo está en contra. Esta es una situación excepcional», dijo la presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros, sobre la Consulta Indígena hace una semana. Y es cierto. El tiempo acotado, los recursos, la pandemia, los problemas internos entre los escaños reservados y la falta de liderazgo dentro de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas han dado vida a un contexto muy complejo para llevar a puerto uno de los procesos clave para el éxito de la CC: la Consulta Indígena.
En cuanto se realizó el cambio de Mesa Directiva, de la que salió Isabella Mamani (pueblo Aymara) y entró Wilfredo Bacian (pueblo Quechua), Quinteros anunció que la consulta será uno de sus focos principales de atención y que se ha tomado en serio esta idea.
Desde finales de enero, la presidenta se ha estado reuniendo con representantes de ministerios para pedir apoyo y establecer un trabajo mancomunado. En un principio, las instituciones del Estado no estaban consideradas para contribuir en la consulta, por las amplias diferencias que tenía la anterior mesa, que encabezaban Elisa Loncon y Jaime Bassa, con el Ejecutivo. Quinteros superó esas limitaciones. Tenía que hacerlo, considerando la baja posibilidad que la Convención tiene de realizar solo por su cuenta un despliegue tan amplio por el país como el que requiere la consulta.
El monto presupuestario final que Quinteros presentó al ministro de la Segpres, Juan José Ossa, para la Consulta Indígena es de $1.439 millones de pesos.
El monto presupuestario final que Quinteros presentó al ministro de la Segpres, Juan José Ossa, es de $1.439 millones de pesos para el proceso. Quinteros informó en un punto de prensa que «no está contemplado por ahora solicitar financiamiento al Gobierno». La Mesa Directiva ha intentado elaborar planes de financiamiento con los recursos que ya se poseen y redistribuir dineros: «Se utilizará una parte no determinada de tres subtítulos presupuestarios correspondientes al año 2022. Uno de contratación de personal; el de participación ciudadana, que cuenta con $261.000.000, y vamos a revisar cuánto del subtítulo 22, de bienes y servicios de consumo, se va a utilizar», manifestó Quinteros.
Los amplios convenios que ha realizado la CC con gobernaciones regionales, municipios, universidades, ministerios y otras instituciones le permiten a la Mesa Directiva calcular que un 60% de la consulta será cubierta con el aporte externos. El otro 40% saldrá de fondos propios, destinados a la CC por la Segpres.
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La Consulta Indígena es calificada como una de las claves para el éxito de la Convención, porque se propuso velar especialmente por la participación de personas pertenecientes a pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. A pesar de las infinitas dificultades, el proceso partió el 24 de enero con la etapa correspondiente a la difusión y educación del proceso participativo.
Esta semana ya está en la segunda etapa: se realizan los diálogos y talleres de discusión en las diferentes comunidades, proceso que terminará el 4 de marzo, para proceder a la etapa final de sistematización y elaboración de informes, que debe terminar el 25 de marzo. Estos plazos acotados se deben a que los resultados tienen que estar disponibles antes de que termine la votación de informes en el Pleno. De quedarse fuera de esa instancia, la Consulta entera no sería incidente en la nueva Constitución. El último Pleno está fijado para el 22 de abril.
Quinteros tomó las riendas de la Consulta Indígena y creó una mesa directiva, con integrantes de su equipo de asesores remunerados con los gastos para personal de apoyo de la CC, para que coordinen las etapas. Este equipo está liderado por Giselle Davis, antropóloga y docente del Centro de Salud Pública de la Universidad de Talca, quien se encuentra en comisión de servicio. Ellos deben gestionar la Secretaría Técnica, integrada por profesionales que crearon la metodología y cronograma de la Consulta Indígena.
“Soy testigo de las horas extenuantes de trabajo y espero que me devuelvan mi equipo pronto, porque estoy sola desde hace una semana. Lo digo para que se dimensione también los esfuerzos que se han hecho”
«Soy testigo de las horas extenuantes de trabajo y espero que me devuelvan mi equipo pronto, porque estoy sola desde hace una semana. Lo digo para que se dimensione también los esfuerzos que se han hecho», comentó Quinteros en una sesión de la comisión. La presidenta ha estado presente en la mayoría de las sesiones de esta comisión y se encarga incluso de responder las preguntas que los convencionales tienen sobre el proceso.
El equipo de Quinteros logró aterrizar los detalles del proceso. Davis anunció que existirán dos formas de participación: encuentros convocados por la CC y encuentros autoconvocados por organizaciones indígenas. En la página web de la Convención se creó un apartado para obtener el documento de Consulta, que posee cinco preguntas en torno a 25 derechos colectivos de los pueblos originarios. Son éstas:
- Para los Pueblos Originarios, ¿qué debería estar escrito en la Nueva Constitución?
- ¿Qué se necesitaría para que esto se haga realidad?
- ¿Qué normativa propones?
- ¿Los PP. OO. están de acuerdo con que estos principios y derechos sean incorporados a la Nueva Constitución?
- ¿Consideras que falta alguna otra temática? ¿Cuál?
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La Secretaría Técnica espera que se alcance una participación de 18.790 personas en el país, con 932 encuentros en 133 comunas. Para lograrlo era necesario un despliegue de recursos humanos. Los principales cargos para el desarrollo de la consulta son tres: coordinación regional, que será realizada por los Gobernadores regionales; coordinación territorial de los pueblos, que será llevada por los integrantes de la Secretaría Técnica o por dirigentes sociales de cada pueblo, y equipo ejecutor, que son personas contratadas para ser facilitadores, traductores, moderadores y digitadores.
De este equipo técnico se desconoce cómo han sido seleccionados, incluso para quienes componen la Comisión de Derechos Indígenas. No sólo eso, el 21 de febrero cuatro convencionales de la derecha, uno de ellos Eduardo Cretton (UDI) y que forma parte de la comisión de Pueblos Indígenas, ingresaron un oficio pidiendo detalles a la otra coordinadora de la comisión, Margarita Vargas (pueblo Kawésqar).
El texto de seis folios requiere conocer los criterios que se adoptaron para la selección de los facilitadores, moderadores, digitalizadores, traductores, intérpretes y coordinadores del proceso, y para «la determinación del monto de sus sueldos». Se solicitó los CV, antecedentes de la capacitación y el estándar usado para «la determinación del monto de $23.400.000, destinado para los Coordinadores Territoriales, y de $12.000.000 para la coordinación de logística».
La Secretaría Técnica espera que se alcance una participación de 18.790 personas en el país, con 932 encuentros en 133 comunas.
También pidieron conocer si «acaso los gastos por traslado contemplados en el presupuesto se desembolsarán de acuerdo a una licitación pública» y «qué ha ocurrido con los $974.000.000 transferidos al Consorcio de Universidades del Estado Chile a propósito del convenio celebrado con éste para la ejecución de las actividades de la Consulta Indígena». El texto acusa que «no existe transparencia acerca a la rendición de los gastos».
Sobre estas peticiones se saben algunas respuestas. Por ejemplo que los retrasos continúan: del 7 al 11 de febrero se debía capacitar al personal, pero la formación se realizó de forma breve y telemática el viernes 11, sólo dos días antes del comienzo del despliegue territorial.
La orgánica que ha rodeado a la Consulta llegó a ser muy amplia debido a la influencia de Quinteros en el proceso. Logró que gran parte de los recursos humanos y financieros fueran otorgados por entes externos y no por la Convención. Por ejemplo, la Secretaría Técnica es un equipo que trabaja ad honorem: «Con la promesa de que tendrán remuneración en algún momento”, cuenta uno de sus integrantes. Aún sin pago, añade que han entregado sus servicios sólo «por la importancia histórica» de la consulta.
Se calcula que hay 201 personas en el equipo técnico para desplegarse en todo Chile: a ese grupo debe pagarle la CC. El resto, alrededor de 15 mil personas, no lo cubre la Convención, sino que ha sido solicitado a los gobiernos regionales, a la Conadi y a los ministerios.
Desde la dirección de finanzas y transparencia del equipo de Quinteros comentan que lo más relevante ha sido subvencionar honorarios del personal. Se calcula que hay 201 personas en el equipo técnico para desplegarse en todo Chile: a ese grupo debe pagarle la CC. El resto, alrededor de 15 mil personas, no lo cubre la Convención, sino que ha sido solicitado a los gobiernos regionales, a la Conadi y a los ministerios, quienes dan préstamos de personal y, entre otras cosas, financian la alimentación, el transporte y los insumos.
La Consulta tiene sólo dos meses para ver la luz. Es un tiempo récord para un proceso de éste tipo: generalmente toma al menos de seis meses y hasta un año. Esta es una de las razones por las que convencionales de los escaños reservados tenían dudas e hicieron advertencias: no se desea que este proceso de consulta, con sus particularidades, sirva como estándar para futuros procesos. Ésta, por el contrario, es una excepción.
La convencional representante del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera Hey, lo explica así: «Este proceso no puede ser comparado con una consulta normal y no se puede decir que no cumple con los estándares o que es pauteada y que no responde a los tiempos». Aguilera también forma parte de la comisión de Forma de Estado. Dice: «Hay que ser cuidadosos y verlo en su justa medida. Hay que entender que tenemos un cronograma muy ajustado y que hay que llegar antes de que terminen las votaciones y que comience el proceso de armonización».
La agilidad en las gestiones de María Elisa Quinteros no han eliminado la preocupación ni la urgencia de los convencionales de escaños reservados por llegar con resultados antes de abril. Tienen que alcanzar a tener resultados para formar parte del debate que corresponde en el Pleno y transformar así los resultados de la Consulta Indígena en normas constituyentes. Δ
