«Nos parece tremendamente importante que espacios de definición como la CC estén en regiones. Esto no se podía dar solamente en la sede del ex Congreso, porque era necesario ir donde muchas veces se sufren y se viven problemas que la nueva Constitución busca resolver», declaró el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en la Biblioteca Regional de Antofagasta.
El traslado exprés desde Santiago a Antofagasta tuvo como objetivo presentar ante la Comisión de Normas Transitorias el informe elaborado por la División de Estudios de la Segpres, que contiene orientaciones para la elaboración de normas transitorias. Uno de los aspectos que pretende solucionar el informe es que las normas logren convertirse en la realidad de las personas y que no queden dando vueltas en el sistema Legislativo: “No podemos decirle a la gente que por falta de acuerdos, hay letra muerta”, dijo Jackson.
Desde que asumió el presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo ha estado muy ligado a la Mesa Directiva de la CC durante esta última etapa pues, en caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre, la Segpres estaría encargada de la implementación de la nueva Carta Fundamental con las leyes vigentes.
En concreto, el documento presentado por Jackson consta de un “pequeño preámbulo” sobre la importancia de los artículos transitorios para el desempeño y ejecución de una Constitución y un marco teórico enfocado en apoyar el trabajo de los 33 convencionales que integran la comisión de Normas Transitorias, con el fin de identificar aspectos cruciales para definir la entrada en vigencia de las distintas normas.
Ya se adelantaba que la creación de una Comisión de Implementación es una de las iniciativas principales del gobierno para identificar las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que la nueva Constitución implicará. De acuerdo con los temas focales discutidos en las primeras sesiones de la Comisión de Transitorias en materias de aguas y minería se sugiere mantener la normativa actual en lo referido a la expropiación, hasta que no se dicte una ley que pueda regular cada una de las materias. Lo mismo se indica sobre la restitución de tierras indígenas.
El informe presentado por el ministro entrega propuestas para cada una de las siete comisiones temáticas que trabajó para el borrador, presentando propuestas en los plenos deliberativos que terminaron este sábado 14.
En materia de aguas se ocupa un apartado más extenso sobre su estatuto constitucional: La CC aprobó que el agua es “un bien común inapropiable” y que la Agencia Nacional de Aguas será la institución del Estado que podrá otorgar autorizaciones de uso, de carácter incomerciable y sin que generen derechos de propiedad. Ante esta norma, Jackson enfatizó en que “esto constituye una modificación sustancial del régimen de aprovechamiento de aguas en comparación al existente en el actual Código normativo. Es necesario que existan certezas para los sectores agrarios y productivos, pero sobre todo para las familias”. En el informe se adelanta que será necesario regular a la nueva institucionalidad más de 300 mil derechos de aprovechamiento de aguas.
El texto del Gobierno advierte que “la falta de certeza respecto a si los titulares de derechos de aprovechamiento podrán continuar usando agua podría afectar seriamente a la economía, ya que podría traer incertidumbre a los sectores productivos que dependen del agua”.
“Un nuevo régimen de concesiones mineras no puede ser aplicado directamente por la Constitución”. Ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.
Desde la Coordinadora Plurinacional y la Bancada eco constituyente calificaron la propuesta del Gobierno como “preocupante”. Marco Arellano coincide en que la transición debe ser estructurada y pausada; sin embargo, dice, lo expuesto en el informe de la Segpres no permitiría que la distribución de aguas pueda satisfacer el derecho humano consagrado en el borrador. “Probablemente condenen a muchas comunidades a no tener acceso al agua en el corto plazo y probablemente cuando se termine legislando ya no va a quedar agua en los territorios”, apuntó.
Con respecto a la regulación de las materias de minería, la Segpres recuerda que “si bien no se aprobaron normas permanentes referidas al régimen de concesiones mineras, la Comisión de Medio Ambiente ya aprobó en general propuestas de normas transitorias que modifican la normativa actual minera”. Lo más complejo está en la norma aprobada por el Pleno que “excluye toda actividad minera de glaciares, áreas protegidas y zonas de protección hidrográfica”.
Ante esta restricción del trabajo minero en glaciares, la Segpres explica que en la actual normativa todos los años se piden concesiones para desarrollar actividades extractivas y “el proceso de solicitudes de los últimos dos años fue de 3.932, mientras que las concesiones de exploración que se solicitan anualmente alcanzan aproximadamente las 17.000”. Actualmente, existen proyectos mineros en ejecución emplazados en zonas de glaciares y áreas protegidas, como la División Andina y la División El Teniente de Codelco.
El texto explica sobre el funcionamiento de este tipo de proyectos: “un nuevo régimen de concesiones mineras no puede ser aplicado directamente por la Constitución”. Esto porque se necesita una ley que regule los aspectos técnicos y jurídicos, pero antes de que se dicte la nueva legislación indican que es necesario mantener la normativa actual “para permitir una transición ordenada y gradual, sin generar disrupciones que puedan afectar gravemente la economía”.
Asimismo, sobre la entrada en vigencia de las leyes, el Ejecutivo propone establecer una regla general que mantenga la normativa actual hasta que se dicten las nuevas leyes según dicta la nueva Constitución. En caso de que la Carta Magna actual tenga una ley contradictoria con la nueva Constitución, ésta quedará sin efecto.
Otra sugerencia de la Segpres fue que el quórum de aprobación de una ley cambie apenas se apruebe la propuesta constitucional. Actualmente, se necesita un quórum de 2 ⁄ 3 en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado para que se promulgue o modifique una ley. El borrador de nueva constitución propone, en cambio, mayoría simple.
En el informe se argumenta que en el caso de que se apruebe el proyecto de nueva Constitución, es “razonable” que la exigencia del quórum supramayoritario deje de operar debido al número importante de leyes que derivan del texto. El secretario de Estado agregó que, en caso de que el Congreso no llegue a acuerdos respecto a la implementación de derechos sociales “alguien va a tener que hacerlo”, por lo que no descartó la propuesta del contralor Jorge Bermúdez, quien indicó que en ese escenario sea el Ejecutivo quien implemente estos derechos por Decretos de Fuerza de Ley.
La sugerencia atrajo críticas de la derecha dado que existe la sospecha de que el Ejecutivo propone esta idea por conveniencia dado que el nuevo sistema haría más fácil la promulgación de leyes y, por lo tanto, mayor espacio para cumplir con el programa del Gobierno. “Este documento (el informe) no es ni técnico ni jurídico, es político y va de la mano con lo que le conviene al gobierno y hay que ser claros con eso”, dijo Constanza Hube (UDI). Pero contrario a Hube, para Tomás Laibe (CS), “lo técnico es indisoluble de la política”. Δ
