La Convención Constituyente se encuentra en el conteo final de votaciones, Plenos y acuerdos entre los diferentes colectivos, y la próxima semana será clave para definir puntos que han sido materia de discusión durante meses. La Comisión de Armonización realizará maratónicas jornadas de votación este fin de semana para votar las 539 indicaciones y terminar su informe para enviarlo al filtro final. Mientras tanto, este martes 14 la Comisión de Normas Transitorias sabrá si conseguirán los 2/3 necesarios para visar sus articulados.
En cuanto a la Comisión de Armonización, la Mesa Directiva debe entregar el protocolo para votar el informe en el Pleno. La fórmula de votación podría separar los sufragios en dos partes: primero se votaría sobre la ortografía, gramática y aspectos formales; y en segunda instancia las incongruencias y fusiones de artículos que la comisión propone. Se espera que este informe llegue al Pleno a partir del próximo 24 de junio.
Ya que la CC está en modo ‘cuenta regresiva’ para entregar el borrador el próximo 5 de julio, los próximos siete días cerrarán algunos capítulos de larga discusión y que siguen generando dudas. Por ejemplo, ¿Qué pasará con el quórum para reformar la nueva Constitución? ¿Cuándo se terminará el Senado? ¿Será Chiloé una región autónoma? Estos ejes temáticos se tomarán la agenda y aquí te explicamos estas aristas que aún quedan por resolver:
I. Agencia Nacional de Aguas
El modelo consagrado en la actual Constitución de 1980 consagra que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. En el proyecto constitucional que se votará el 4 de septiembre la propiedad sobre las aguas no existe, por lo tanto, este principio desaparece y las autorizaciones de uso “serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”, tal como indica el artículo del borrador.
Esta Agencia Nacional de Aguas sería el órgano encargado de implementar una Política Hídrica Nacional, a cargo de «otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua». La implementación de esta institución se decidirá el martes en el Pleno ya que la Comisión de Normas Transitorias propuso que en un plazo de doce meses el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para su creación. Mientras esta agencia no exista, la actual Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas actuará en coordinación con los gobiernos regionales para dar pie a su transición.
II. Comisión Territorial Indígena
Esta fue una propuesta planteada por los escaños reservados e implica la creación de un órgano que se encargue del trabajo y mecanismos de restitución de tierras. La propuesta transitoria indica que a un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Presidente de la República deberá crear por decreto esta comisión, garantizando financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa.
El funcionamiento de este órgano está contemplado por 8 años, que pueden renovarse por cuatro adicionales. Tendrá por objeto «elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes, políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, los que deberán ser cumplidos y ejecutados por los órganos competentes».
La conformación de esta nueva comisión de pueblos y naciones indígenas será elegida por sus propias organizaciones representativas, por representantes del Estado y por personas de «reconocida idoneidad que contribuyan al adecuado cumplimiento de los fines de la comisión». Estos últimos serán nombrados por el Presidente de la República. Nuevamente, todo lo aprobado por la comisión de Normas Transitorias será despachado al Pleno de la Convención Constitucional, donde se deberá tener el voto de los 103 convencionales este martes 14 de junio.
III. Quórum para reforma constitucional
Esta es una de las discusiones más controversiales y esperadas de la próxima semana. El quórum que será finalmente aprobado para poder reformar la nueva Constitución en caso de ser aprobada se había rechazado en los Plenos y solo quedó un mecanismo de mayoría simple para modificar la Carta Magna. Por su parte, los temas que impliquen cambios “sustanciales” en algunas materias necesitarían un referéndum, o ser aprobadas por 2/3 del Congreso.
“Se requerirá del voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado”.
La mayoría simple significaba para algunos convencionales un vacío que debe ser resuelto en las comisiones que siguen trabajado. Por eso, Armonización incluyó una indicación que señala: “Los proyectos de reforma a la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales, por iniciativa popular o iniciativa indígena. El proyecto de reforma necesitará del voto conforme de las cuatro séptimas partes de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”. Esta propuesta aún debe ser votada el fin de semana en Comisión para luego ser integrada al informe.
En la Comisión de Normas Transitorias fue complejo llegar a un acuerdo en esta materia ya que tanto Pueblo Constituyente como la Coordinadora Plurinacional defendían imponer los 3/4. Finalmente, la norma aprobada por esta comisión – que tiene la misión de proponer la transición entre la actual institucionalidad y la nueva- coincide con lo que se propondrá en Armonización, privilegiando los 4/7. El texto indica que: “Se requerirá del voto favorable de cuatro séptimos de las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado”.
IV. Fin del Senado
La controversial decisión de terminar el Senado, obligó a evaluar varias fórmulas se analizaron para hacer una transición desde la actual Cámara Alta a la Cámara de las Regiones, órgano que lo reemplazaría. En primer lugar, se propuso que el cambio fuera “mixto” y que en el 2026 los cupos de las y los senadores que terminan sus funciones fueran ocupados por asambleístas del nuevo órgano. Con esta opción, los senadores que no cumplían su período para el 2026 podían quedarse en sus cargos.
«Todos los funcionarios de la Cámara deberán dar un paso al costado el 11 de marzo del 2026, incluyendo a quienes aún no terminan el ejercicio de sus cargos»
Esta idea no prosperó en la Comisión de Normas Transitorias y la propuesta final es que todos los senadores deberán dar un paso al costado el 11 de marzo del 2026, incluyendo a quienes aún no terminan el ejercicio de sus cargos. Aún así, la iniciativa no quita la posibilidad de postular a los nuevos cargos legislativos en la Cámara de las Regiones o el Congreso de Diputados.
También se fijan con claridad fechas: En la propuesta se establece que el período presidencial que inició en 2022 terminará en 2026 y que la elección presidencial se realizará en noviembre de 2025. La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, y la elección de los diputados y representantes regionales se hará en noviembre de 2025. Estos últimos estarán en sus cargos excepcionalmente por tres años.
La izquierda acordó este camino para dar inicio al nuevo órgano. Los convencionales de derecha votaron en su mayoría a favor de la norma, a pesar de haber estado en contra de la eliminación del Senado. Ante la decisión, explican que es la “mejor forma para garantizar en cierta manera la continuidad dentro del Estado de Derecho de nuestro país», según comentó el convencional Pablo Toloza (UDI).
El próximo martes 14 de junio el Pleno deberá votar por última vez estas disposiciones transitorias.
V. Chiloé y Aconcagua como regiones autónomas
A finales de mayo, la Comisión de Normas Transitorias aprobó la iniciativa popular de “Nuevas Regiones de Chiloé y Aconcagua”, que recibió 16 mil apoyos de parte de la ciudadanía. La propuesta incluye el reconocimiento al archipiélago que actualmente forma parte de la Región de Los Lagos y precisa que “la nueva Región de Aconcagua integraría a la Provincia de Los Andes; Provincia de San Felipe de Aconcagua y a la Provincia de Petorca”.
En la primera vuelta del informe en el Pleno esta norma no pasó el filtro de los 103 votos y este martes vuelve para encontrar los 2/3. Esta norma estuvo a 8 votos de llegar al borrador y por eso, piensan sus promotores, con los votos de la derecha – que esa vez se abstuvo, pero los habría comprometido para esta ocasión- se podrán consagrar como regiones autónomas en la siguiente instancia. De todas formas, para que se genere más consenso, proponen algunos convencionales del FA que se abstuvieron, es necesario que se separe la norma ya que Chiloé como región sí concita acuerdos, pero Aconcagua no.
VI. Las definiciones de los pueblos originarios
La autodeterminación y las autonomías territoriales indígenas son normas consagradas en el borrador constituyente. Lo que aún está por verse es cuál será el procedimiento de implementación de estos derechos en cuanto a competencias y formas de delimitación territorial. Una norma transitoria pretende definir estos principios y propone que dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución se deberá realizar una Consulta indígena para que el Presidente envíe proyectos de ley que regulen la norma. Luego, “el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de tres años para su tramitación y despacho”.
Así, en un período de cinco años la legislación que atañe a los pueblos indígenas debería estar en funcionamiento. Pero primero es necesario que los plazos sean aprobados por el Pleno en la última vuelta de la propuesta. Δ
