Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera
La cuenta regresiva para el plebiscito de salida indica que, al día de hoy 3 de agosto, restan sólo 32 días para que los chilenos decidamos si se aprueba o se rechaza la Propuesta constitucional hecha por la Convención. A diferencia de todos los procesos que se han realizado después del 31 de enero de 2012, cuando cambió la regulación (ver recuadro), esta vez el voto será obligatorio y para sufragar se privilegiará la cercanía del domicilio de los electores. Existirán, además, una serie de otros detalles que considerar de cara al domingo 4 de septiembre. Por ejemplo, el voto penitenciario por primera vez en décadas; los aportes que hay detrás de cada campaña, y el voto en el extranjero, entre otros.
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El voto obligatorio
Desde las elecciones municipales de octubre de 2012, el voto en el país ha sido voluntario. Durante ese proceso de sufragio, en que se incorporaron cerca de 4.500.000 nuevos electores, sólo un 42% del padrón electoral ejerció su derecho a voto: hubo casi un 60% de abstención. Esto puso a Chile en la tónica de democracias en el mundo, que han ido consagrando el voto voluntario, y que han experimentado la desafectación ciudadana en los procesos electorales.
El sufragio será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile y tengan 18 años o más, lo que arroja un total de 15.076.690 de personas habilitadas para votar
De acuerdo a un informe preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD en 2017, solo un 13% de los países tiene un sistema de voto obligatorio y el 87% consagra uno voluntario. En Chile, la participación tras esa modificación fue a la baja. Durante esta década, la concurrencia a las urnas tuvo su tope para el plebiscito de entrada que decidió la realización de la Convención Constitucional: votaron unas 7.562.000 personas, lo que representó el 50,9% del padrón.
De ser aprobada la Propuesta el 4 de septiembre, Chile quedará bajo un régimen de voto obligatorio para los mayores de edad, tal como consagra el artículo 160:
«El sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido dieciocho años y voluntario para las personas de dieciséis y diecisiete años y para las chilenas y los chilenos que vivan en el extranjero. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico».
Ese día el sufragio será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile y 18 años o más. Eso arroja, según datos del Servicio Electoral (Servel), un total de 15.076.690 de personas habilitadas para votar en el país y 97.239 en el extranjero. Quien no asista a los locales de votación arriesga una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales UTM, que al valor actual va de $29.386 a $176.313, y caen a beneficio municipal.
La norma, no obstante, establece que «no incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encuentre registrado su domicilio electoral», además de otros «impedimentos graves» que serán validados por el juez competente.
En el plebiscito de salida del 4 de septiembre, cada votante se enfrentará a la siguiente pregunta: «¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?». Abajo de la interrogante abrá dos opciones, donde solo deberá marcarse una: «Apruebo» o «Rechazo».
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La nueva georreferenciación
El 19 de abril pasado, la Cámara de Diputados y Diputadas -en votación unánime- logró despachar el proyecto de ley de georreferenciación. Este proyecto, en palabras simples, permitirá que las personas puedan sufragar en los locales de votación más cercanos a su domicilio. El objetivo es facilitar el voto obligatorio y así concitar una mayor participación ciudadana y evitar multas.
Luego de la aprobación del proyecto de ley, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, comentó que la idea es facilitar la participación ciudadana en procesos electorales. Según él, una serie de modificaciones respecto de la georreferenciación «quedan planteadas, además, como algo permanente, para que las personas puedan votar en los lugares más próximos a sus domicilios».
Una vez que se publiquen los locales de votación y las mesas, el 13 de agosto, el Servel se pronunciarán sobre la aplicación sobre este nuevo plan, que incluye medidas para electores mayores de 90 años.
Este cambio a la ley 21.385 trajo otras modificaciones. Por ejemplo, el término ciudadanía se reemplaza por electorado. Amplía el plazo de denuncia de infracciones al deber de votar a un año después del plebiscito. Se establece la fecha del plebiscito constitucional para el 4 de septiembre del 2022, con plazos determinados para padrones y propaganda. Se reduce el plazo de actualización de Registro Electoral y publicación de nómina de electores mayores de 90 años de 140 a 125 días. Se establece el plazo de tres días para registros de partidos y movimientos ante el Servel, estableciendo -de paso- normas sobre límites de gastos electorales. Se permite tomar medidas especiales y aplicar protocolos sanitarios para la realización del plebiscito.
Una vez que se publiquen los locales de votación y las mesas, el próximo sábado 13 de agosto, el Servel se pronunciará sobre la aplicación de esta nueva regulación.
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El voto migrante
La ley de Migración y Extranjería estableció que, para ejercer el derecho de sufragio, el avecindamiento se contabilizará desde que la persona extranjera obtiene un permiso de residencia temporal. Así, para este plebiscito, el padrón definitivo contempla a 514.623 electores extranjeros, quienes representan el 3,4% del total de electores.
Estas cifras evidencian un crecimiento importante de extranjeros en el padrón: de 378.829 para el plebiscito de 2020, 414.920 en mayo de 2021, 449.919 para noviembre 2021 y el medio millón de la actualidad. Sólo entre noviembre del año pasado y ahora, este incremento en el padrón de extranjeros ha sido de 64.704 electores. Dado el flujo migratorio que ha vivido Chile en los últimos años, entidades especializadas como Infomigra, esperan aumentos sostenidos y suficientes como para que el voto de los extranjeros avencidados en el país logre ser influyente en elecciones locales en el futuro cercano.
El incremento en el padrón de extranjeros sólo entre noviembre del año pasado hasta ahora ha sido de 64.704 electores.
Hoy, los países con más migrantes capacitados para votar en Chile son Perú, con 167.348; Colombia, con 68.432; Bolivia, con 54.409; Venezuela, con 34.605; Argentina, con 31.375; Haití, con 26.572; Ecuador, con 19.679; España, con 14.782, y China, con 11.630. El resto de 85.791 electores se reparte entre 150 países. Es relevante reforzar que los extranjeros en situación irregular no podrán ejercer derecho a voto, tal como está establecido en artículo 70 de la ley N°21.325.
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Los votantes en el extranjero
Desde 2017, los chilenos que residen en el exterior pueden ejercer su derecho a sufragio en plebiscitos nacionales, elecciones primarias y presidenciales. Forman parte del proceso, como cualquier otro elector dentro de Chile. Para eso, el Servel determinó la existencia de 121 Circunscripciones Electorales en el extranjero.
Para el 4 de septiembre se crearon cuatro nuevas circunscripciones electorales en el exterior. Regirán para este plebiscito y los futuros procesos eleccionarios. Estas son Valencia en España, Toulouse en Francia, Ginebra en Suiza, y Brisbane en Australia.
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El voto penitenciario
Este plebiscito es una instancia histórica, porque será la primera vez que la ciudadanía podrá decidir sobre el texto constitucional de la República y además se contará con el voto de personas privadas de libertad. Esta situación se da debido a una corrección que se hizo al proceso de sufragio y rige por primera vez desde que se instaló la actual Constitución. La Carta vigente suspende el derecho a sufragio para las personas acusadas por delitos que tengan pena aflictiva o conducta terrorista. Además, establece la pérdida de la ciudadanía para quienes hayan recibido estas penas o acusaciones. Con eso, pierden el derecho a sufragio.
Según datos del Servel, las personas privadas de libertad que aún conservan su derecho a votar -por ejemplo, aquellas que están prisión preventiva- corresponden a un 20% de la población penitenciaria. El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 19 de julio de este año, que «las personas privadas de libertad con derecho a sufragio han figurado siempre en los padrones electorales, pudiendo hacerlo en la mesa y local asignado conforme a la ley, al igual que cualquier otro elector. No ha sido el Servicio Electoral el que ha impedido el sufragio de estos electores, sino que su condición de reclusión o detención».
Tagle, en esa reunión, reveló que el Servel ha recibido recursos de protección en reiteradas ocasiones para que las personas privadas de la libertad puedan votar. El último lo recibieron el 9 de noviembre de 2021 y obligó a esa entidad a tomar las medidas necesarias para facilitar el voto a la población carcelaria que aún pudiese ejercer el derecho a sufragio. Este 4 de septiembre, el Ministerio de Justicia y DD.HH., Gendarmería de Chile, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Servel tendrán que generar las condiciones para que 1.029 personas puedan votar en 14 cárceles del país.
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El rechazo ha logrado inscribir a 41 organizaciones y partidos, las que han recibido $396.595.055 en aportes para la campaña. El apruebo ha inscrito a 27 organizaciones y partidos y han logrado recaudar $55.692.363. En porcentajes, el rechazo ha recibido el 87,7% de los aportes de campaña, mientras que el apruebo, un 12,3%.
Los aportes a las campañas
Según la información disponible en el Servel, a propósito de aportes a campañas, al día de hoy existe un gigantesco desequilibrio en la recepción de recursos dependiendo de si la opción es apruebo o rechazo. En conjunto, los aportes que han llegado a las organizaciones y partidos suman un total de $452.286.418.
Tras el proceso de revisión de las solicitudes de inscripción, que durante los días 5, 6 y 7 de julio realizaron los partidos políticos, parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil para participar del financiamiento y Propaganda Electoral del Plebiscito Constitucional, el Servicio Electoral dispuso aceptar y rechazar solicitudes de inscripción.
La campaña del rechazo ha logrado inscribir a 41 organizaciones y partidos las cuales han recibido $396.595.055 en aportes para la campaña. El apruebo ha inscrito a 27 organizaciones y partidos y han logrado recaudar $55.692.363. En porcentajes, el rechazo ha recibido el 87,7% de los aportes de campaña mientras que el apruebo, un 12,3%. Δ
