Por Matías Contreras, Jessica Herrera y Valentina Hoyos
La Comisión de Medio Ambiente aprobó el martes de 1 febrero y en general una norma presentada por la convencional Ivanna Olivares Miranda (D5), que busca nacionalizar las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos. La iniciativa constitucional, titulada “Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”, encendió de inmediato luces para una discusión que tenía que iniciarse sobre la propiedad, la explotación, la calidad medioambiental y el futuro de la gran minería en Chile.
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La norma propuesta por Olivares fue aprobada con 11 votos a favor y 8 en contra. Indica: “El Estado tomará posesión inmediata de los bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile”. El mandatario tendría un año como plazo máximo desde la promulgación de la nueva Constitución para implementar la nacionalización de los bienes naturales. Entre ellos se consideran las industrias del cobre, litio, oro y otros bienes estratégicos. El articulado especifica que el ejercicio de los derechos del Estado implica “disponer de sus riquezas y bienes naturales”, los que deben pasar al dominio nacional, ya sean de empresas privadas o sus filiales en el territorio nacional.
”Nacionalizar los bienes y poner fin a las concesiones mineras es una demanda histórica de los pueblos”. Ivanna Olivares
Oriunda de Salamanca e integrante del movimiento ambientalista Modatima, la convencional Olivares afirmó: ”Nacionalizar los bienes y poner fin a las concesiones mineras es una demanda histórica de los pueblos”. Añadió que su iniciativa propone “nacionalizar” y no “expropiar” y contextualizó: “Cuando se haga el traspaso de los bienes e infraestructura al Estado, se hará a través de Contraloría, quien definirá los montos de las indemnizaciones que serán pagadas a las empresas privadas, nacionales y transnacionales”.
«Chile no tiene para pagar esos fondos”. Pablo Toloza
Antes de ser votada y aprobada en general en la comisión, la propuesta encontró contradictores. El convencional Pablo Toloza (D3), militante UDI y firmante de otra moción en este tema, explicitó que -desde su perspectiva- nacionalización y expropiación son lo mismo. Citó los acuerdos internacionales a los que Chile está suscrito y las consecuencias que una nacionalización traería al país: «Chile no tiene para pagar esos fondos”. El economista Bernardo Fontaine Talavera (D11), también firmante de una moción alternativa, fue aún más duro: habló de dejar al país en quiebra (ver video). Olivares no pudo precisar a cuánto ascenderían los pagos a los que se obligaría el Estado de Chile en caso de iniciarse un proceso de nacionalización: el equipo que estuvo a cargo de formular el proyecto no los calculó.
«Los temas se discuten desde múltiples miradas, pero no podemos perder de vista que tenemos que lograr el apoyo de 2/3 de la CC”. Yarela Gómez
La aprobación en general de esta iniciativa en la Comisión es apenas un primer paso y la convencional lo sabe. Las iniciativas -sean de constituyentes o ciudadanas- son discutidas en las comisiones. En caso de ser aprobadas por mayoría simple en esa instancia, deben ser debatidas y discutidas en el Pleno. Si son rechazadas allí, vuelven a su Comisión para una segunda oportunidad, en la que se hacen indicaciones y modificaciones. Luego vuelven al Pleno para tratar de obtener los 2/3. En caso de ser rechazadas otra vez, quedan fuera. La convencional Yarela Gómez (D27) lo define así: «Los temas se discuten desde múltiples miradas, pero no podemos perder de vista que tenemos que lograr el apoyo de 2/3 de la CC”.
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En círculos ligados a la gran minería hay certeza de que iniciativas de nacionalización como la de Ivanna Olivares muy seguramente no van a flotar en el Pleno: no lograrán ese piso de los 2/3 a favor. Pese a eso, el presidente de la institución gremial que representa en Chile a la actividad minera de gran, mediana y pequeña escala, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), emitió un comunicado. Diego Hernández, quien fue presidente de Codelco y hoy está ligado a Antofagasta Minerals, de la familia Luksic, afirmó: “Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos».
En realidad, esta iniciativa sobre la gran minería no es la única que está sobre la mesa de la comisión de Medio Ambiente. Solo desde la zona de las Iniciativas Populares de Norma, que son las que presentaron ciudadanos en la plataforma de la Convención, hay tres que superaron las 15 mil firmas y que deberán ser abordadas por los convencionales. Una de ellas, llamada “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medioambiente y los desafíos del cambio climático”, entró con 24.205 apoyos y está ligada a la Sonami, que la promueve en su página web.
La moción fue presentada el 6 de enero por Bernardo Carrizo en representación de Compromiso Minero, una entidad que agrupa a 76 organizaciones, entre ellas grandes concesionarias como Barrick, Collahuasi, Río Tinto o BHP. Promueve la labor extractivista de privados, no toca concesiones obtenidas antes de la promulgación de la Constitución y propone que los ingresos que perciba el Estado por patentes e impuestos sean destinados a las comunas y regiones donde se desarrolla la actividad minera.
Tres iniciativas ciudadanas de norma sobre minería lograron más de 15.000 patrocinios. Una de ellas fue ingresada por una agrupación en la que hay grandes mineras. Otra es de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Las otras dos IPN sí hablan de labor estatal. Son “Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, litio y del oro”, que alcanzó 24.045 patrocinios, y “Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos”, que obtuvo 17.460.
La primera es firmada por el ex pirquinero y magíster en Economía José Julián Alcayaga Olivares. Incorpora los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes: «En particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos».
La segunda fue ingresada por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Como la de la convencional Olivares, aborda el tema de los concentrados de mineral, que -se afirma- no son fiscalizados ni por Aduanas ni por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco): «La exportación real debe ser a lo menos un 20% a 25% superior a la cifra oficial», señala. Según este texto, los concentrados incluyen oro, plata, molibdeno, renio, cobalto, selenio, telurio, platino, paladio, azufre y otros metales, por los que las empresas no pagan impuesto ni royalty.
Las tres concuerdan, desde sus respectivos puntos de vista, en la relevancia económica de la gran minería: «El sector minero es indispensable para que Chile avance hacia un mayor bienestar y equidad. Aporta más de la mitad de las exportaciones del país, un quinto de las inversiones y un décimo del PIB», afirma la propuesta de Compromiso Minero.
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Otra tubería desde la que ya han emanado propuestas de normas sobre la minería es la de los convencionales. La iniciativa “Establece el estatuto constitucional de la minería” (178-5), por ejemplo, fue presentada el 14 de enero por constituyentes de derecha; entre ellos Marcela Cubillos (D11), Rodrigo Álvarez (D28), quien también forma parte de Medio Ambiente, y Pablo Toloza. Su articulado propone el pago «anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto que determine la ley». En su argumentación está conservar «aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena».
La iniciativa “Incorporar Estatuto Constitucional sobre los Minerales”, de otro grupo de convencionales de derecha, entre ellos Bernardo Fontaine y Bernardo de la Maza (D10), busca evitar que «el poder Ejecutivo o la administración del Estado sea el único encargado en el otorgamiento de derechos en materia de recursos naturales». Propone establecer, como norma de rango constitucional, «el cálculo de los perjuicios que deben ser indemnizados por parte del Estado en caso de expropiación».
La “Iniciativa convencional constituyente que establece el dominio público minero” fue presentada por María Trinidad Castillo (D5) y es apoyada por un grupo que reúne a constituyentes del Frente Amplio, Independientes No Neutrales y Convergencia Social. Afirma que «el actual marco legal de la minería en Chile ha funcionado en base a dar facilidades a la inversión privada nacional y extranjera, siendo permisivo en muchos aspectos».
«El actual marco legal de la minería en Chile ha funcionado en base a dar facilidades a la inversión privada nacional y extranjera, siendo permisivo en muchos aspectos», afirma la iniciativa de norma ingresada por constituyentes del Frente Amplio, Independientes No Neutrales y Convergencia Social
En su argumentación se afirma que la nueva Constitución «debe reconocer el dominio público minero en toda su amplitud y reforzar las atribuciones del Estado». Para eso hay que habilitar en el uso de «mecanismos e instrumentos que le permitan captar rentas y compensaciones por el aprovechamiento privado de los bienes públicos, especialmente los mineros». En su articulado se lee que será «deber del Estado resguardar, cuidar y proteger la Naturaleza y sus ciclos vitales basado en la capacidad de carga del ecosistema afectado».
Propone excluir de toda actividad minera las zonas que la Constitución y la ley definan como áreas protegidas; además de los glaciares, las turberas y pomponales, en las que se interfiera con las aguas que dan nacimiento a una cuenca hidrográfica y aquellas en que la actividad «requiera un traslado forzoso de la población».
Esta iniciativa es vista con buenos ojos en el ambiente de la gran minería, porque no apoya el fin de la actividad extractivista sino que busca «cómo hacerla de una manera más razonable». Fue presentada, entre otros, por Maximiliano Hurtado, Carolina Sepúlveda, Juan José Martin, Bessy Gallardo, Nicolás Núñez, Constanza Schönhaut, Christian Viera, Jennifer Mella y Yarela Gómez. El objetivo del grupo es «dar a la Minería en Chile una función social» y entregar «certezas y garantías en su exploración y explotación, pero a la vez vincular la actividad minera al desarrollo del país».
Como Olivares, Yarela Gómez es activista medioambiental. Llegó a la CC en la lista de Apruebo Dignidad, en cupo independiente de Revolución Democrática, aunque su partido es Convergencia Social. Cree que esta propuesta «logra visualizar miradas asociadas a esas materias que dan pie a avanzar en la discusión”. Añade que las diversas miradas «deben unificarse en una sola para lograr acuerdos», siempre detrás del gran objetivo de una Constitución ecológica: «Sabemos que en Chile los estándares medioambientales son bajos y, por tanto, tenemos que elevar ciertos principios constitucionales para que este mejore, junto a un rol al Estado y a lo público”. Δ
LA NACIONALIZACIÓN DE LOS AÑOS 70
El 11 de julio de 1971, bajo el gobierno de Salvador Allende, el Congreso Nacional votó de manera unánime la reforma a la Constitución Política de 1925 (Artículo Nº10) y decretó la nacionalización de la gran minería del cobre. Allende venía desde inicios de la década del 60 del siglo XX impulsando el cambio de modelo productivo en las extracciones cupríferas: era uno de los puntos fuertes de su programa de Gobierno para las elecciones de 1964. Con el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura, la producción del cobre en Chile fue devuelta a las manos privadas, bajo el decreto de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras en 1981, promovida por el entonces ministro de la cartera, José Piñera.
