Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera
Fue el sábado 25 de septiembre y desembocó en la plaza Arturo Prat de Iquique. Unas 5.000 personas salieron a las calles de esa ciudad para protestar en contra de los migrantes, en especial venezolanos. Los manifestantes exigían que ”se devuelvan a su país” y la protesta terminó con un acto denigrante: algunos participantes quemaron las carpas y las pertenencias de las personas migrantes que pernoctaban en esa plaza tras su llegada a Chile. El hito y la vergüenza dieron la vuelta al mundo.
Las cifras de extranjeros que llegan a asentarse en Chile están creciendo. Los datos de la última encuesta Casen al respecto revelan que la comunidad venezolana sigue aumentando. Ya en 2017 pasaron a ser la primera comunidad de extranjeros, con 187 mil personas. Este año, el sondeo muestra que hay 490 mil venezolanos oficialmente en el país, lo que representa un aumento de 162% en 4 años.
En abril de 2018, el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de la visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos. Les permitiría venir a Chile con permiso de trabajo y residir por un año para luego solicitar una residencia definitiva, si así lo estimaran conveniente. Piñera justificó esa propuesta por la necesidad de asegurar una migración regular para los nacionales de Venezuela. A eso, se sumó -en 2019- una declaración pública durante la cumbre del Prosur. A través de su cuenta de Twitter, Piñera le envió un mensaje al Presidente encargado, Juan Guaidó: «Prosur es un foro de diálogo y cooperación absolutamente necesario y urgente para avanzar hacia el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las países de América del Sur comprometidos con la Democracia y los derechos humanos. Esperamos a Venezuela con brazos abiertos».
En abril de 2018, el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de la visa de Responsabilidad Democrática para venezolanos. Les permitiría venir a Chile con permiso de trabajo y residir por un año para luego solicitar una residencia definitiva, si así lo estimaran conveniente.
En el país existen 1.492.522 personas extranjeras con residencia habitual según las últimas cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) en 2020. Respecto a sus comunas de residencia, el 74% de las personas extranjeras que viven en Chile se concentran en 42 comunas, principalmente Santiago, Antofagasta e Independencia.
En Iquique, ya existían 44.304 extranjeros en 2020 según el INE. Según el alcalde Javier García ingresan diariamente entre150 y 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, y teme que en febrero se sumen otros 2.000 inmigrantes en las calles de la ciudad. Datos de la PDI revelan que, entre enero y julio de 2021, se recibieron unas 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, una cifra que supone un aumento de 40% respecto al año 2020.
Tras el bochornoso evento en Iquique, el gobierno de Chile tiene desafíos. Lo mismo que los convencionales. La Moneda fue llamada por dos agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) -el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)- a implementar un plan de migración que respete los derechos humanos: «Es responsabilidad del Estado velar por la convivencia pacífica y respetuosa de las personas que viven en el país, entregando las herramientas necesarias para ello».
Tras el hito de Iquique, La Moneda fue llamada por dos agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a implementar un plan de migración que respete los derechos humanos.
De cara al nuevo proceso constitucional, las políticas públicas referentes a la inmigración en Chile serán materia de análisis en los próximos meses. Las y los convencionales tienen el desafío de hacerse cargo de una nueva realidad social y cultural, que ya dibuja un Chile muy distinto del que era hasta hace muy pocos años.
De acuerdo con cifras que arroja la app de Votamos Tod@s, un 42% de los candidatos que participaron en ella y hoy forman parte de la convención -eso equivale a 2/3 de 155- cree que Chile debe ser un país abierto a recibir a todos los inmigrantes que deseen venir. El 67% considera que los inmigrantes deben tener derecho a ser elegidos en cargos de representación popular después de cinco años viviendo en Chile. Un 41% apoya la idea de que los inmigrantes deben tener derecho a votar después de dos años viviendo regularmente en Chile, no en cinco como es ahora.
Según cálculos de Infomigra, una iniciativa en innovación social que busca ser el referente sobre información de migración en Chile, es muy posible que, dado el flujo de ingreso actual, para la siguiente elección presidencial los migrantes con voz y voto representen una fuerza electoral importante. Una sistematización hecha por esa institución respecto del proceso de elección para la Constituyente señala que 33 de los 155 convencionales -es decir, un 21,2%- tenían incluida en su programa una propuesta política en temáticas migratorias.
También hicieron un catastro de candidatas y candidatos inmigrantes. Al menos 5 identificaron como migrantes en sus campañas: Catalina Bosch C. 
, Cristina Bastidas G. 
, Manuel Hidalgo V. 
, Paula Mora D. 
y Sung Young Yun 
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