No es nuevo. Ya se vio en mayo, durante los Plenos normativos con el único informe de informe de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. No es nuevo, pero siempre es controvertido, provoca quejas cruzadas. Y ayer, durante el primer Pleno para revisión del informe de Normas Transitorias, volvió a pasar: un sector importante de la derecha se restó de votar.
Aquella vez el argumento fue más político. Ahora se trató de una suerte de «vicio técnico» que -se dijo desde el ala conservadora- no les permitió votar ni a favor ni en contra, porque el solo hecho de votar significaba validar un informe inválido que buscarán inhabilitar. «El daño que se le ha hecho al proceso es irreversible», dijo Constanza Hube (UDI) sobre este informe, que contenía 47 normas.
El profundo disenso se dio durante el trabajo de comisión. Se debió a que los colectivos izquierda ingresaron indicaciones en conjunto, pero por «un error de coordinación», según explican voces que estuvieron en el acuerdo, se incluyeron algunas que no eran parte del acuerdo. Algunas suprimían, por ejemplo, normas ya votadas sobre nacionalización de los recursos mineros. Por eso, cuando Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional se enteraron de que sus firman apoyaban a la supresión de normas que ellos mismos patrocinaron enviaron un oficio para retirarlas.
En ese gesto estuvo el problema para la derecha. Se argumenta que no se puede hacer retiro de solo un tipo de indicaciones. Según argumenta Constanza Hube, el solo hecho de mandar un oficio de ese tipo obliga a retirar las firmas de todo. Para la izquierda, sin embargo, si se hubiese operado de esa forma, la propuesta de informe que iba a verse ayer se habría caído por completo, pues ya no contaría con los patrocinios necesarios para sostenerla.
La coordinación, a cargo de Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo) y Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales), resolvió retirar únicamente las firmas de las indicaciones supresoras y seguir con el trabajo. Castillo explica por qué: «La coordinación no tiene facultades para interpretar el Reglamento».
Hube recalca además la presencia de normas permanentes en el informe de Normas Transitorias. Por ejemplo, Chiloé y Aconcagua como regiones. Desde la vereda contraria, sin embargo, se señala que «no existe un examen de admisibilidad» para determinar si aquellas son propuestas permanentes o transitorias. Según convencionales del Frente Amplio, el único examen de admisibilidad posible y al que se han ido sometiendo cada una de las normas es la votación del Pleno.
Aún así, la derecha apela a que la coordinación no actuó de buena fe. Tanto que presentó un oficio a la Mesa Directiva para dejar inhábil la votación del Pleno. Ahora, la Mesa deberá analizar el oficio enviado y recoger antecedentes de la comisión de Normas Transitorias para determinar si el alegato de algunos convencionales de derecha, en este caso representados Constanza Hubbe, es o no pertinente. Δ
