«Progresista», «inclusivo», «ejemplificador» y «visionario». Cuatro adjetivos que los medios internacionales han usado para calificar la propuesta constitucional que se someterá a voto el próximo 4 de septiembre. Si bien en Chile la discusión sobre la Propuesta que elaboró la Convención Constitucional ha sido ampliamente polarizada, más allá de las fronteras físicas, para analistas y observadores, en general y con matices, gana la idea de cambio que este paso representa. Una de las claves para eso tiene que ver con la Constitución de 1980.
En una primera instancia, se observa que la prensa extranjera alaba la decisión del país de cambiar un texto realizado durante la dictadura militar. También se ve con buenos ojos la gran cantidad de votantes (78%) que acudió a las urnas para dar ese paso y llamar a la Convención Constitucional. Se destaca, además, «la sorpresa» de que Chile haya preferido esta fórmula por sobre un organismo mixto de representantes populares y autoridades congresistas.
«A pesar de que la actual constitución ha sido reformada en varias ocasiones desde que Chile volvió a la democracia, muchos perciben el documento como ilegítimo ya que se origina en el gobierno del general Augusto Pinochet».
Un artículo en inglés del periódico estadounidense The Washington Post, firmado por Matthew Malinowski y Valentina Fuentes, indica que a pesar de que la actual Constitución ha sido reformada en varias ocasiones desde que Chile volvió a la democracia, «muchos perciben el documento como ilegítimo, ya que se origina en el gobierno del general Augusto Pinochet, un dictador violento que aplicó arrestos arbitrarios y ejecuciones políticas».
A cambio, ese diario releva el carácter «progresista e inclusivo» del nuevo texto que se propone. Rescata que «toma medidas para hacer que el sector privado sea más responsable al mismo tiempo que consagra fundamentos como la propiedad privada». En materias sociales, se aplaude la inclusión de medidas que impulsan la representación indígena, el Sistema Nacional de Salud, la paridad y la protección ambiental, entre otros.
(La propuesta constitucional es un) «documento visionario que no solo actualiza, amplía y promueve los derechos humanos, pero también establece un nuevo estándar para la renovación democrática en el siglo XXI”.
Las opiniones publicadas en el periódico inglés The Guardian siguen una línea similar. David Adler, economista político y coordinador general de Progressive International -una organización que engloba a progresistas de izquierda, activistas e instituciones-, publicó en ese medio una columna titulada “Chile is updating its constitution for the 21st century. The US should follow its lead” (Chile está actualizando su constitución para el siglo XXI. Estados Unidos debería seguir su ejemplo).
En su análisis explica que, tal como sucede con la constitución de Estados Unidos, muchos países escribieron sus textos bajo la autoría de dictadores, colonizadores y militares para «consagrar instituciones antidemocráticas e incapaces de hacer frente al calentamiento global». Adler compara la situación de EE.UU. e Inglaterra, como naciones atrapadas en constituciones muertas, versus Chile que -desde su mirada- escribió un «documento visionario que no solo actualiza, amplía y promueve los derechos humanos, sino también establece un nuevo estándar para la renovación democrática en el siglo XXI».
Adler alude a la campaña por deslegitimar la propuesta constitucional, no sólo desde Chile sino que en algunos medios internacionales, y afirma: «Desde incluso antes de que la Convención comenzara, comentaristas del (diario estadounidense) The Wall Street Journal la etiquetaron como una ‘misión suicida’ y desde ahí una implacable guerra digital ha desacreditado la nueva Constitución difundiendo mentiras y desinformación».
El analista apunta en este caso a la norteamericana Mary O’Grady, una especialista en Latinoamérica, que fue ampliamente difundida en medios chilenos cuando escribió en una columna de opinión en WSJ que el país avanzaba hacia «un suicidio constitucional» con la Propuesta. Según ella, el texto «reduce la libertad personal y aumenta el poder del Estado».
David Adler también se refiere a la revista británica The Economist, que el día siguiente a la entrega de la Propuesta publicó una nota titulada «Los votantes deben rechazar la nueva propuesta constitucional”. El analista critica la fuente e indica que «el objetivo de los ataques es simple: asustar a los chilenos para que defiendan un status quo indefendible».
Precisamente, ese artículo publicado por The Economist generó gran revuelo en el país. Fue citado por gran parte de los medios locales más influyentes. La nota calificó al proyecto como «radical y un desastre de irresponsabilidad fiscal». Reconoce, eso sí, que en el texto final se evitaron algunas de las peores ideas planteadas y que se incluyen algunos avances positivos. Pero destaca que el resultado final es «un lío, lleno de lenguaje confuso que garantiza décadas de disputas sobre lo que realmente significa».
Uno de los aspectos más valorados por los medios internacionales son las políticas proteccionistas que la Propuesta constitucional considera para el medioambiente. El periódico The New York Times afirmaba a finales del 2021 lo siguiente: «Casi nunca la crisis climática y ecológica juega un papel central. Es decir, hasta ahora, en Chile, donde se está gestando una reinvención nacional. Después de meses de protestas, 155 chilenos han sido elegidos para redactar una nueva constitución en medio de lo que han declarado una ‘emergencia climática y ecológica'».
En otra ocasión, ese mismo diario señaló que, ante los miedos sobre la radicalidad de las propuestas, el proceso «no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región». Para ese medio, «un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable». Como ejemplo, se refiere a naciones como Suecia y Dinamarca, que anularon sus constituciones autoritarias y «se embarcaron en un camino rumbo al éxito».
(La propuesta es un) «documento visionario que asegura el crecimiento sustentable y la prosperidad compartida para Chile”.
A través de una carta, 42 economistas, cientistas políticos y catedráticos de todo el mundo, valoraron el texto y lo califican como un «documento visionario que asegura el crecimiento sustentable y la prosperidad compartida para Chile». Entre los firmantes de la misiva destacan el francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad; la directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London, Mariana Mazzucato, y el profesor en la Universidad de Cambridge, consultor el Banco Mundial y miembro del Center for Economic and Policy Research de Washington D.C, Ha-joon Chang.
«No analizan necesariamente en detalle las implicancias locales que podría tener esta Constitución y las repercusiones para uno u otro sector. Ahí es necesario entrar a ámbitos que no son de dominio fácil a nivel internacional«. Felipe Vergara, sobre los análisis internacionales
A pesar de que la Propuesta cosecha más opiniones favorables entre los observadores internacionales, en Chile la sensación parece ir constantemente en el carril contrario. Semana a semana, los sondeos miden la temperatura electoral de cara al plebiscito de salida. De acuerdo a la encuesta CADEM, un 46% votará por el rechazo este 4 de septiembre, tendencia que cada semana se acorta un poco, a medida que el apruebo gana terreno.
Felipe Vergara, analista político internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, explica que las opiniones nacionales sobre la propuesta son complejas de examinar. «Las evaluaciones internacionales son bastante válidas y plausibles, ya que el tema de la ecología, la paridad de género y la mirada sustentable en derechos son los aspectos más destacables de esta Propuesta y son transversales, más allá de qué país sea. Recogerlos hace mucho sentido en el ámbito internacional».
Para él, en cambio, la prensa extranjera valora el contexto nacional de modo diferente a cómo se vive dentro del país. «No analizan necesariamente en detalle las implicancias locales que podría tener esta Constitución y las repercusiones para uno u otro sector. Ahí es necesario entrar a ámbitos que no son de dominio fácil a nivel internacional y que requieren entender la idiosincrasia, la cultura, la estructura de gobierno, la política judicial y parlamentaria. En esa parte es más difícil entrar y se les hace un poco más ajeno entender cómo es nuestra realidad país», indica Vergara.
Guillermo Holzmann, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, agrega que la expectativa mundial en torno al texto constitucional es muy alta: «Se considera una propuesta bastante adelantada a todos los proyectos constitucionales actualmente vigentes en el mundo. El texto tiene una concordancia bastante evidente con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Hay un compromiso concreto con el aumento de la calidad de vida dejando en el Estado una gran responsabilidad».
El analista concuerda con que el compromiso medioambiental, la paridad e inclusividad que se incluyen en el documento constitucional son cuestiones que se destacan extensamente en el extranjero. También indica que una de las críticas que se advierten es la gran extensión del texto.
«Desde afuera se ve como una propuesta progresista que atiende a los problemas de hoy y de mañana. Pero también se dice que hay una cierta expectativa de ver si efectivamente resulta o no, para considerar si puede ser un ejemplo para otros países». Guillermo Holzmann, analista y académico
«Desde afuera se ve como una propuesta progresista que atiende a los problemas de hoy y de mañana. Pero también se dice que hay una cierta expectativa de ver si efectivamente resulta o no, para considerar si puede ser un ejemplo para otros países”, dice Holzmann.
La evaluación de la propuesta viene de la mano, según el experto, con el desempeño del gobierno de Gabriel Boric, quien es considerado en el extranjero -afirma- «no como alguien de izquierda, sino que un socialdemócrata progresista. Ante eso hay curiosidad para ver cómo conducirá el proceso». Δ
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