1. ¿Por qué se debe realizar la Consulta Indígena?
Al menos por dos razones. La primera es que el derecho de Consulta Indígena está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en 2009. Este tratado dispone que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cada vez que se intenten ejecutar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente en sus tradiciones y culturas.
Resulta que esta nueva Constitución vendrá a consagrar las bases de un nuevo ciclo e influirá en la sociedad por los próximos 30 o 40 años. Como el resto de los habitantes de este país, los pueblos indígenas sufrirán cambios que deben ser consensuados y aprobados por los diez pueblos que están presentes en la Convención e incluso por los que no, como el pueblo tribal afrodescendiente.
No realizar una consulta a los territorios indígenas respecto de los derechos que les competen y deben consagrarse en la nueva Constitución significaría violar el Convenio 169 de la OIT.
No realizar una consulta a los territorios indígenas respecto de los derechos que les competen y deben consagrarse en la nueva Constitución significaría, entonces, violar el Convenio 169 y también pasar por encima de un punto clave: superar con este proceso constituyente -o gracias a él- las condiciones históricas de sometimiento a las que han estado sometidos los pueblos originarios en Chile. Eso conecta esta respuesta con el segundo punto nuclear de la Consulta Indígena y es lo que viene:
El 15 de diciembre del 2020, el Congreso aprobó la integración de escaños reservados en la CC, acto que marca un hito histórico para saldar la deuda del Estado con los pueblos originarios. La designación de estos representantes, que lograron instalar a una de sus integrantes -Elisa Loncon- como primera presidenta de la Convención, buscaba asegurar que sus voces serían escuchadas y sus mandatos plasmados en en la nueva Constitución. La incidencia de los escaños en la Convención y el éxito de la Consulta Indígena podría establecer una política pública de largo plazo, que asegure el diálogo institucional eficaz entre el Estado y los pueblos.
Eso permitiría generar legitimidad social y canalizar la disconformidad de pueblos, que se sienten desplazados de su propio territorio ancestral, territorio en el que ellos vivían desde mucho antes de la instalación del Estado de Chile. La instauración del diálogo, la empatía y el conocimiento cabal sobre lo que los pueblos necesitan, a través de un instrumento como la Consulta Indígena, es indispensable para construir la confianza entre los pueblos indígenas, el pueblo chileno y las instituciones locales.
2. ¿Por qué les ha costado tanto ponerse de acuerdo?
El 22 de noviembre del 2021 se conformó la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas en la CC, con el cometido de acompañar y guiar el proceso de Consulta Indígena. Desde ese momento la capacidad de los escaños reservados de dialogar y unificar fuerzas se ha puesto a prueba constantemente. Las 17 personas que representan a los pueblos originarios provienen -lógicamente- de diferentes territorios, culturas y cosmovisiones. Tienen, incluso dentro del pueblo mapuche, que tiene a la mayor cantidad de representantes dentro de la Convención, diversos enfoques sobre cómo se deben resolver sus derechos en la nueva Constitución.
Esta es la primera vez que los pueblos originarios se reúnen en un proceso institucional en calidad de autores no tutelados por el Estado.
Esta es la primera vez que los pueblos originarios se reúnen en un proceso institucional en calidad de autores no tutelados por el Estado. Esa capacidad de decidir e incidir no existió nunca antes y ha generado rencillas entre los pueblos desde antes partiera la CC. Por ejemplo, no gustó la nominación unilateral de Elisa Loncon a la presidencia por parte del pueblo mapuche. Más tarde, la sensación de que pesan menos las demandas de los pueblos con menos población propició nuevas alianzas, como la Coordinadora Plurinacional y Popular, que tuvo un rol clave en que Cristina Dorador (D3) no lograra llegar a la presidencia de la CC.
La Consulta indígena debía comenzar el 6 de diciembre del 2021 para ser completamente incidente en la discusión plenaria y ahora está el desafío de cómo lograr que sus resultados queden correctamente plasmados en el texto constitucional, porque el cronograma de trabajo se aprobó recién hoy 24 de enero en la Comisión; es decir, hay casi un mes y medio de atraso. En términos prácticos, la demora en elegir a los integrantes de la Secretaría Técnica de la Comisión fue el inicio del retraso. La Comisión además enfrentó la renuncia de uno de sus coordinadores, Victorino Antilef (pueblo mapuche), quien estaba en desacuerdo con una propuesta de Documento Base, que guiaría la consulta.
3. ¿Por qué la Consulta Indígena le da legitimidad al proceso?
La Convención Constitucional nace a partir del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por diversas fuerzas políticas el 15 de noviembre de 2019. Consistió en una salida institucional al descontento ciudadano expresado en todo Chile desde el 18 de octubre de ese año, al proponer que las demandas que se manifestaban en las calles fueran encauzadas en un proceso constituyente hacia cambios sociales y políticos concretos. En esa lógica, los representantes de cada distrito, región y pueblo indígena buscan dar legitimidad al proceso, recogiendo en un nuevo pacto las demandas ciudadanas e indígenas. Si hay pueblos que no pueden enunciar sus necesidades o las ven pasadas por alto, se puede llegar a una situación en que el proceso constitucional no cumpla con una de sus principales motivaciones.
Los representantes de cada distrito, región y pueblo indígena buscan dar legitimidad al proceso, recogiendo en un nuevo pacto constitucional las demandas ciudadanas e indígenas.
Además, si no se realiza la Consulta Indígena o la CC sólo logra alcanzar a una parte insuficiente de la población también infringe el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, un texto que fue creado y aprobado por la Convención en sus inicios.
En su artículo primero, ese texto señala: “El proceso de participación y consulta indígena tendrá por objeto que (…) el Estado de Chile reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, garantice todas sus obligaciones para con los distintos pueblos y naciones indígenas preexistentes, que emanan de las obligaciones internacionales contraídas”.
4. ¿Por qué es tan caro hacerla?
De acuerdo con la Secretaría Técnica que elaboró la metodología y las etapas que la Consulta Indígena debe cumplir, se necesitan $1.191.332.065 millones para realizarla en un plazo de tres meses. Este monto, contenido en el informe preliminar de la Secretaría, permitiría abarcar las 4.154 comunidades indígenas y las 2.916 asociaciones, a través de cabildos convocados y autoconvocados.
En estas instancias se necesitarán facilitadores, digitalizadores, moderadores y traductores. Todos deben estar previamente capacitados y deben estar presentes: tienen que desplegarse por todo Chile, llegar hasta los sectores más rurales y más extremos. Las remuneraciones de estas personas son el ítem presupuestario más grande. Le siguen el combustible, traslados y alimentación.
Se necesitarán facilitadores, digitalizadores, moderadores y traductores. Todos deben estar previamente capacitados y deben estar presentes: tienen que desplegarse por todo Chile, llegar hasta los sectores más rurales y más extremos.
Como referencia, los recursos humanos, logísticos y administrativos detrás de una Consulta Indígena de 2017 le costaron al Estado de Chile más de $1.700 millones. Eso fue durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esa vez el proceso se demoró un año, contando incluso con el apoyo de todos los ministerios y la orgánica estatal. Esta Consulta, que es inédita, debe ser realizada en dos meses por necesidades de agenda constituyente. Por eso, los costos asociados son vitales. Aún está en duda cuánto de ese presupuesto realmente estará a disposición de la Comisión.
5. ¿Por qué es posible que la Consulta Indígena aún sí puede ser representativa?
La Convención ha realizado diferentes convenios con gobernaciones regionales, municipalidades y universidades en todo Chile. Estos nexos pueden servir para hacer trabajo local y efectivo, ayudando a aminorar las dificultades técnicas y administrativas que la Comisión y la Secretaría Técnica tienen. Otro factor clave será contar con personal, técnicos y profesionales que trabajan ad honorem en los organismos con los que se suscribieron convenios. Finalmente conseguir instalaciones también ayudaría a contener los gastos de la Consulta.
Las posibilidades de que este proceso pueda ser representativo están ancladas en la gran capacidad de reunión y diálogo que los pueblos, en sus diferentes territorios, han tenido desde el inicio de la Convención.
Las posibilidades de que este proceso pueda ser representativo están ancladas en la gran capacidad de reunión y diálogo -madurez política lo llamó Elisa Loncon en una sesión- que los pueblos, en sus diferentes territorios, han tenido desde el inicio de la Convención. Los encuentros entre los integrantes de cada pueblo y sus representantes han sido constantes y muy fructíferos dada su capacidad de dialogar. La capacidad de organización que cada pueblo originario tiene en sus comunidades también es un factor, porque es una organización eficiente y representativa para dar cuenta de los derechos que se quieren exigir.
6. BONUS TRACK: LA CONSULTA ES DE TOD@S
La Convención Constitucional -y no sólo la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas- tiene la responsabilidad de tomar cada insumo a la brevedad y construir una Consulta Indígena que se traduzca en normas y articulados constitucionales. Parte del desafío de los 154 es comprender que, si bien la Consulta debe ser vinculante para un grupo de habitantes de este país, los pueblos originarios, en realidad el éxito de ese proceso nos pertenece a todos, y por tanto será un éxito de toda la Convención al servicio de Chile. Δ
