Luego de días de polémica y tras confirmar el acuerdo el pasado miércoles, los partidos oficialistas dieron a conocer los puntos que componen el pacto alcanzado para modificar la propuesta de nueva Constitución, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. El documento se refiere puntualmente a temas de plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial que deberían ajustarse de triunfar el apruebo en el plebiscito. «Consideramos necesario abordarlas en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional. Cabe hacer presente que conforme a la Nueva Constitución, las siguientes propuestas serán necesariamente aprobadas y debatidas democráticamente y con participación ciudadana», dice el texto que firmaron representantes de 9 partidos.
Los firmantes optaron por una decisión partidaria, sin la articulación con ningún representante del Gobierno, aunque en medio de las negociaciones -durante su gira por la Región de Los Lagos- el Presidente Gabriel Boric dio garantías para su implementación. El Mandatario dijo que «hay una amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los cuales haya dudas en la implementación, como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar».
La declaración se dio en el contexto del trabajo contrarreloj de las diferentes tiendas políticas que integran Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, entidades que se autoimpusieron esta semana como plazo para entregar las propuestas de reformas, que recibe por la Secretaría General de la Presidencia, cartera encabezada por Giorgio Jackson. El ministro estuvo hoy mismo en la noticia con otra información vinculada al clima electoral: la Contraloría determinó Jackson que «no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo».
Los principales ejes de cambio
El documento de los partidos se llama «Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución» y define que la propuesta de la Convención «es un nuevo pacto social que valoramos profundamente. El anhelo de derechos sociales que ha expresado la ciudadanía, se hace realidad bajo el Estado social y democrático de derecho, fundado en la solidaridad que la Constitución actual nos ha negado persistentemente».
Pero, se añade, «el presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado». En ese sentido, las tiendas oficialistas comprometen ocho grandes transformaciones a la propuesta constitucional.
“El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”. Del texto «Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución».
La plurinacionalidad y el consentimiento de los pueblos originarios son algunas de las normas que más han generado críticas por la supuesta falta de límites a las atribuciones de las naciones indígenas. En el documento oficialista indican que, si bien «valoran el avance», identifican «temas que buscamos aclarar, respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile».
De esta forma, proponen que la consulta indígena se aplique «sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas». En cuanto al consentimiento previo, piden que se explicite que sólo será aplicable a la «regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales».
Las autonomías territoriales se llevarían a cabo «con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas», para lo cual se establecerá «expresamente» que sus atribuciones deben ser «coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile».
En cuanto al consentimiento previo de los PPOO, en el acuerdo piden que se explicite que sólo será aplicable a la «regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales».
Sobre los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la «igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos». La propuesta insiste en que «la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales».
«La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales». Del acuerdo oficialista.
En materia de pensiones, el acuerdo compromete la implementación «del derecho a una pensión digna que será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional».
Otro tema frecuente en el debate, la propiedad de las viviendas, también es abordado: «se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia».
Mientras en salud se recalca que seguirán existiendo instituciones privadas, junto a las públicas, en materia de seguridad se abordan los cuestionamientos referentes a los Estados de Excepción y se propone «establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho».
En sistema político, se pretende analizar el texto de la Convención «para lograr mejor equilibrio entre poderes» y en materia de Justicia, volver a la denominación de Poder Judicial en vez de la que le otorga la propuesta, «Sistemas de Justicia». «Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos», cierran.
La lectura de los ex convencionales
A 23 días del plebiscito, el ambiente está crispado y el texto por supuesto que provocó las opiniones de quienes estuvieron un año en el ex Congreso trabajando en la propuesta de Constitución. La ex convencional Alondra Carrillo (MSC), considera que las prioridades no están bien establecidas en el acuerdo. Primero, dice, el oficialismo debería enfocarse en cómo cumplir con la propuesta. «Lo esperable sería contar con certezas sobre los plazos, formas de participación popular y medidas concretas para la implementación de los enormes avances que consagra la propuesta de Constitución», argumenta.
«Los partidos tienen su libre decisión para hacer todos los acuerdos que quieran, pero el texto es claro en las formas de hacer modificaciones. Todo lo que quedó en el texto fue votado con quórum muy alto y aún así logramos llegar a acuerdos». Isabel Godoy (colla)
Sobre los cambios enfocados a los pueblos originarios, Isabel Godoy, ex convencional del pueblo colla, comenta que de cualquier manera primero tiene que ganar el apruebo y, si eso pasa, igualmente tendrán que ser consultados para hacer estas reformas, tal como lo indica el texto. «Los partidos tienen su libre decisión para hacer todos los acuerdos que quieran, pero el texto es claro en las formas de hacer modificaciones. Todo lo que quedó en el texto fue votado con quórum muy alto y aún así logramos llegar a acuerdos. Yo estoy por votar para transformar y no para reformar», explica. La integrante de la Coordinadora Plurinacional reafirma que una vez aprobado el texto «será posible hacer las reformas que quieran, pero tendrán que consultarnos porque eso dice el texto: consultar ante cualquier medida administrativa que nos afecte».
En cuanto a establecer límites sobre el consentimiento indígena, Godoy analiza que la reforma no afecta el fondo y que es «una idea de los partidos para explicar mejor el texto, dadas las mentiras que ha instalado la derecha, que nos ha llevado a un desgaste mayor al tratar de explicar el texto».
Desde la otra vereda, Martín Arrau (UDI), también ex convencional, comenta que la declaración de los partidos oficialistas «viene a confirmar lo que hemos dicho hace tiempo, que el texto viene a dividir Chile en varias naciones, que hay una justicia diferente para los pueblos indígenas, que la propiedad de la vivienda social no se garantiza en el texto (…)». Arrau agrega que «es tan malo el borrador que habría que arreglar todo esto (reformas oficialistas) para pensar en aprobarlo». Δ
