Tema del día: Normas Transitorias. Entre el jueves 26 y hoy, se realizó la primera votación de la comisión dedicada al tema, que coordinan los convencionales Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo) y Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales). La idea es desarrollar el informe que debe someterse al Pleno, que ya tiene fecha: el jueves 2 de junio, la próxima semana. Este articulado es el que le permitirá a la institucionalidad actual transitar hacia la nueva, en caso de que tras el plebiscito del 4 de septiembre se apruebe la propuesta de nueva Constitución, que está por ahora en formato de borrador, de camino a su versión definitiva.
Era de esperar que muchas de las normas propuestas para esta votación en la comisión fueran desechadas. Provenían de las comisiones temáticas ya disueltas y los acuerdos que se lograron superan esos insumos. Los temas de la normas transitorias que consiguieron los 20 votos mínimos y que irán a buscar el filtro del Pleno son variados: los quórums de reforma constitucional; cuándo se termina el actual Senado; qué pasa con la Comisión Territorial Indígena, y qué pasa con la instalación de salud y educación.
«La diferencia está en considerar cómo habría sido el devenir constitucional en Chile si desde 1993, porque esa es la regla propuesta, se hubiese podido reformar la Constitución sujeto a un quorum de 4/7 y un plebiscito. Si hubiera habido esa posibilidad, otro gallo estaría cantando ahora». Fernando Atria, sobre el quórum de los 2/3 que se está proponiendo
El documento que se sometió a votación tiene 146 páginas. Lo que no formaba parte del acuerdo previo y transversal articulado con la izquierda, como solía suceder en la etapa anterior, quedó fuera del debate. ¿De qué se trata aquello que no lo logró? Fueron rechazadas la propuesta de levantar el secreto del Informe Valech; normas referidas al medioambiente, que proponían que los derechos sobre los bienes naturales cesaran una vez aprobado el texto Constitucional, y normas sobre minería. Propuestas referidas al sistema político sí fueron parte de los acuerdos y entraron.
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Como ya se sabe, y que hay que tener claro: lo que se acuerda en las comisiones no necesariamente refleja después las voluntades políticas en el hemiciclo plenario. Un ejemplo claro de esta circunstancia es la norma transitoria que se aprobó en la comisión y que propone que las reformas a la Constitución tengan un quórum de 2/3 durante un plazo de 4 años, hasta que se instale del todo el nuevo sistema político en el Parlamento.
Se trata de una propuesta controvertida. El quórum de 2/3 ha sido motivo de disenso en distintas etapas del proceso constituyente. El año pasado, mientras se elaboraba el Reglamento, hubo agrios debates debido a una moción presentada por Chile Digno, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales y Escaños Reservados, que buscaba modificar ese mínimo, equivalente a 103 constituyentes, para aprobar normas constitucionales que forman parte del borrador. Finalmente, la moción de bajar a 3/5 no fue tomada y todo el borrador fue aprobado con ese mínimo.
Ahora es al revés. Hay una lluvia de críticas que afirman que este alto quórum establece la misma rigidez que tiene la Constitución actual. Desde el Frente Amplio (FA) aseguran que la propuesta busca llenar un vacío que hay en el texto constitucional, ya que no existe un quórum especial para las reformas constitucionales. Esta materia la debería ver la Comisión de Armonización, pero en caso de que no se haga cargo esta transitoria se propone llenar ese espacio.
Según el FA y los Movimientos sociales esta norma transitoria podría asegurar estabilidad a la nueva Constitución antes de que se implemente. Convencionales como Fuad Cahín (Lista del Apruebo) y Pablo Toloza (RN) la critican, haciendo referencia a que es una política propia del fallecido fundador de la UDI e ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán. Añaden que con ella se buscaría proteger la naciente Constitución de la democracia. Fernando Atria (Apruebo Dignidad + Frente Amplio) advierte que es un error confundir estos 2/3 con los de la Constitución vigente: «La diferencia está en considerar cómo habría sido el devenir constitucional en Chile si desde 1993, porque esa es la regla propuesta, se hubiese podido reformar la Constitución sujeto a un quorum de 4/7 y un plebiscito. Si hubiera habido esa posibilidad, otro gallo estaría cantando ahora».
La discusión en torno al quórum todavía está en desarrollo, porque esta norma transitoria depende de lo que proponga Armonización. Quienes sí tienen un horizonte más definido son los actuales senadores: tendrían hasta el 11 de marzo de 2026, cuando les debiera corresponder asumir a los representantes de la Cámara de las Regiones, luego de las votaciones de 2025.
César Valenzuela (CS) dijo que es evidente el cargo de Senador «no puede continuar. Es como seguir siendo convencional después de que se extinga la CC». De todos modos, asume que dentro de su colectivo se están preguntando qué es lo que sucede con los senadores que fueron escogidos en las elecciones pasadas y a quienes quedaría por cumplir la mitad de su mandato. Distintos colectivos creen que una opción viable es que no opere la inviabilidad para estas autoridades y que puedan presentarse nuevamente a elecciones junto a los candidatos y candidatas de la Cámara de las Regiones.
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En materia de derechos sociales hubo consenso. El artículo para la aplicación de estos derechos es el que impulsa al ejecutivo a proceder. No todos tienen el mismo plazo y lo máximo son dos años:
«El Presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas: Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses; Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses. Los plazos antes señalados se contarán a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución».
Esta norma obligaría al legislativo a concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a los dos años después de presentado el proyecto de ley. Durante esta semana y la anterior se barajó la opción de que, en el caso que el Parlamento no cumpliese con los tiempos, el Ejecutivo pudiese instalar estos sistemas a través de un Decreto con Fuerza de Ley. Todas las normas que iban en esa dirección fueron desestimadas, sin embargo.
«El Presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas: Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados en el plazo de 12 meses; Sistema Nacional de Salud en el plazo de 18 meses, y Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos Públicos en 24 meses». Norma transitoria general sobre derechos sociales.
Normas Transitorias le propondrá al Pleno el próximo jueves que el Sistema Nacional de Educación los siguientes deberes:
- Contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación
- Garantizar la participación de las comunidades educativas en el proceso de adecuación del Sistema Educativo
- Regular “el financiamiento progresivo” de la gratuidad de la educación superior.
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En cuanto a la salud sorprendió la aparición de Fonasa en una de las normas aprobadas como un respaldo en caso de que el Estado no cree el órgano que tenga que recibir las cotizaciones de salud de los y las trabajadoras: “En el plazo de 4 años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, de no haberse determinado el órgano público encargado de la administración de los fondos del Sistema Nacional de Salud, se entenderá que estos serán administrados por el Fondo Nacional de Salud”.
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En materia indígena se aprobó una propuesta de los escaños reservados que busca la creación de la Comisión Territorial Indígena para garantizar el «debido financiamiento estatal, infraestructura, asistencia técnica y administrativa» del proceso de restitución de tierras.
Esta comisión tendría un plazo de funcionamiento de ocho años, con la posibilidad de extenderse por cuatro más y solicitar nuevamente una extensión, pero estaría sujeta a los pueblos originarios. Los escaños no estaban muy seguros de si cosecharían los apoyos necesarios, pero lo lograron, al menos en comisión. Ahora deben buscar negociaciones para conseguir los 2/3 en el Pleno.
Esta norma busca, según Félix Galleguillos (pueblo lican antai), «dar una certeza en el corto tiempo de la implementación del tierras y territorios indígenas». El convencional agrega que están «esperanzados» de que la propuesta logre los 2/3 en el Pleno: «Sabemos que es una tarea difícil, pero vamos a hacer el trabajo para que se apruebe».
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Sobre materias de agua se determinó proponer que apenas entre en vigencia la nueva Constitución los derechos de aprovechamiento de aguas entregados con anterioridad se consideren «para los efectos legales, autorizaciones de uso de agua», según lo que establece en esta propuesta Constitucional.
Para que se genere un real tránsito de los derechos de agua otorgados bajo el paraguas de la Constitución de 1980 hacia lo que se busca con el nuevo texto, se propone que, en un plazo de cinco años, «los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas (DGA) o el organismo sucesor, para solicitar la regularización de la autorización de uso, según corresponda».
El organismo sucesor de la DGA será la Agencia Nacional de Aguas, que tendrá un rol «de coordinador de las atribuciones y funciones para la garantía del derecho de acceso al agua y al saneamiento, así como el equilibrio dinámico y socio ecosistémico de la gestión integrada de las cuencas». Esta Agencia deberá ser creada por el Ministerio de Medio Ambiente, mediante un Decreto de Fuerza de Ley.
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Al cierre de esta edición, la comisión continuaba en votación sobre las propuestas de los Sistemas de Justicia. Ya se determinó que los abogados integrantes de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones terminarán el período en el que fueron nombrados. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución no se realizarán nuevos nombramientos para estas Cortes.
Ahora, la comisión de Normas Transitorias tiene una dura tarea por delante: deberá negociar durante la semana y esperar a que el jueves 2 el Pleno filtre (como siempre) y decida qué materias podrán ingresar al borrador y cuáles necesitarán una segunda revisión. Δ
