Jueves 2 de junio: 20 aprobadas, 38 rechazadas. Martes 14 de junio: 41 normas pasan al borrador de 43 presentadas. Son los números de la Comisión de Normas Transitorias en el Pleno de la CC. Como se ve, la instancia que coordinan Elisa Giustinanovich y Eduardo Castillo, logró hoy una alta tasa de apoyo a sus propuestas, que buscan hacer la transición entre la institucionalidad actual y la que podría llegar de aprobarse el nuevo texto.
¿Qué pasó entre medio para cambiar el marcador? Simple: conversaciones y negociaciones entre los colectivos, partidos y movimientos de izquierda. La derecha se restó de esas citas, como alegó hace unos días el convencional PC Marcos Barraza.
Los quórums de reforma constitucional mientras se instale en nuevo Congreso, el fin al Senado, la edad de jubilación de los jueces y juezas y los plazos de presentación de proyectos de ley sobre derechos sociales fueron algunas de las temáticas que se trataron en esta oportunidad. Pero la clave, al igual que en el primer informe, estaba en la aprobación del segundo artículo.
«O están enamorados de su Constitución o este texto proviene de un solo sector”. Cristian Monckeberg (RN).
Este texto establecía que las normas de la Constitución del 80 se mantienen mientras no existiese una derogación, modificación o suspensión. Ahora, la norma se acomodó y menciona que el “Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional”. Con esto, las instituciones que entregan servicios estatales estarán mandatadas a acomodarse gradualmente a los principios, por ejemplo, de paridad, una vez entre en vigencia la nueva Constitución. Esa fue una garantía para colectivos que provienen de los movimientos populares y, aún cuando no estaban del todo conformes, la norma logró aprobarse por 117 votos a favor.
“Nadie debería asegurar que un plebiscito es poner un candado. Preguntarle a la ciudadanía abre la discusión, y eso es justamente lo contrario”. Jaime Bassa (FA).
Según distintos colectivos, este artículo era clave para dar señales de estabilidad y de un tránsito progresivo. “Tiene una importancia a propósito que establece la recepción de la norma constitucional anterior, la progresividad en la transformación y los plazos. Eso es bien relevante”, declaró Barraza.
Previo a las votaciones, los sondeos de algunos colectivos arrojaban que los 2/3 no estaban completamente asegurados en la mayoría de las normas pero, justo antes de que comenzara la votación, la Coordinadora Plurinacional decidió retirar la solicitud de votación separada de cada artículo. Esa fue la señal que confirmó que el acuerdo estaba en pie.
Desde ese momento la línea de los 103 votos se sintió menos rígida, pues las normas empezaron a aprobarse una tras otra. Una de ellas, probablemente la más comentada durante el último mes, fue el quórum de reforma constitucional que tendrá el actual Congreso Nacional para modificar la nueva Constitución. Se definió que hasta el 11 de marzo del 2026 la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado deberán contar 4/7 de los votos para reformar la Carta Fundamental. Aquellas reformas que busquen cambios en el Sistema Político, Forma de Estado, Normas Transitorias y el capítulo de Naturaleza y Medioambiente tendrán que, además, someterse a un referéndum ratificatorio. En caso de que el proyecto logre concitar 2/3 en ambas cámaras del parlamento, el referéndum no será necesario.
Para la derecha este quórum significa una rigidez similar a la que tiene la Constitución actual. Cristián Monckeberg (RN) dijo que los 4/7 y el plebiscito significan “muchos candados” y añadió que el avance de esta norma tiene dos respuestas posibles: “O que están enamorados de su Constitución o que este texto proviene de un solo sector”.
El ex vicepresidente Jaime Bassa (FA) celebró la aprobación del informe y respondió a los dichos de la derecha respecto al quórum de reforma Constitucional: “Nadie debería asegurar que un plebiscito es poner un candado. Preguntarle a la ciudadanía abre la discusión, y eso es justamente lo contrario”. Para Barraza esta norma «entrega tranquilidad» a la población, en tanto pone un filtro al Congreso actual para modificaciones, en caso de que se apruebe el 4 de septiembre: “El Congreso puede incidir en el texto, pero con un referéndum, una consulta a ciudadanía».
“La mejor forma de instalar el sistema político es dándole un plazo razonable de cuatro años para que el legislador pueda dictar las adecuaciones necesarias sobre la regulación del Sistema Político para que entre en vigencia el 2026”. Tomás Laibe (Colectivo Socialista).
La otra norma que se ha comentado -incluso desde que surgió la idea de una Convención Constitucional- es el fin del Senado. Si bien ya estaba marcado en el borrador de nueva Constitución, ahora se definió que cesará sus funciones el 11 de marzo del 2026. Con 124 votos a favor, se puso fecha límite a los senadores actuales. Uno de los problemas que habían anunciado las autoridades políticas actuales es que se interrumpiría el mandato popular de aquellos senadores que fueron electos el 2021, pues solo cumplirían cuatro de los ocho años. Es por eso, que la norma también permite la candidatura de estos senadores al nuevo parlamento, ya sea a la Cámara de Diputados y Diputadas o a la Cámara de las regiones.
En la derecha reconocen que nunca hubiesen querido terminar con la Cámara Alta y que preferían esperar a que terminara el periodo de mandato de estas autoridades: “Lo importante es que los años de ejercicio que les queden lo hagan con las mismas facultades, vale decir, el Senado va a estar los próximos 4 años y con las actuales facultades. No es la mejor de las fórmulas ni la mejor de las soluciones”, argumentó Monckeberg.
Para los socialistas, que han sido el colectivo bisagra algunas veces, esta es una norma responsable. El vicepresidente adjunto, Tomás Laibe, lo explica: “La mejor forma de instalar el sistema político es dándole un plazo razonable de cuatro años para que el legislador pueda dictar las adecuaciones necesarias sobre la regulación del Sistema Político para que entre en vigencia el 2026”.
