“Aporte para sueldo de asesorxs, $500 el helado”, fue la consigna de un grupo de asesores de convencionales que intervinieron el miércoles 3 el patio central del ex Congreso vendiendo refrescos para enfrentar y visibilizar el no pago de sus salarios. Algunos acusaron haber recibido sólo un sueldo desde la instalación de la Convención Constitucional, el 4 de julio, y otros, ningún peso en absoluto. Desde octubre las irregularidades en los sueldos ya eran un conflicto entre la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), entidad encargada de entregar las remuneraciones, y los trabajadores de la Convención. “Cuatro meses sin sueldo, sin salas ni oficinas, sin alimento ni apoyo a nuestras familias” fue la frase de uno de los carteles pegados en el frontis de la CC increpando al Ministerio.
Sobre el retraso, la Segpres indicó que el Reglamento de la CC, aprobado el 12 de agosto, implicaba la creación de un Comité Externo de Asignaciones, que administra los pagos, contrata a los asesores, carga contratos y documentos y solicita los pagos a la Secretaría. Mientras este Comité no estuviera constituido no se podía gastar la glosa 24, que contiene el presupuesto para las asignaciones y para la participación ciudadana, un total de $1.900 millones. De acuerdo con el Reglamento, cada convencional tiene 40 UTM mensuales ($2.086.440 al día de hoy) para el pago del personal de apoyo, independiente de cuántas personas trabajen en esta labor.
¿Burocracia o falta de voluntad?
Pero luego de haberse constituido el Comité de seis profesionales el proceso no se aceleró. Para que un asesor reciba su sueldo debe pasar, al menos, por cinco etapas: firma de contrato, regularización de documentos personales exigidos por el Comité de Asignaciones, envío por parte de los asesores de los informes con sus actividades, solicitud de pago desde el Comité a la Segpres y, finalmente, transferencia de su remuneración.
«Nuestro rol es apoyar al Comité en la formalización de las contrataciones que nos solicitan y luego hacer los pagos respectivos. La solicitud de pago se inició en el mes de octubre, por tanto, estamos trabajando de manera pronta y eficiente para darle solución”, comentó el 27 de octubre Matías Cox , secretario ejecutivo de la Convención Constitucional. Pero hasta el momento varios asesores reclaman que nada se ha solucionado.
“Todo lo que hacemos son medidas colectivas, porque se ha dicho que tenemos contrato y que se han pagado sueldos pero no es así para todos (…) Mientras haya una persona, un trabajador precarizado, nosotros vamos a seguir en estas movilizaciones y visibilizar lo que pasa”, declaró Úrsula Eggers, asesora del convencional Manuel Woldarsky (D10), en medio de la protesta e intervención de venta de helados del 3 de noviembre.
La cifra oficial de funcionarios que aún no perciben sueldos es incierta ya que aseguran que existen diversos casos y “temor” a reclamar por posibles despidos.
La situación instó a los asesores a juntar firmas para crear un sindicato que les permita tener más atribuciones para reclamar sus intereses y lograr mejoras en el desempeño de sus actividades. Juntaron las 25 firmas mínimas necesarias para constituir el Sindicato Plurinacional de Trabajadoras y Trabajadores de la CC de Chile este jueves 4 y Eggers es su presidenta. La cifra oficial de funcionarios que aún no perciben sueldos es incierta, ya que aseguran que existen diversos casos y “temor” a reclamar por posibles despidos.
Algunos no han logrado firmar sus contratos por burocracia interna. Otros declaran anónimamente que, a pesar de tener todos sus documentos al día, las gestiones entre la Comisión Externa de Asignaciones y la Segpres es deficiente. Incluso se califica este problema como “falta de voluntad del Ejecutivo en medio de una campaña por entorpecer el funcionamiento de la Convención”.
“Es difícil hablar de una situación generalizada porque hay asesores que firmaron y les han pagado y están al día. Hay otros, como yo, que empecé a trabajar desde el mismo día que se instaló la CC, y aún no me han pagado agosto, septiembre y octubre”, asegura Eggers y continúa: «Nosotros pensamos que esta es una obstrucción al trabajo constituyente, porque tenemos compañeros que han tenido que renunciar por no recibir sus sueldos. No se puede solventar. Hay muchos que estamos pagando para poder trabajar. Es una situación súper arbitraria».
El asesor de Eric Chinga (pueblo diaguita), Francisco Salinas, cuenta que percibió sólo el pago de agosto y desde ese momento su «compañera de vida» y su familia lo han sostenido en el proceso: «Me da mucha pena, ya que ellos han asumido mi carga del proceso histórico del pueblo diaguita para seguir en lucha”. Salinas agrega que los viáticos y gastos operativos tampoco han sido retribuidos al representante diaguita: “Con el sueldo de Eric (Chinga) hemos sobrevivido tanto en el arriendo de Santiago como en alimentación. La semana territorial fue por cuenta nuestra y aún no reponen esos dineros”.
“Muchos de los que llegamos acá estamos súper comprometidos con el proceso constituyente, con el país y con esta oportunidad histórica de escribir una nueva Constitución, pero es complejo que estemos pagando las consecuencias de este trabajo precarizado”. Úrsula Eggers.
Una carpa con mesas y sillas instalada en el patio del ex Congreso y las bancas exteriores son las «oficinas» de los asesores que no pueden ingresar junto a los convencionales por límites de aforo. “Muchos de los que llegamos acá estamos súper comprometidos con el proceso constituyente, con el país y con esta oportunidad histórica de escribir una nueva Constitución, pero es complejo que estemos pagando las consecuencias de este trabajo precarizado”, asegura Eggers. La asesora considera que los casos más dramáticos son los de padres, madres y cuidadores, quienes ante las extensas horas laborales no pueden ver a sus familias, sobre todo luego de que la guardería del ex Congreso cerrara sus puertas sin previo aviso.
Otra de las críticas se refiere al viaje que realizarán, a fines de noviembre, los 154 convencionales a Concepción para su primer pleno en regiones. Los convencionales no podrán ser acompañados por sus funcionarios de apoyo, ya que no fueron considerados dentro de los gastos operacionales. Para quienes conformaron el Sindicato esto hace sentir la diferencia entre el “estatus de los convencionales y los trabajadores que estamos igualmente bajo el mismo Reglamento y las mismas obligaciones”.
Los voluntarios y los regulares
En los equipos convencionales existen 209 asesores contratados y que deberían recibir sueldo. Aún así, algunos convencionales trabajan con personas voluntarias que gestionan sus redes sociales y/o agendas. Uno de estos casos es el de la representante del D5 Jeniffer Mella, quien tiene contratado a dos asesores con sueldo promedio de $1.045.000. A ellos se suma un grupo de apoyo que trabaja ad honorem.
Desde Chile Vamos indican que algunos convencionales prefirieron optimizar los recursos y asesorarse por la misma persona. Tal es el caso de Clara Bengolea, apoyo de Constanza Hube y Ricardo Neumann por honorarios de $1.500.000. El abogado Diego Sepúlveda colabora con Martin Arrau y Bárbara Rebolledo por un sueldo de $2.296.800, la remuneración más alta entre los asesores. Ninguno de ellos, a pesar de poseer dos contratos, ha tenido dificultades en los pagos de sus sueldos.
La diferencia entre la cantidad de asesores de los convencionales también es destacable. Como referencia, Cristóbal Andrade posee contrataciones por cinco asesores y Fernando Atria y Amaya Álvez tienen cuatro cada uno. La presidenta Elisa Loncon registra tres asesores, al igual que Jaime Bassa: ninguno de ellos supera los 2 millones de pesos en gasto total. La representante del pueblo Colla, Isabel Godoy, tiene un asesor que concentra todo el monto asignado a sueldos. Δ
El cara a cara: Convención vs. Congreso
Al tener cada uno de los convencionales un monto máximo de $2 millones mensuales para asesores, se podrían gastar $310.000.000. Los datos de Transparencia indican que en septiembre -último mes registrado- se ocuparon $155.923.667 en este ítem.
Como comparación, los 155 diputados tienen en total 1.397 asesores con $1.288.285.080 mensuales para esta glosa. Los 43 senadores trabajan con 406 asesores y destinan $459.788.315 destinados a estos pagos.
Mientras el asesor mejor pagado de la CC gana $2.296.800, en la Cámara de Diputados quien percibe mejores ingresos es Rubén Mera, asesor del RN Carlos Kuschel, con un sueldo de $3.468.781. En el caso de los senadores, el jefe de gabinete de Alejandro Guillier, Enrique Soler, es el mejor remunerado con un sueldo de $4.879.499.
