«Las personas que han sido excluidas de distintas maneras hoy tienen ese reconocimiento constitucional que les permite tener acceso a beneficios que antes no podían tener», dijo la coordinadora Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) a eso de las 00:30 de esta madrugada. Fue después de que terminara el Pleno deliberativo 31, que abordó el tercer informe de la Comisión de Principios Constitucionales.
El articulado abarcaba temas esperados sobre diversos derechos sociales, que son los que llevaron a la ciudadanía las calles el 18 de octubre de 2019. La novedad estaba en que se trataría a grupos históricamente excluidos como los adultos mayores; los niños, niñas y adolescentes; los migrantes, y las personas en situación de discapacidad. Era un informe breve, con sólo 11 artículos, y que proviene de contenido que le fue entregado a esta comisión por Derechos Fundamentales, que en marzo se vio superada por el flujo de normas. Cinco artículos de los propuestas lograron superar los 103 votos necesarios para ser parte de propuesta constitucional.
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La Comisión presentó ayer su tercer y último informe al Pleno. El segundo sufrió un amplio rechazo el 2 de abril: 11 de los 27 artículos fueron aprobados y solo tres se aprobaron por completo. En esta oportunidad las coordinadoras -Vallejos y Lorena Céspedes (INN)- esperaban un mejor resultado y conseguir que la mayoría de los artículos lograran los 2/3, equivalentes a 103 votos. No fue así realmente, pero lo que se aprobó abarca materias fundamentales.
El Pleno comenzó a las 18:30, después de la discusión del informe de reemplazo de la comisión de Medio Ambiente, que consagró al agua como un recurso inapropiable y estableció bienes comunes naturales, como el mar territorial, las playas, las aguas, los glaciares y humedales, y el aire y la atmósfera, entre otros. El desarrollo de esta doble jornada terminó por fijar la hora de término a la medianoche.
Esta vez, los temas del informe de Derechos Fundamentales eran menos técnicos y más ligados a las demandas civiles del estallido social: la vida libre de violencia de género, por ejemplo. Por lo mismo, dentro de la comisión se esperaba la aprobación de la mayoría de estos artículos, aunque se sabía que habría asuntos que volverían para ara mejoras y más discusión, porque son complejos y controvertidos.
«La norma no contempla la realidad local. En los territorios aisladosm la migración no se ve con las particularidades que se ve en la ciudad». Isabella Mamani (pueblo Aymara), sobre el derecho a migración
Entre otros, se hablaba del derecho a las oportunidades y remuneraciones en el trabajo, que regula la igualdad salarial; del derecho a la corresponsabilidad en las labores del hogar y la crianza, y del derecho a migrar y el principio a no devolución, que le prohíbe al Estado la devolución forzosa de personas que soliciten asilo.
El derecho a la migración, identificado como «incómodo» en su discurso de apoyo por el convencional Patricio Fernández (CS), volvió a la comisión tras ser rechazado por la derecha, algunos escaños reservados y convencionales de la Lista del Apruebo e INC (ex Independientes No Neutrales). La convencional aymara y representante de la comuna de Colchane, Isabella Mamani, dijo estar en contra debido a los límites poco claros que establecía el articulado. Añadió que los textos deben ser mejor definidos: «La norma no contempla la realidad local. En los territorios aislados, la migración no se ve con las particularidades que se ven en la ciudad, donde la multiplicidad se toma todas las esquinas. En lugares como Colchane simplemente dejan sin espacio a la población local rural”.
Lisette Vergara (Coordinadora Plurinacional) desestimó ese argumento. Indicó que, si bien se consagra el derecho a migrar desde y hacia Chile, la regulación estará sujeta a la ley: «No estamos hablando de que vamos a dejar entrar a todos sin regulación, por el contrario, se dejan los márgenes para generar regulaciones y políticas públicas».
La coordinadora Vallejos indicó que el tema migratorio es un tema muy potente en términos comunicacionales: «Se toma la agenda de la CC», afirmó apuntando a la crisis migratoria que existe actualmente en especial en a zona norte del país (ver recuadro). Por lo mismo, añadió: «Tenemos que revisar esas tensiones políticas y avanzar en esos acuerdos».
«No estamos hablando de que vamos a dejar entrar a todos sin regulación, por el contrario, se dejan los márgenes para generar regulaciones y políticas públicas». Lisette Vergara (Coordinadora Plurinacional)
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Sí se aprobó el derecho de los niños, niñas y adolescentes. El primer inciso contó con 118 votos a favor. Dice lo siguiente: «son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile».
Desde de la Comisión indicaron que el Frente Amplio y otros sectores de organizaciones sociales se oponían a la aprobación completa de algunos artículos referidos a este tema, por tener una inclinación patriarcal de la concepción de familia. El artículo cinco mandataba corresponsabilidad de las labores del hogar y crianza a las «madres y padres» de forma equitativa los cuidados del hogar. El argumento que bajó este inciso vino desde el Frente Amplio (FA) y algunas convencionales de los Movimientos Sociales. Se indicaba que esos artículos contenían «aspectos de roles que mantienen la familiarización de los cuidados y con ello refuerzan también una noción heterosexual de la familia como la única posible», explica Alondra Carrillo (Movimientos Sociales).
La alternativa que se propone, en cambio, consiste en avanzar a «la corresponsabilidad social de los cuidados porque, ni la violencia de género ni los cuidados son asunto domestico ni de familia», dice Carrillo. Desde el FA, Giovanna Roa se sumó a ese argumento al rechazar esos incisos porque la idea de consagrar a las familias como las responsables de garantizar las labores de cuidado “va en contra de la demanda por la socialización de los cuidados, que es uno de los cambios de paradigma necesarios para lograr una vida digna. Esto en especial para las mujeres que son las que actualmente cargan con la gran mayoría de este tipo de trabajo no remunerado».
Es más, muchos incisos de los artículos referidos a la niñez -todos los que nombran a «las familias»- no lograron flotar y volvieron a la comisión. Uno de ellos indicaba: «Las familias tienen un rol de garantes en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Es deber del Estado reconocer este rol, donde la sociedad y comunidades coparticipan activamente y dar el apoyo necesario para la realización de este».
Luego de votar el informe de reemplazo con los artículos que no superaron el corte de los 103 votos en este Pleno, la comisión se dedicará a proponer y elaborar las normas transitorias. Es una etapa que se avecina para la mayoría de las comisiones. La que está más atrasada, en cuanto a la entrega de informes, es la de Sistema Político.
Este informe se elaboró a través de las 91 normas derivadas por la Comisión de Derechos Fundamentales y fue el último de la comisión. Este bloque de normas que recibió la comisión de Principios Constitucionales pertenecía a la temática de los grupos históricamente excluidos. En total eran 11 temáticas, que se sistematizaron en 12 artículos.
Luego de votar el informe de reemplazo con los artículos que no superaron el corte de los 103 votos, la comisión se dedicará a proponer y elaborar las normas transitorias. Es una etapa que se avecina para la mayoría de las comisiones. La que está más atrasada, en cuanto a la entrega de informes, es la de Sistema Político. Δ
LA CRISIS MIGRATORIA EN COLCHANE
Citada por la convencional Isabella Mamani, Colchane es hoy una zona crítica a causa de la presión migratoria, que ha sido agravada en el último año y medio por la emergencia sanitaria del Covid. En un intento de control, se ha cavado en los últimos 5 años una zanja, que se mantuvo de 600 metros. Antes de su partida, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que se ampliaría en 3.100 metros más para «tener mayor capacidad de control de bandas criminales que quieran pasar en vehículos o de personas que quieran ingresar de manera clandestina a Chile». La zona, donde el ejército se mantuvo haciendo rondas, ha derivado en accidentes de personas que intentan atravesar la frontera sin pasar por controles migratorios. Tras el fin del estado de excepción en la zona, que fue instalado a causa de una crisis social por la muerte de un transportista y protestas antiinmigración en Iquique, ha comenzado a normalizarse el flujo en esa localidad. El 1 de mayo próximo debería materializarse la apertura total de las fronteras terrestres chilenas, incluido Colchane.
LOS ARTÍCULOS QUE INGRESARON AL BORRADOR CONSTITUCIONAL
Artículo 1.- Derechos de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Artículo 3.- Derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexo genéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado.
El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse.
Artículo 6.- Derechos de las personas con discapacidad. La Constitución reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos que esta Constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes les reconocen, en igualdad de condiciones con los demás y garantiza el goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias, según corresponda.
Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, así como también la inclusión social, inserción laboral, su participación política, económica, social y cultural.
La ley arbitrará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos.
Artículo 9.- Derecho al asilo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas.
Artículo 11.- Derechos de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución, en las leyes y tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.
El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar, sin discriminación y en todo su actuar, los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto de la más alta prioridad del Estado, y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad personal de niñas, niños y adolescentes, sea que la violencia provenga de las familias, del propio Estado, o de terceros.
