Los ánimos al interior del ex Congreso seguían crispados cuando se dio inicio a la sesión n° 88 de la Convención Constitucional. Los reclamos, las cancelaciones entre colectivos y el choque de trenes políticos seguían resonando en los pasillos luego de las complejas horas vividas en la votación del segundo informe de la Comisión de Medioambiente realizada ayer. El inesperado rechazo del documento en general ubicó a independientes y al Partido Socialista en veredas contrarias, consolidando cada vez más el quiebre entre las fuerzas de centro izquierda.
Este episodio puso una piedra más sobre la pirámide de dificultades que la CC presenta para formar acuerdos. Son precisamente esos consensos los que más necesita la Comisión de Sistema Político, que llegó este viernes al Pleno para presentar su segundo informe. Esta vez, los resultados fueron bastante favorables en comparación con las instancias anteriores. De los 29 artículos presentados, 15 fueron aprobados de forma íntegra y tres de manera parcial.
«Es fundamental que seamos capaces de reconstruir las confianzas y formar un acuerdo, porque de otra forma no llegaremos con un sistema de gobierno a la nueva Constitución y eso sería inaceptable». Constanza Schonhaut (FA)
Como contexto: el pasado 13 de abril, la Comisión sometió al hemiciclo el informe de reemplazo del bloque 1 luego de seis jornadas de conversaciones entre los colectivos, donde se creó un acuerdo suscrito por todos los sectores, con excepción del Colectivo del Apruebo y la derecha. El acuerdo se hundió en las votaciones porque el PS e Independientes No Neutrales cambiaron sus sufragios. La molestia del Partido Comunista y del Frente Amplio inició un camino de fragmentación que ya parece insalvable.
El miércoles 20 de abril antes del mediodía, la Comisión de Sistema Político se reunió en privado para revisar el trabajo pendiente y dar la partida a una nueva ronda de conversaciones. La finalidad de esa sesión presencial fue exponer las posiciones de los colectivos para modificar el primer informe, que aún tiene pendiente las facultades de la Cámara de las Regiones, organismo que reemplazará al Senado y que es el centro de los debates. Es un tema altamente crítico: a tres semanas de que termine el tiempo de trabajo en comisiones, les queda sólo una oportunidad ante el Pleno para aprobar las normas relativas al régimen político. El plazo para presentar indicaciones vence el lunes 25 de abril a la medianoche.
Si bien las reuniones continuarán durante este fin de semana, las conclusiones sobre los resultados del diálogo de la Comisión son divididas, pues el PS se ha mostrado firme en su opinión de aumentar las facultades de la Cámara de las Regiones. La coordinadora Rosa Catrileo (mapuche) considera que confluir a un nuevo acuerdo entre todos es casi imposible con las divisiones existentes y aún más considerando el ambiente que tuvo el rechazo al informe de Medio Ambiente (ver recuadro).
Desde el Frente Amplio, Constanza Schonhaut comenta: «Es fundamental que seamos capaces de reconstruir las confianzas y formar un acuerdo, porque de otra forma no llegaremos con un sistema de gobierno a la nueva Constitución y eso sería inaceptable. No podemos dejar que el Congreso decida temas que nos corresponden». Schonhaut es del círculo cercano del Presidente Gabriel Boric, quien hoy precisamente se pronunció sobre el trabajo que está llevando a cabo la comisión y los debates sobre el Poder Legislativo: «A mí me gusta la idea de un bicameralismo asimétrico. Ahora, eso no significa un bicameralismo simbólico, y hoy la Comisión de Régimen Político está trabajando intensamente para discutir las atribuciones que va a tener la Cámara de las Regiones», dijo el Mandatario a una radio de la Región de Coquimbo.
Una de las ideas que sobrepasó el secreto de las reuniones y que promete aumentar la controversia es que el PS busca «estirar» la configuración del régimen político hacia una simetría, entregando las mismas atribuciones del Senado a la Cámara de las Regiones.
El eje que implica la discusión sobre la Cámara de las Regiones también alcanzó a los liderazgos. Trascendió que hay críticas hacia Ricardo Montero (CS), coordinador de la comisión, quien ya no tendría el mismo peso que antes. Sobre todo luego de los cuestionamientos del convencional Marcos Barraza (PC) a su gestión. Esta sería la razón para que Maximiliano Hurtado sea el encargado de liderar las conversaciones que tiene el partido de forma interna. Entre las intenciones del Colectivo Socialista están que la Cámara de las Regiones tenga incidencia en el veto presidencial y la atribución de participar y resolver en las acusaciones constitucionales, punto que especialmente el PC desaprueba.
Incluso más: una de las ideas que sobrepasó el secreto de las reuniones y que promete aumentar la controversia es que el PS busca «estirar» la configuración del régimen político hacia una simetría, entregando las mismas atribuciones del Senado a la Cámara de las Regiones. De parte del FA y el PC se explica ésta es una línea que no van a transar. Buscan que el nuevo órgano no sea exactamente igual al recién abolido. La derecha se quedó fuera de las conversaciones, pero envió una serie de propuestas por escrito.
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El éxito de las conversaciones aún está en vilo. Los 29 artículos que se vieron hoy en el Pleno demuestran que el trabajo de la Comisión continúa, aunque con temas que desde los inicios concertaron más alianzas que discordias. En el documento debatido se incluyó probidad, transparencia, Fuerzas Armadas, policías, relaciones internacionales y estados de excepción constitucional, entre otros. Según detalló la coordinación de la Comisión, encabezada por Catrileo y Montero (PS), para la elaboración de este informe se revisaron 65 iniciativas de norma, dos de ellas presentadas por la ciudadanía y seis por constituyentes de los escaños reservados.
Uno de los principales nudos de la jornada fue el artículo 19, que aborda la institucionalidad de las policías. El inciso 1 dice: «las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias». La transformación de la organización de Carabineros desde un carácter militar a uno civil ha sido el principal punto de discordia.
Tres miradas sobre un cambio en Carabineros:
«Trae efectos negativos en base a dos aristas: la organización y funcionamiento de Carabineros y que el foco estaría puesto en el orden público por sobre la seguridad de las personas». Raúl Celis (RN)«Se busca dejar atrás la doctrina de la Guerra Fría, en donde se legitima la idea de enemigos internos». Rosa Catrileo (pueblo Mapuche)
«Es necesario que Carabineros continúe con su tradición de 85 años y que para situaciones tan difíciles como terremotos y aluviones estén disponibles». Arturo Zúñiga (UDI)
Raúl Celis (RN) manifestó que el cambio es «una idea con poco sustento en derecho comparado, que más bien corresponde a una errónea comprensión de su funcionamiento y consecuencias prácticas». El convencional aseguró que «trae efectos negativos en base a dos aristas: la organización y funcionamiento de Carabineros y que el foco estaría puesto en el orden público por sobre la seguridad de las personas».
La convencional Catrileo indicó que es necesario avanzar en la iniciativa: «Se busca dejar atrás la doctrina de la Guerra Fría, en donde se legitima la idea de enemigos internos, siendo estos enemigos partidos de izquierda y actualmente organizaciones populares, estudiantiles, comunidades y organizaciones mapuche que reivindican derechos colectivos».
El artículo 19 finalmente no obtuvo luz verde en la CC. Colectivos de derecha indicaron que esperan que quede estipulada la «desmilitarización de las policías» en vez de transformar a Carabineros a una raíz civil. El convencional Arturo Zúñiga explica: «El país ya tiene una policía civil, que es la PDI, y no necesita dos policías iguales. Además, es necesario que Carabineros continúe con su tradición de 85 años y que para situaciones tan difíciles como terremotos y aluviones estén disponibles. No nos parece que se quiera refundar la institución».
El asunto seguirá en debate como se demostró en el punto de prensa, cuando el coordinador Ricardo Montero comentó: «Creo que algunas personas se confundieron un poco, pero la norma sobre policías no significa que cambien o que no sean jerarquizadas, especializadas o deliberantes». Fernando Atria (FA) agregó: «Mantener una estructura militar es apropiado cuando se está enfrentando a enemigos, pero Carabineros enfrenta ciudadanos para asegurar el derecho. Tener una estructura civil no quita que sea jerarquizada, profesional, etcétera».
Este viernes también se discutieron artículos sobre buen gobierno, como el relacionado al Principio de Probidad, que «consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular«. La norma pasó al borrador constitucional con 122 votos a favor y 1 en contra. La misma suerte corrió el Principio de Transparencia que dice: “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder del Estado«. El artículo obtuvo 111 votos a favor y 26 en contra de parte de los colectivos de derecha.
“El artículo es una potente señal política que declara que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático”. Mauricio Daza (INN), sobre la norma sobre la corrupción
Otro de los puntos que concentró gran expectación fue el artículo 7: “La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción”. Fuad Chahín, del Colectivo del Apruebo e integrante de Sistema Político, se mostró a favor de la norma: “La corrupción es un cáncer de las democracias, que corrompe sus instituciones, que las debilita y deslegitima hasta consumirlas (…) El informe que se presenta hoy es positivo, porque eleva el estándar del punto de vista de los principios de probidad, transparencia, de persecución de la corrupción, de acceso a la información pública».
Mauricio Daza (INN) recordó los grandes casos de corrupción en Chile como Soquimich, Penta y Corpesca. El abogado declaró: «Se pudo constatar que grandes empresarios tenían capturados a altos dirigentes políticos. Es por esto que el artículo es una potente señal política que declara que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático agregando que es deber del estado tomar las medidas que correspondan para evitarlo».
El artículo superó la barrera de 2/3, con 126 votos a favor, y 26 abstenciones. Nuevamente los grupos de derecha no aprobaron el articulado pues explicaron que buscaban incluir que el legislador pudiera establecer inhabilidades especiales a quienes realicen actos de corrupción.
Un foco de tensión especial estuvo puesto en el artículo 13 que señala: «No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar«. Inicialmente se esperaba que el artículo fuera aprobado sin problemas, pero quedó en la cornisa, ya que faltó un voto para flotar en el Pleno. Curiosamente, el coordinador de la Comisión, Ricardo Montero, no votó en esa instancia. Explicó que estaba distraído: «Ayudando en las votaciones en otra sala y no alcancé. Asumo la responsabilidad, sé que los votos para esa norma están y que pasarán la siguiente vez».
La coordinadora Catrileo también explicó su abstención en este artículo: ella y los escaños reservados no se manifestaron ni a favor ni en contra pues consideran que faltó que fueran inhabilitados constitucionalmente quienes comentan violaciones a los derechos humanos.
Los únicos detractores que obtuvo la norma fueron Fuad Chahín y Fernando Atria. El convencional DC indicó que el artículo debe ser completado para inhabilitar la función pública de otros delitos. Atria comentó que «cuando una persona comete un delito y paga su condena ya cumplió su deuda con la sociedad y no parece justo que no pueda cumplir funciones públicas».
Se espera que el debate de la comisión sobre las normas rechazadas en este informe no sea tan complejo como el del primero, que contempla la «sala de máquinas» de la próxima Constitución. Este fin de semana será clave para descifrar si los colectivos encontrarán una salida común o cada uno tendrá que probar su suerte ante el Pleno. Δ
EL DÍA DESPUÉS DE «LA FUNA»
«La funa» que recibió el Colectivo Socialista el jueves 21 por un grupo de convencionales ambientalistas quienes criticaron duramente por rechazar en general el informe de Medio Ambiente marcó el comienzo del Pleno deliberativo 35. El PS acusó «matonaje» a sus pares y, desde Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric también tuvo declaraciones al respecto.
El mandatario calificó de «absolutamente inaceptable» la acusación por parte de los llamados ecoconstituyentes. El militante del PS y presidente del Senado, Álvaro Elizalde, incluso acudió al ex Congreso para manifestar su rechazo a «la funa» que incluyó a Carlos Calvo, Adriana Cancino, Tomás Laibe, César Valenzuela, Patricio Fernández, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Ricardo Montero, Matías Orellana y Ramona Reyes. «Estos actos de matonaje, que corresponden a conductas proto-fascistas, son inaceptables», acusó Elizalde. Aseguró que el PS no está recibiendo presiones para cambiar las votaciones de los convencionales.
LOS ARTÍCULOS QUE PASAN AL BORRADOR:
Artículo 1°.- Con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, los órganos competentes en la materia deberán coordinar su actuar a través de la instancia o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines, en la forma que determine la ley.
111 A FAVOR 2 EN CONTRA 26 ABSTENCIONES
Artículo 2. Principio de probidad. El principio de probidad consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
122 A FAVOR 1 EN CONTRA 21 ABSTENCIONES
Artículo 3°.- Principio de transparencia.
111 A FAVOR 26 EN CONTRA 12 ABSTENCIONES
Artículo 4°.– Principio de rendición de cuentas.
116 A FAVOR 18 EN CONTRA 12 ABSTENCIONES
Artículo 5°.– Derecho de acceso a la información pública.
115 A FAVOR 3 EN CONTRA 31 ABSTENCIONES
Artículo 6°.- Consejo para la Transparencia.
108 A FAVOR 1 EN CONTRA 41 ABSTENCIONES
Artículo 7°.- Sobre la corrupción.
126 A FAVOR 0 EN CONTRA 26 ABSTENCIONES
Artículo 8°.– El Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción.
128 A FAVOR 0 EN CONTRA 24 ABSTENCIONES
Artículo 9°.-El ejercicio de funciones públicas se regirá por los principios de probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad.
115 A FAVOR 19 EN CONTRA 17 ABSTENCIONES
Artículo 10.- Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.
119 A FAVOR 6 EN CONTRA 25 ABSTENCIONES
Artículo 15.- Jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y Política de Defensa Nacional. A la o el Presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la defensa nacional.
106 A FAVOR 30 EN CONTRA 15 ABSTENCIONES
Artículo 16.- Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional.
108 A FAVOR 22 EN CONTRA 21 ABSTENCIONES
Artículo 17.– El Congreso supervisará periódicamente la ejecución del presupuesto asignado a defensa, así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar.
108 A FAVOR 3 EN CONTRA 38 ABSTENCIONES
Artículo 20.-Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados.
104 A FAVOR 36 EN CONTRA 9 ABSTENCIONES
Artículo 24.– Estado de catástrofe. El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará la Presidenta o Presidente de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a treinta días.
108 A FAVOR 36 EN CONTRA 5 ABSTENCIONES
Artículo 26.- Ejecución de las medidas de excepción.
103 A FAVOR 40 EN CONTRA 4 ABSTENCIONES
Artículo 27.- Competencia legal. Una ley regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos, en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.
103 A FAVOR 33 EN CONTRA 13 ABSTENCIONES
Artículo 29.- Control jurisdiccional. Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma.
106 A FAVOR 20 EN CONTRA 22 ABSTENCIONES
LOS ARTÍCULOS QUE VUELVEN A COMISIÓN:
ART 5 INCISO 2: En la interpretación de este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima divulgación. En los casos de reserva o secreto establecidos en virtud del artículo 3°, se procurará aplicar el principio de divisibilidad.
83 A FAVOR 28 EN CONTRA 38 ABSTENCIONES
Artículo 11.- Una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas.
88 A FAVOR 30 EN CONTRA 32 ABSTENCIONES
ART 11 INCISO 2
Una ley establecerá la integración, funcionamiento y atribuciones de esta comisión. La ley establecerá, además, una proporción máxima entre dicha remuneración y el sueldo mínimo legal.
60 A FAVOR 59 EN CONTRA 31 ABSTENCIONES
Artículo 12 (10 T.S.).– Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado.
100 A FAVOR 26 EN CONTRA 22 ABSTENCIONES
Artículo 13.- No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar en sede penal, en los términos y por el plazo que establezca la ley.
102 A FAVOR 2 EN CONTRA 43 ABSTENCIONES
Artículo 14 – Monopolio estatal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio indelegable de la fuerza, la cual se ejercerá a través de las instituciones competentes, conforme a esta Constitución y las leyes. La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución.
99 A FAVOR 27 EN CONTRA 24 ABSTENCIONES
ART 14 INCISO 3 Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles del uso y tenencia de armas.
95 A FAVOR 19 EN CONTRA 36 ABSTENCIONES
Artículo 18 (14 T.S.).- Conducción de la Seguridad Pública y Política Nacional de Seguridad Pública. A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde la conducción y mantención de la seguridad pública. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la seguridad pública.
83 A FAVOR 15 EN CONTRA 52 ABSTENCIONES
ART 18 INCISO 2: La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública.
97 A FAVOR 38 EN CONTRA 13 ABSTENCIONES
Artículo 19 (15 T.S.).- Policías. Las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias.
98 A FAVOR 41 EN CONTRA 11 ABSTENCIONES
ART 19 INCISO 2 Las policías están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
84 A FAVOR 48 EN CONTRA 18 ABSTENCIONES
Artículo 21.- Corresponde a la Presidenta o Presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales.
80 A FAVOR 47 EN CONTRA 24 ABSTENCIONES
Artículo 22.- Estados de excepción constitucional.
96 A FAVOR 34 EN CONTRA 13 ABSTENCIONES
Artículo 23.- Estado de asamblea y estado de sitio. El estado de asamblea, en caso de conflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno, serán declarados por la Presidenta o Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente.
Artículo 25.- Limitación y suspensión de derechos y garantías. Por la declaración del estado de asamblea, la Presidenta o el Presidente de la República estará facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
101 A FAVOR 13 EN CONTRA 34 ABSTENCIONES
ART 26 INCISO 2 – Los estados de excepción constitucional permitirán al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Presidenta o Presidente de la República el ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estarían reservadas a niveles territoriales inferiores, cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera.
80 A FAVOR 53 EN CONTRA 11 ABSTENCIONES
Artículo 28.– Comisión de Control.
99 A FAVOR 42 EN CONTRA 9 ABSTENCIONES
