aL imagen tras la votación del último informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico -la primera deliberación plenaria desarrollada en un día sábado- fue muy distinta de la de hace dos semanas. Aquella vez, cuando se rechazó el informe en general, hubo gritos, funas y adrenalina desfogada. Esta vez, con 15 días de negociaciones en el cuerpo, en la zona convencional mayoritaria se vieron risas, aplausos, abrazos. Incluso bromas. Al cierre -excepto por el Frente Amplio- todas las izquierdas se juntaron en el punto de prensa, y con Pedro Muñoz, el convencional socialista que salió funado la primera vez, entre los coordinadores.
Uno de ellos, Juan José Martin (INN), afirmó tras el cierre del Pleno 46, que partió a eso de las 10:00 de la mañana: «El día de hoy se presentaron normas que fueron producto de un gran esfuerzo». Martin habló de haber tenido a «todos los colectivos» en la mesa: «Hay que rescatar el ánimo de diálogo que se mantuvo, porque permitió mostrar el avance sustantivo en muchas de las materias presentadas».
No todos estuvieron de acuerdo con él, por cierto, en la visión optimista. Rodrigo Álvarez (UDI) afirmó de modo muy tajante y representando a su sector: «Una vez más esta Convención se sigue alejando de lo que puede ser el desarrollo y el crecimiento para nuestro país. Tenemos un informe que termina siendo inconexo, teniendo normas absolutamente complejas de su aplicación, además de estatus equivocados como el agua».
«Tenemos un informe que termina siendo inconexo, teniendo normas absolutamente complejas de su aplicación, además de estatus equivocados como el agua». Rodrigo Álvarez (UDI)
Era éste un informe clave y no sólo por el agua. En él se tocaba un asunto fundamental para el futuro de Chile y que, después de meses de proceso, fue quedando para el final: la minería. También les correspondía a los convencionales dar luces de cómo quedará el papel del Estado en el modelo económico. Son todos asuntos sobre los que, entre la derecha y las izquierdas, hay enormes disensos. Y, tras el gran golpe del informe anterior, esta vez los convencionales mayoritarios llegaron con un menú de alternativas, para que -como se dijo durante los discursos previos en el hemiciclo- el Pleno fuera el que decidiera.
La otra coordinadora de la comisión, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), considera que se hizo un avance. Pero no como su colectivo quería: «Creemos que esto es lo mínimo. Queríamos aprobar muchas más cosas sobre soberanía alimentaria, sobre la protección a las semillas». Zárate en el fondo tampoco quedó conforme: «Pero, al menos, más tranquila porque cuestiones fundamentales están quedando en el borrador, aunque no tengan la extensión que nos hubiese gustado».
«Creemos que esto es lo mínimo, queríamos aprobar muchas más cosas sobre soberanía alimentaria, sobre la protección a las semillas». Camila Zárate (Pueblo Constituyente), coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente
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Temprano se decía que la línea de flotación de este informe iba a estar, una vez más, a la baja. En los patios se comentaba que se aprobarían quizá siete de los 34 artículos. No fue así, sin embargo. Acuerdos negociados entre la centro izquierda lograron sostenerse, a pesar de la extraña ausencia de los convencionales del Frente Amplio (ver recuadro).
Este informe de Medio Ambiente -una comisión poblada de eco constituyentes- es probablemente uno de los más relevantes para los partidos y los colectivos que interactúan en la CC. También para el conjunto de los observadores externos debido al eje minero. El corazón de la matriz productiva chilena (la actual por el cobre y la futura por el litio) es para muchos convencionales del ala izquierda el universo desde donde financiar los derechos sociales que ya han sido consagrados en el borrador.
Despejada, al menos por ahora, la palabra nacionalización, que muy tempranamente formó parte de iniciativas de norma de convencionales como la presentada por Ivanna Olivares (independiente por la Coordinadora Plurinacional) y ayer tuvo a una representante en las mociones de María Rivera (independiente por Coordinadora Plurinacional), se llegó a un amplio consenso en lo general: la propiedad del Estado sobre los recursos mineros.
El artículo aprobado bajo el epígrafe Estatuto Constitucional de los Minerales recuerda al artículo 1 del Código de Minería de 1983. La innovación se hace recién en el segundo párrafo o inciso:
Artículo 22.- El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas.
La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.
Otra pieza relativa a la minería que superó los 2/3 es la que mandata al Estado a crear una gestión que «considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros». Con este texto se considera que quedó dentro del ecosistema convencional un grupo de la pequeña minería que durante la semana llegó a manifestarse en las afueras del ex Congreso en pro de sus intereses.
La verdad, no obstante, es que el eje del asunto está en la gran minería. Eso quedó pendiente, sigue abierto. Volvió a la comisión -para una última oportunidad en el informe de reposición- el tema de fondo y relevante: «cómo y quién va a explotar qué».
Se trabajaron las posibilidades, pero no se logró llegar a un solo artículo. De ahí que se optó por presentar dos opciones. Camila Zárate explicó hasta dónde llegaba ayer la incerteza sobre una auténtica propuesta: «Decidimos darle la posibilidad al Pleno para decidir, porque siempre se supo que había dos opciones. Hay puntos comunes en las normas, pero también una diferencia circunstancial respecto de quién es el que explota los minerales en Chile y veremos si llegamos a un acuerdo dentro de los próximos días». Para el caso de que al final no se arribe a un acuerdo, Zárate afirma: «Se mantienen los artículos que sí logramos aprobar».
Una de las dos normas -la impulsada por el PC- establecía que el dominio de los recursos mineros sería exclusivo para el Estado. En ese contexto, el mundo privado solamente podría participar de la extracción mediante autorizaciones temporales de operación. La otra propuesta -emanada de Movimientos Sociales e impulsada por el CS- proponía derechos de explotación similar, pero con las empresas privadas pudiendo asociarse con el Estado para desarrollar la minería, siempre y cuando el Estado fuese propietario, como mínimo, de un tercio de la empresa.
Ambas alternativas fueron ampliamente rechazadas por el Pleno. Ahora los convencionales deben trabajar para llegar a un camino del medio que otorgue certezas, si no quieren dejarle la tarea al legislador.
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El Estatuto del Agua sí logró instalarse. Se condensa en cinco artículos: el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, su ciclo hidrológico; el Estado velará por un uso razonable de aguas; el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado; la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en las autonomías territoriales indígenas, y el Consejo de Cuencas, que será un órgano compuesto por la ciudadanía, privados y órganos del estado que evaluarán los intereses de las comunidades sobre las cuencas hidrográficas.
De los cinco, solamente el Consejo de Cuencas volvió a la comisión para el informe de reemplazo. No obstante, fue nombrado en otro artículo que sí se aprobó, de modo que logró pasar igual al borrador de nueva Constitución.
«Hemos institucionalizado y dado fuerza a la autoridad nacional del agua, que va a concentrar competencias y que va a autorizar los derechos prioritarios que también fueron aprobados hoy». Ivanna Olivares (Coordinadora Plurinacional)
La convencional Ivanna Olivares forma parte de la bancada eco constituyente e integra la comisión de Medio Ambiente. El agua y el medioambiente son los temas por los que ella llegó al proceso constituyente. Asume que no se consiguió todo lo que se pretendía, pero considera que la aprobación del Estatuto de Aguas es importante: «Ya hicimos una transformación jurídica. Son bienes comunes inapropiables, que van a poder ser administrados democráticamente a través del Consejo de Cuencas. Por otro lado, hemos institucionalizado y dado fuerza a la autoridad nacional del agua, que va a concentrar competencias y que va a autorizar los derechos prioritarios que también fueron aprobados hoy».
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Respecto del modelo económico, se lograron perfilar los principios que guiarán los lineamientos de la economía nacional con un Estado que participa para cumplir con los objetivos establecidos en la Constitución: «El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico».
También se consagró la iniciativa pública del Estado en la economía nacional; es decir, se podrá crear empresas con distintas formas de propiedad, gestión y organización.
Los siguientes artículos relativos al modelo económico alcanzaron apenas el tope de 88 votos. ¿Dónde estaban los votos que faltaban? En el FA que, en su mayoría, hoy participó con voto telemático. El artículo que sí tuvo apoyo transversal y logró integrar el proyecto de nueva Constitución con 136 votos es el que obliga al Estado a prevenir y sancionar los abusos de los mercados.
Solo queda una semana de Plenos deliberativos y el martes 10 es el único día que la CC estará libre de ellos. Medio Ambiente tendrá hasta el lunes para realizar indicaciones a este informe. El miércoles ya tiene que enviar el texto de reposición para que el Pleno vote una vez más. ¿Cuándo? Otra vez un sábado, esta vez el sábado 14. Δ
EL GRAN NUDO FRENTEAMPLISTA
Dada la complejidad de los temas abordados en el informe de este Pleno, fue necesaria mucha negociación de los colectivos. En especial en torno a un gran nudo: el Estatuto Minero. Hace una semana exacta, los distintos colectivos de izquierda pudieron amasar un acuerdo para votar hoy. Ningún convencional del Frente Amplio, sin embargo, participó del pacto, aunque sí intervinieron asesores.
Hoy, solo 2 de los 17 convencionales del partido del Gobierno se presentaron en el ex Congreso, circunstancia que generó mucha incertidumbre. Esa inquietud era razonable: los suyos fueron los votos bisagra para que algunas normas propuestas -por ejemplo las de modelo económico- se cayeran. La coordinación de la comisión asegura que el FA sí había suscrito el acuerdo: «Habrán tenido sus razones», dijo Juan José Martin, para tratar de explicar el rechazo frenteamplista a esas normas. Las conversaciones valieron, no obstante, para que 16 de los 34 artículos que contenía el informe alcanzaran los 2/3.
ARTÍCULOS QUE INGRESAN AL BORRADOR DE NUEVA CONSTITUCIÓN:
Artículo 1- El Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza.
Siempre prevalecerá́ el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos.
Artículo 2.- El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento.
Artículo 3.- El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión.
Los Consejos de Cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras instituciones competentes.
La ley regulará las atribuciones, funcionamiento y composición de los Consejos. Esta deberá́ considerar, a lo menos, la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo.
Los Consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos casos en que no se constituya un Consejo, la administración será́ determinada por la Agencia Nacional de Agua.
Artículo 4.- La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley.
Artículo Nuevo.- Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras.
Artículo 13.- De los humedales, bosques nativos y suelos. El Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica.
Artículo 14.- De las Áreas Protegidas. El Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico deberá garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales. Asimismo, deberá monitorear y mantener información actualizada relativa a los atributos de dichas áreas, y garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales.
Artículo 17.- Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables.
§ Estatuto Constitucional de los Minerales
Artículo 22.- El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas.
La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.
Artículo 23.- El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros.
Artículo 32.- El Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución.
El rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico.
El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley.
El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular.
Artículo 34.- El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva.
Las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine.
Sin perjuicio de esto, en lo pertinente, serán aplicables las normas de derecho público sobre probidad y rendición de cuentas.
Artículo 43.- El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados.
Artículo 47.- Todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Artículo 48.- El Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental.
Artículo 49.- Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley.
