Frase 1: «En esta Convención Constituyente existe un indigenismo desmedido y revanchista que nos hace sentir culpables por errores del pasado que no hemos cometido». Frase 2: «Estamos avanzando a una Constitución indigenista que divide a los chilenos, separatista, desigual e injusta». Frase 3: «Se está creando una Constitución al servicio de los activistas del indigenismo, quienes terminarán siendo ciudadanos de primera clase frente al resto de los chilenos comunes y corrientes».
Desde que comenzaron las discusiones plenarias en la Convención se ha ido instalando la idea de que en el borrador constitucional se plasma una nueva casta entre los ciudadanos chilenos: la de los pueblos originarios, a quienes se dedican artículos y líneas que los transforman en los nuevos privilegiados. Este diagnóstico es transversal entre los convencionales de la derecha, desde los y las representantes de Evopoli hasta el Partido Republicano, pasando por Renovación Nacional y la UDI.
La idea se realza en especial cuando las discusiones giran en torno a dar atribuciones a los pueblos originarios. Conceptos como la plurinacionalidad, la interculturalidad, el derecho a la libre determinación, el Pluralismo Jurídico, la reclamación de tierras y los territorios indígenas han ido entrando al borrador después de ser aprobados por -al menos- 103 convencionales. Pero siguen siendo ampliamente rechazados y profundamente criticados por la derecha.
«Hay un pésimo uso de la palabra indigenismo lo que denota la ignorancia de las tradiciones intelectuales e indígenas en América Latina de parte de los sectores conservadores». Claudio Alvarado, historiador
Hace menos de una semana, Votamos Tod@s acudió a la abogada experta y asesora internacional Minda Bustamante, quien fue taxativa para decir: «No hay constituciones indigenistas». Menos aun en el caso de un país como Chile, en el que -según datos del último censo- el 12,8% de las personas se declara como integrante de un pueblo originario: «En los países donde hay pueblos indígenas existe una coexistencia en un mismo territorio entre pueblos», explicó Bustamante.
Claudio Alvarado, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), coincide en la visión de la abogada Bustamante. Como ella afirma que el ejercicio de incluir normas que favorecen a las naciones preexistentes en la nueva Constitución no va en desmedro del resto de los ciudadanos de este país. El académico es muy crítico: «Hay un pésimo uso de la palabra indigenismo lo que denota la ignorancia de las tradiciones intelectuales e indígenas en América Latina de parte de los sectores conservadores».
Desde una perspectiva histórica, el indigenismo se creó como una política pública. Partió en México y buscaba desde el Estado resolver problemas con los pueblos originarios.
Según explica Alvarado, el concepto indigenismo tiene una base histórica: «Se creó como una política pública enfocada en el indígena tras la revolución mexicana. Luego se expandió hacia el resto del continente. En los años 40 del siglo XX llegó a Chile por la acción estatal, para resolver problemas similares. No es una corriente política o ideológica que nace desde los indígenas, sino que fue creada por el Estado».
Sergio Caniuqueo, doctorando en ciencias sociales por la Universidad de la Frontera e investigador del CIIR, complementa: «El segundo mandato de Carlos Ibañez del Campo comienza a implementar estas políticas indigenistas y crea la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), para generar desde el Estado políticas públicas hacia el indígena”. Caniuqueo enfatiza que el indigenismo llegó a Chile con un gobierno conservador, «cosa que probablemente ignoran los parlamentarios y convencionales». La línea temporal del indigenismo en el país continúa mucho más tarde, durante el gobierno de Salvador Allende, quien creó el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI).
Estos dos organismos -explica el experto- fueron los precursores en el indigenismo: se crearon para desarrollar proyectos de integración. Caniuqueo añade que en la dictadura de Augusto Pinochet estas políticas se desarticularon. Así y todo, añade, «incluso ahí hubo una postura que podemos llamar indigenista, que fue el Consejo Regional Mapuche, que prestaba asesoría a los intendentes, gobernadores y alcaldes. Desde Ibáñez, pasando por Allende y Pinochet a la actualidad, el indigenismo ha sido un tema de Estado».
«El indigenismo está pensado para ser integrado en un proyecto monocultural y nacional, que no atiende a las diferencias históricas y culturales de los pueblos. Fue una forma paternalista de ver la política sobre los indígenas, donde se infantilizan frente a un padre o Estado que debe enseñarles cómo se deben integrar a la sociedad». Carolina Carillanca, investigadora
Si bien la apuesta era desarrollar una corriente institucional positiva para los pueblos indígenas, según los expertos estos proyectos sociales nunca respondieron a las reales necesidades de los pueblos.
Carolina Carillanca, investigadora de la Universidad de Los Lagos, afirma que el indigenismo «está pensado para ser integrado en un proyecto monocultural y nacional, que no atiende a las diferencias históricas y culturales de los pueblos. Fue una forma paternalista de ver la política sobre los indígenas, donde se infantilizan frente a un padre o Estado que debe enseñarles cómo se deben integrar a la sociedad».
Hoy, a través de los escaños reservados, representantes democráticamente elegidos por cada pueblo, tienen la potestad de intervenir en las decisiones que les impactarán en el futuro, fórmula que un concepto como el indigenismo no les permitía. Los expertos consultados coinciden en que esta corriente en realidad nunca fue beneficiosa para las demandas de los pueblos preexistentes.
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Las normas que consagran el reconocimiento de los pueblos en su propia identidad, tradiciones, determinación y cultura es fuente de incomodidad para los grupos conservadores. Dentro y fuera de la CC.
Carol Bown (UDI), Rocío Cantuarias (Evopoli), Katherine Montealegre (UDI), Teresa Marinovic (PR), Hernán Larraín (Evópoli) y Martín Arrau (UDI) son sólo apenas algunos de los nombres de quienes se han mostrado en contra: dar cuenta de las preocupaciones de su sector es su papel dentro de un organismo deliberativo como la Convención. Marinovic ha puesto incluso en tela de juicio la legitimidad de la elección de los escaños. A su modo, cada una y cada uno ha mostrado preocupación, incertidumbre y sobre todo rechazo por la consagración en el borrador de los derechos que los escaños reservados buscan incluir en el debate.
En este momento el texto que la CC elabora tiene 155 artículos aprobados total o parcialmente. En ese contexto, existen 13 artículos relativos a los pueblos indígenas. Este porcentaje de iniciativas aprobadas ha sido un argumento usado por los escaños reservados para contestar a las críticas del grupo conservador.
Los representantes indígenas de la CC jamás hablan, por cierto, de una «Constitución indigenista» ni de «indigenismo». La convencional mapuche Rosa Catrileo ha explicado el porqué: «Lo asociamos a paternalismo colonial. Lo usaban en las décadas de los 70 y los 80, cuando nos veían como sujetos a los que hay que proteger». Otra convencional de escaño reservado, Isabel Godoy, del pueblo Colla, dice: «Para nosotros es ofensivo». Y la ex presidenta Elisa Loncon sostiene que aquello de Constitución indigenista es «una gran mentira de la derecha».
En términos numéricos, la proporción de normas dirigidas a los pueblos preexistentes es baja. Pero la preocupación existe. Sergio Caniuqueo contextualiza afirmando que los artículos que están siendo catalogados como «indigenistas» tienen un objetivo: «Acortar las brechas de desigualdad social» que hay entre los pueblos indígenas y el resto de los chilenos y chilenas.
Uno de los indicadores de estas diferencias es, por ejemplo, que un 14,5% de las naciones originarias siguen presentando mayor incidencia a la pobreza y pobreza extrema, según el Informe de Desarrollo Social. Ese índice es de un 8% para los individuos que declaran no pertenecer a ningún pueblo indígena.
Según Claudio Alvarado, las desigualdades históricas de los pueblos tienen que ve con fenómenos históricos concretos: «En el caso indígena, es el despojo de sus territorios y la invisibilización de sus lenguas y de sus procedimientos políticos y culturales. Esta desigualdad se ha estructurado como la forma de construir relaciones entre el Estado y los pueblos».
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Los escaños reservados se instalaron en la Convención como una salida institucional que busca abrir un espacio para solventar estas diferencias: «No buscan generar esta idea de ciudadanos de primera o de segunda categoría. Eso es una invención de la derecha para socavar la representación política que el movimiento indígena está desarrollando», afirma Alvarado.
El miedo al cambio es la raíz de todas las aprehensiones de la derecha, afirman los tres expertos: «Cualquier crecimiento político de los movimientos indígenas significa una pérdida de privilegios de otros sectores. En la medida que los pueblos alcanzan mayor representación política en el Estado, hay una pérdida para las élites en el entramado político”, sostiene Canuiqueo. Añade que la autodeterminación de los pueblos indica también que podrán tener derecho a oponerse a ciertas empresas que impacten su territorio, «lo que va en contra de los intereses empresariales protegidos y elimina a Chile de la lista de países utilizados como paraísos naturales de explotación».
Carillanca agrega que, para los grupos conservadores, «es chocante que los pueblos reclamen derechos de preexistencia, porque para ellos la nación chilena es blanca, de linaje europeo y con un sistema educativo es eurocentrista. Nunca se habló de los sectores campesinos e indígenas. Se construyó una nación que reniega de su morenidad». La investigadora agrega que los apelativos expresados en la Convención se vienen escuchado desde los años 90 en el Congreso: «Esas palabras se usan para infundir miedo, el terror hacia los pueblos. También para colocarlos en una vereda del enemigo interno».
Carillanca identifica tres expresiones: separatismo, división de etnias entre ciudadanos de primera y segunda categoría y activismo indígena. Son términos que se utilizan -explica- «porque les aterra que el país sea consciente de que ya no podemos seguir con esta matriz colonial y capitalista que no nos deja reconocernos entre nuestra modernidad, ni a proyectarnos políticamente como movimientos». En esta incorrecta interpretación del término indigenismo, añade, no es relevante si se está ocupando el léxico que corresponde, sino las consecuencias que su uso genera en la ciudadanía.
Para el experto en ciencias sociales, esta falsa interpretación es ejemplo de «una estrategia política mundial». En ella «se usa la desinformación o la tergiversación de la situación, con el fin de hacer que los ciudadanos no tengan la información clara de lo que ocurre y decidan en base a criterios tendenciosos». La reproducción de esa fórmula -ya usada en el Primer Mundo- en la Convención «tiene que ver con que no existe en esos grupos la capacidad de generar nuevas propuestas o argumentos políticos. Les resulta más fácil caer en las fake news que construir una nueva alternativa». Δ
