«T
enemos diferencias de fondo respecto al informe que se nos ha planteado», dijo Tomás Laibe (CS) hace dos semanas, luego de que su sector rechazara el último informe que presentó la Comisión de Medio Ambiente. Lo que se denominó funas posteriores a la votación -convencionales leyendo los nombres de quienes rechazaron o se abstuvieron, asesores interviniendo en puntos de prensa- se transformó en nuevas negociaciones que lograron transparentar cuáles eran los nudos críticos para todos y, en especial, para el Colectivo Socialista.
No era la protección del agua ni la de los humedales y glaciares, sino el estatuto minero y la cuota de participación entre el Estado y los privados en las labores extractivas. El diálogo no bastó para llegar con una sola propuesta sobre este trascendental tema al Pleno. Por eso, este sábado 7 el Pleno votará -por primera vez en un día de fin de semana- el informe de reposición que contiene dos artículos sobre la explotación de la minería: una propuesta es del PC y otra, del Colectivo Socialista.
Convencionales ecologistas estaban dispuestos a ceder respecto a los derechos de explotación de los recursos mineros, siempre y cuando se establecieran estándares que garanticen el no deterioro o expansión de la industria minera.
Este debate viene precedido de uno de los eventos más tensos y duros de la CC, luego de que el Informe de Medio ambiente no alcanzara los 2/3 para su aprobación en general. Si bien los ánimos estaban tensos desde ese momento, los coordinadores de la comisión, Camila Zárate y Juan José Martin, insistieron en dialogar e invitaron a más socialistas a la mesa para que formaran parte activa de la elaboración de este nuevo informe.
En estas últimas dos semanas, se vio a la Comisión de Medio Ambiente en reuniones hasta altas horas de la noche, incluso luego de los Plenos, para repasar punto por punto y establecer acuerdos. María Trinidad Castillo dejó de ser la única socialista en la mesa: se la vio acompañada por Pedro Muñoz y en otras ocasiones por Laibe.
Los acuerdos comenzaron a construirse en materia de aguas, medio ambiente y bienes naturales comunes. Pero dentro de la Comisión se sabía que el nudo más importante era la minería, incluso más que el modelo económico.
Convencionales ecologistas estaban dispuestos a ceder respecto a los derechos de explotación de los recursos mineros, siempre y cuando se establecieran estándares que garanticen el no deterioro o expansión de la industria minera. Pero para el PC y el CS, la discusión sobre quién explota qué cosa es la primordial. No llegaron a acuerdo, y por eso llegan cada bloque con su propuesta para el artículo que versa sobre la explotación minera, el artículo 27.
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La que viene impulsada por el PC toma el espíritu de la norma que venía el informe anterior. Propone: “El Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismos las sustancias establecidas en el artículo primero”. Estas son el litio, minerales no metálicos y las áreas que la Constitución y la ley definan como interés nacional.
El cobre es, para el PC, un caso distinto. El Estado podrá otorgar autorizaciones mineras a privados para que exploten este recurso, pero solo de forma temporal mediante «un proceso transparente, informado a la ciudadanía y en conformidad a la ley». Además, será un órgano administrativo el que velará por la evaluación, otorgamiento, revisión y caducidad de la autorización.
Para el PC es importante consagrar el derecho de explotación al Estado: argumentan que así se garantizan los derechos sociales. La propuesta PS también le da dominio al Estado sobre los recursos mineros, pero abre la posibilidad de asociación con privados.
Para el PC y otros colectivos es importante consagrar el derecho de explotación al Estado, porque con esto se podrá -dicen- garantizar los derechos sociales que se han incluido en el borrador de la nueva Constitución. Aunque la propuesta de los socialistas también le da dominio al Estado sobre los recursos mineros, abre la posibilidad de asociación con el mundo privado y eso es lo que genera diferencias.
El artículo 27B, la propuesta que impulsan los socialistas, establece: “los órganos públicos competentes y empresas del Estado, creadas por ley, podrán explotar sustancias establecidas en el artículo 22”. Es decir, minas, sustancias minerales metálicas y no metálicas y los depósitos de sustancia fósil e hidrocarburos. Además, se establecen como «sustancias estratégicas» al litio, hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos y aquellas que la Constitución determine de interés nacional.
Estos recursos podrán ser explotados y explorados por el Estado, que también podrá otorgar títulos de administración sujeto a condiciones:
- Si se otorga un derecho a un privado y este no ejerce la actividad prometida, el título de administración caduca
- Los permisos serán temporales, renovables, transparentes e informado
- Un órgano autónomo, administrativo y técnico será el encargado de evaluar, revisar, renovar, extinguir y otorgar estos derechos.
La gran diferencia está en que la propuesta del Colectivo Socialista admite la asociación del Estado con empresas privadas. La condición es que el Estado siempre tendrá a lo menos 1/3 de la propiedad de la empresa.
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El presidente de una entidad gremial nueva, llamada MINNOVEX, el ex director ejecutivo de TVN Mauro Valdés señalaba en una conversación con Emol sobre el riesgo que implica no hablar en la propuesta de «participación estatal». Este nuevo gremio está compuesto por 50 socios, entre los que hay startups, pequeñas y medianas empresas, además de universidades y centros de investigación.
Hasta ahora las conversaciones fluyen. Pero, con un Pleno trabajando a full, esta semana no han existido muchas opciones para que los colectivos se pongan de acuerdo con anticipación. Por es, hasta el cierre de esta edición, no está clara la posición de los demás sectores de la centro izquierda sobre las propuestas del CS y el PC.
Tampoco se sabe si la derecha dará sus votos a la opción socialista, factor que también influiría en la votación. Durante los últimos Plenos, el sector conservador ha estado optando por marginarse en casos que, desde su perspectiva, vulneran acuerdos, están fuera de Reglamento o sencillamente no los representan.
Observadores ligados al mundo de la gran minería están conscientes de que el informe que se votará tiene «artículos de todo tipo, más moderados y menos moderados», para dejar que sea el Pleno el que zanje. Por lo mismo, la expectativa es que «todo puede pasar» y que «está súper en abierto».
Como las dos propuestas hablan sobre lo mismo son incompatibles. Es decir, en caso de que se apruebe una, la otra se desecha. Y, en caso de que ninguna quede aprobada, deberán reponer el informe en menos de una semana. O bien quedará para después, sujeto a materia de ley. Δ
Las aprensiones de la Cámara Minera de Chile
Manuel Viera, el gerente general de Metaproject, una empresa dedicada al desarrollo de ingenierías, logística y servicios, es también el presidente de la Cámara Minera de Chile. Agradece que el informe anterior de Medio Ambiente se haya rechazado porque, explica, que varios temas alimentan la «incerteza jurídica», un elemento que es clave para la inversión minera en Chile.
Asegura que la Cámara está de acuerdo en el cuidado y respeto del medioambiente, pero agrega que con lo que se propone y lo ya consagrado, el gremio minero se verá «muy afectado».
Sobre la inapropiabilidad del agua, por ejemplo, una materia que ya está dentro del borrador constitucional: «Es impensable poder generar proyectos a largo plazo y cuando se indica que el Estado es el que otorgaría autorizaciones administrativas para el uso de manera temporal. Se genera una incertidumbre importante e impide que se sigan haciendo inversiones de largo plazo en la minería. Cuando los derechos no son permanentes, solo se entra a una inseguridad jurídica, que impide el desarrollo de inversiones».
«Es impensable poder generar proyectos a largo plazo y cuando se indica que el Estado es el que otorgaría autorizaciones administrativas para el uso de manera temporal».
En la Constitución actual, las concesiones sobre la explotación minera son otorgadas por tribunales. En las dos propuestas que se votarán el sábado, el régimen de derecho a explotación cambia.
Uno, porque será un órgano político administrativo el que otorgue estos derechos. Dos, porque ya no serán concesiones sino «autorizaciones». Al respecto, Viera señala: «Es dañino que sean otorgadas por un órgano estatal y por un tiempo determinado, excluyendo que exista el derecho de propiedad sobre ese permiso para operar». Añade que aún no se establecen los criterios de caducidad que tendría este órgano para revocar las autorizaciones de operación: «Esto pondría una lápida a la inversión minera y por ende al desarrollo y crecimiento de las regiones del norte del país».
Voces socialistas ponen el contrapunto. Explican que ese cambio no es un punto de tensión dentro de la CC, puesto que en realidad es una «anomalía jurídica» que estos derechos se otorguen por tribunales. Agregan que en muy pocos países del mundo funciona así.
Desde la Cámara Minera reconocen que existen muchos aspectos por mejorar en la industria, sobre todo en temas medioambientales. Añaden que es el sector agrícola es el que consume más agua: 72% versus 4% de la minería.
Viera reconoce que existen muchos aspectos por mejorar en la industria, sobre todo en temas medioambientales. Asegura que han invertido en sustentabilidad, pero dice que existe un desconocimiento respecto a qué sector productivo consume más agua. Los esfuerzos para cuidarla -afirma- deberían enfocarse en el sector agrícola, ya que representa el 72% del consumo en el país, mientras que el sector minero representa un 4%. (Datos de la Mesa Nacional del Agua 2020).
«Las garantías que debería dar este informe es que se resguarde la actividad y que se promueva su desarrollo, ya que el mundo requerirá de actividad minera para el desarrollo de la tecnología y la electromovilidad, dos formas que también combaten el cambio climático», dice. Y concluye: «Chile debe dar garantías de que las inversiones que se hagan, respetando la normativa como ha sido hasta ahora. Nadie va a invertir sabiendo que en cualquier etapa del proyecto se le puede cancelar la concesión».
