Durante la sesión n°13 de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas los 25 convencionales que la conforman, incluidos los 17 representantes de los escaños reservados, debatieron en torno a las gestiones de la Secretaría Técnica, el cronograma y el proceso de Consulta Indígena. Tras la evidencia de profundas incertidumbres en cuanto a la ruta de trabajo, la creación de subcomisiones y la metodología de trabajo a seguir, la jornada cerró con una nueva inquietud ya que uno de sus coordinadores, Victorino Antilef (pueblo Mapuche), renunció a la mesa directiva de la Comisión.
Al final de la sesión el convencional pidió la palabra y explicó: “En ningún momento dentro de este proceso constituyente estuvo entre mis planes asumir un rol cuya obtención me obligase a negociar con conglomerados políticos”. Según el representante indígena se encontró “ante la encrucijada de coordinar una Comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que significan un peligroso precedente para los futuros procesos y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad”.
“En ningún momento dentro de este proceso constituyente estuvo entre mis planes asumir un rol cuya obtención me obligase a negociar con conglomerados políticos”. Victorino Antilef, convencional de pueblos originarios.
Antilef ahondó en su crítica a las formas de trabajo: “La pretensión de Consulta mediante el documento base de las fichas didácticas no contiene la forma en que se concretan y se garantizan en el texto constitucional los derechos de los pueblos indígenas”. Y aseguró que algunos convencionales “están buscando entregar la consulta a entes privados, como fundaciones, soslayando la responsabilidad del Estado y pidiendo ayuda a otros que no tienen necesariamente la experiencia requerida, la confianza y el conocimiento de los pueblos”.
La renuncia vino a poner acento en la “fragmentación de los pueblos”, como indicó Alexis Caiguan (también escaño reservado mapuche). “Hay un sector que hostigó todo el tiempo, llegamos todos juntos y ahora estamos en pequeños grupos, el poder político nos está pasando la cuenta”, aseguró. Hubo convencionales que dijeron comprender la decisión, como Ramona Reyes y Rosa Catrileo.
Pero la presidenta Elisa Loncon, quien ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de ses estratégicos para llevar la Convención y el texto constitucional a buen puerto, fue drástica en su respuesta: “En esta historia de cómo conquistar los derechos es fundamental tener claridad en el lenguaje y no generar incertidumbre. Es súper grave que se ponga en duda el trabajo que hacemos”. En relación a las razones que Antilef expuso para su renuncia, Loncon añadió: “No se puede culpar a otros cuando falta madurez política para resolver los conflictos”.
“En esta historia de cómo conquistar los derechos es fundamental tener claridad en el lenguaje y no generar incertidumbre. Es super grave que se ponga en duda el trabajo que hacemos. (…) No se puede culpar a otros cuando falta madurez política para resolver los conflictos”. Elisa Loncon, presidenta de la Convención.
El origen y los contratiempos de la Consulta Indígena
La CC no es pionera en la búsqueda de una Consulta indígena. En 2017, bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, se realizó un proceso que congregó a más de 17.000 personas de pueblos originarios. Previamente se realizaron cabildos que levantaron las temáticas de la consulta que desembocó en dos ejes: reconocimiento constitucional y derechos de participación política de los pueblos. La instancia culminó en octubre de ese mismo año con un encuentro de cuatro días en la sede de las Naciones Unidas en Santiago en que Bachelet participó junto a 139 representantes de las primeras naciones de todo Chile.
Pero, tras este punto de origen, hay diferencias entre los pueblos que vienen asomando desde la misma instalación de la CC. Por ejemplo, seis de siete convencionales mapuches apoyaron a Elisa Loncon para convertirse en presidenta. Pero ese acuerdo no consideraba al resto de los escaños que en principio respaldaron a Isabel Godoy (colla), quien incluso se llevó el voto de Natividad Llanquileo (mapuche). A partir de ahí, las diferencias entre el pueblo mapuche y el resto de los pueblos originarios se han hecho cada vez más evidentes y hay un elemento clave: el rechazo a lo que se denomina como «sobrerrepresentación» del pueblo mapuche en la Convención.
Los contratiempos para la Consulta Indígena suman la indecisión de las bases con las que se realizará. La Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad es la que tiene como responsabilidad implementar la participación y la Consulta durante el proceso constituyente. La primera vez que sesionaron fue el martes 2 de noviembre. Desde entonces tenían un periodo de 15 días para presentar un documento base: ese plazo terminó el pasado 22 de noviembre sin que hubieran llegado a un consenso.
En primera instancia, la propuesta de bases para la Consulta Indígena fue elaborada por asesores de los pueblos originarios y presentada por Francisco Aliaga, asesor del ex coordinador Victorino Antilef. El documento establecía una línea de trabajo para realizarla, que fue aprobada por la Comisión, a pesar de que no se incluyeron las indicaciones realizadas por algunos convencionales.

La controversia se relaciona con que el documento incluye artículos normativos, como por ejemplo, algunos que garantizan el derecho a la autonomía política, la libre autodeterminación, el derecho a la recuperación de tierras y decretar el fin a las concesiones mineras, entre otros aspectos, que no han sido discutidos en particular. Para solventar las diferencias existentes, diez convencionales, entre ellos Tiare Aguilera, Rosa Catrileo y Elisa Loncon, patrocinaron una “propuesta de adecuación” que no fue votada en sesión. Antilef justificó que se trataba de un documento sustitutivo y no una indicación como tal.
En esta postura lo apoyaron convencionales como la Machi Francisca Linconao, Isabel Godoy (Colla), Natividad Llanquileo (mapuche) y Wilfredo Bacián (quechua). A pesar de que esa sesión (22 de noviembre) era la fecha límite para votar el documento base, la Comisión debió suspender sesión y retomar al próximo día.
En la siguiente reunión, los coordinadores pidieron votar una “fusión” de las dos propuestas, pero esta vez la convencional Rosa Catrileo (mapuche) criticó la intención al considerar que la propuesta de votación debía también ser votada por la Comisión. Las palabras de los convencionales endurecieron la discusión hasta el punto en el que la convencional Isabel Godoy aseguró que algunos convencionales “quieren pasar máquina”, mientras que la presidenta Loncon criticó a la coordinación por su “poca capacidad de comprensión”.
Inclusive, Wilfredo Bacián e Isabel Godoy aseguraron que velarán por sus propios pueblos dada la imposibilidad de llegar a acuerdo con el resto: “Vamos a hacer nuestro propio trabajo, en base a nuestra autonomía, en base a nuestra autodeterminación”, concluyó Bacián.
El estancamiento de la Consulta Indígena
Aunque la organización entre los pueblos no se realiza solamente en Comisiones y Plenos, ya que los escaños reservados y los representantes mapuches celebran reuniones privadas, la tensión ha sido la tónica con recriminaciones cruzadas y críticas. Así se llegó a la conclusión de que la Mesa Directiva tendría que referirse al tema ante la imposibilidad de concretar la Consulta Indígena por falta de consenso.
Sumado a esta polémica, a principios de diciembre se realizó una votación en el Pleno para confirmar a los integrantes de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena, órgano fundamental para dirigir el proceso. Los nombres que la conforman tenían que ser presentados por los escaños reservados. Sin embargo otros convencionales también expusieron a candidatos propios. Esto produjo profunda molestia a los escaños que rechazaron en su conjunto la propuesta inicial.
La Secretaría quedó finalmente conformada por 17 asesores de la Consulta Indígena. A pesar de que hay más de un mes de atraso, aún no se define el cronograma, la obtención de recursos ni quien realizará efectivamente el análisis de los datos obtenidos en la Consulta. Las incertidumbres administrativas son mayores y ahora la Comisión deberá también encontrar un compañero para Margarita Vargas en la coordinación. Δ