Una de las demandas que más movilizaciones ha generado desde el retorno a la democracia ha sido la reforma educacional. 2001, 2004, 2008, 2011 y 2014 fueron años marcados por la agenda estudiantil y no sólo eso: una generación de estudiantes universitarios movilizados, la de 2011, está hoy a cargo en La Moneda. Los ecos de voces de alumnos y alumnas también se hicieron parte del estallido social en octubre del 2019. Es más, fueron los secundarios quienes encendieron la mecha. La reforma educacional, al igual que muchas demandas sociales, chocaron con el hermetismo de la actual Constitución y por lo mismo los artículos sobre educación en esta propuesta tenían encima expectativas de cara a un cambio sustantivo en el paradigma educativo. Ad portas de las votaciones del informe de Armonización, abordamos diversas interpretaciones surgidas sobre el Sistema Nacional de Educación y los límites que establece respecto a la forma de educar.
Las convencionales y profesoras Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) y Lorena Céspedes (INC), quienes además fueron coordinadoras de la Comisión de Principios Constitucionales, responden nuestras preguntas. Colabora también el académico Máximo Quiero, quien es candidato a Doctor en sociología Universidad Católica y es especialista en reformas educacionales chilenas desde el retorno a la democracia.
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Pregunta 1: ¿Se terminan los colegios subvencionados?
No. Pero tendrán prohibida toda forma de lucro.
Loreto Vallejos asegura que no terminarán los colegios subvencionados, sino que -al contrario- «están protegidos en el Sistema Nacional de Educación (SNE), que articula ambos tipos de establecimientos bajo el alero de una misma estructura». Aclara, eso sí, que estos establecimientos tendrán prohibida «toda forma de lucro». Lorena Céspedes explica el organigrama que se propone: «Cuando se define el SNE se incluyen todos los tipos de establecimientos educacionales, ya sean subvencionados o privados, y luego existe un subconjunto que se refiere al Sistema Nacional de Educación Pública».
Máximo Quiero confirma que los colegios subvencionados no terminarán con esta propuesta. Además explica que el proyecto de nueva Constitución establece y confirma la libertad de enseñanza. El sociólogo dice: «Se consagra la libertad de cátedra, de acuerdo a los principios y fines de la educación y que los integrantes de las comunidades educativas pueden participar de la construcción de los proyectos educativos, garantizando que cada comunidad educativa defina el propio».
Pregunta 2: ¿Las universidades públicas serán gratuitas? ¿Cuándo?
Sí. Pero aún falta su tramitación y por eso aún no se determina cuándo.
«El Estado asegura los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales», dice Vallejos. Explica que «serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley». Sin embargo, «la norma no determina cuándo ni de qué manera, porque lo remite a la ley», agrega. Céspedes dice que la aplicación de la norma estará sujeta al principio de responsabilidad fiscal que también se incluye en el borrador de nueva Constitución: «Este principio le permite al Estado ver cómo se va a aplicar la gratuidad, si es que va a ser para todos o como está actualmente».
El sociólogo Quiero coincide con las convencionales y advierte que la Constitución es un nuevo marco posible, «para lo cual todavía hay que legislar y establecer la gratuidad en educación superior mediante una ley respectiva». Es necesario, entonces, explica Quiero «un gobierno que impulse esta medida y un Congreso que la apruebe». Como ejemplo el especialista indica el proyecto que estableció la gratuidad para un 60% de los estudiantes que se aprobó en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Pregunta 3: ¿Padres y madres podrán elegir la educación de sus hijos?
Si. Pero siempre y cuando se respete el interés superior y autonomía del estudiante.
«La nueva Constitución establece la libertad de los padres, madres y apoderados, apoderadas y tutores legales a elegir el establecimiento educacional de sus hijos/as», dice Quiero. Vallejos coincide. Y agrega que se tendrá que respetar «el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes». Lorena Céspedes explica que «es lo mismo que el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, pero dicho de otra manera».
Pregunta 4: ¿Seguirán existiendo los colegios religiosos?
Si, en la medida que los dueños de estos establecimientos así lo estimen.
El sociólogo y especialista en educación Máximo Quiero explica que «no hay nada en el borrador que prohíba algún tipo de colegio o proyecto educativo» y agrega que «seguirán existiendo en la medida que sus dueños lo estimen así». El académico hace referencia a la voluntad de los dueños, porque los colegios privados pueden cerrar sus puertas una vez avisen a sus apoderados en un plazo determinado. Como ejemplo Quiero propone el siguiente: «el Colegio John Dewey, en Las Condes, cerró en plena pandemia porque el dueño decidió vender el terreno».
Loreto Vallejos explica que en el proyecto de nueva Constitución existe «libertad de enseñanza y además libertad de culto», lo que garantiza la existencia de los colegios religiosos. Lorena Céspedes explica que el principio de pluralismo de la propuesta también protege a estos colegios: «Nos referimos al pluralismo de proyectos educativos. Además, a lo largo de la norma se habla de la formación integral de la persona y eso puede incluir el aspecto religioso».
Pregunta 5: ¿Cuáles son los límites de la libertad de enseñanza?
Los límites de la libertad de enseñanza operarán solo para instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Educación y estarán regulados de acuerdo a los fines y principios que establece ese proyecto de nueva Constitución.
«Más que límites los llamaría marco de desarrollo de los proyectos educativos», dice Lorena Céspedes. Para integrar el Sistema Nacional de Educación es necesario «cumplir con los fines y principios que éste propone», dice. Los fines de este sistema son: la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional.
Loreto Vallegos agrega los principios que regirán este sistema: la cooperación, la no discriminación y la inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo. Agrega que «tienen un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística». Máximo Quiero advierte que los límites estarían en «el respeto de los sentidos y principios de la educación» ya mencionados. Δ