El 4 de septiembre Rodrigo Rojas Vade publicó un video-confesión en el que reconoció haber mentido acerca de su diagnóstico de cáncer. Luego de dos meses de esta revelación, su renuncia y reemplazo aún no se materializa en una Convención que ha tenido que adaptar su trabajo y funcionar con un integrante menos, uno que -incluso- era vicepresidente. En el Senado se presentó un proyecto de ley que permite establecer un mecanismo de salida, trámite que fue aprobado en general y que establece que los integrantes del órgano constituyente podrán renunciar a sus cargos “cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional”. Este proyecto todavía no se ha aprobado y está en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
¿Qué significa en la práctica? Que hoy, 3 de noviembre, Rojas Vade recibió en su cuenta un depósito con su dieta completa al igual que todos los convencionales, según confirma la Secretaría Ejecutiva de la Convención. Esa cifra es de 50 UTM ($2.673.800 según el valor de hoy).
Votamos Todos consultó a la Secretaría Ejecutiva de la Convención quienes explicaron que Rojas Vade dejaría de recibir su dieta si deja de ser convencional (reforma del Senado) o si «al igual que en la Cámara, se ‘multe’ la no asistencia del convencional y, por tanto, la Convención, por medio de la Mesa, pida un descuento en su dieta».
El tema está lejos de aclararse. La semana pasada, la Secretaría General de la Presidencia, a través del subsecretario Máximo Pavez, envió un oficio al Contralor Jorge Bermúdez Soto, para solicitar un pronunciamiento respecto a si se le debe seguir pagando el sueldo de convencional a Rodrigo Rojas Vade. Ayer se dio a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre el sueldo de Vade.
¿La razón? La Contraloría no está facultada para supervisar a la CC. “El artículo 136 de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la referida Convención, radicando en cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por ella, la competencia para conocerlas y, en su inciso séptimo, dispone expresamente que ‘Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo’” dice el oficio.
El proyecto presentado al Senado para desentrañar el caso aún debe ser evaluado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En cuanto al mecanismo de reemplazo, el caso Vade enfrenta otro vacío legal ya que no existe forma de recambio para integrantes provenientes de listas independientes. El proyecto pretende que la vacancia se llene con “la persona del mismo sexo que siga en la votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidato del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del candidato electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio de un sorteo”. Δ
