«El rostro de la plurinacionalidad». Así le llamaban a Salvador Andrés Millaleo Hernández (49) en la campaña presidencial a favor del actual presidente de la República, Gabriel Boric. Especialista en temas originarios y derechos humanos, es militante de Convergencia Social y se integró como pieza clave en el Gobierno para fortalecer la agenda indígena e incidir en torno al diálogo necesario y las estrategias para abordar el conflicto en la Araucanía. Esa influencia no se limitó sólo al Ejecutivo. También fue un rostro profundamente conocido en la Convención Constituyente.
De profesión abogado, talquino de origen y doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld (Alemania), fue quien más audiencias tuvo durante el trabajo de comisiones. Expuso en cinco y siempre para insistir en que Chile debe convertirse en un Estado Plurinacional. Perteneció también al Comité Externo de Asignaciones, instancia en la que fortaleció sus vínculos con escaños reservados del pueblo mapuche y especialmente con la ex presidenta, Elisa Loncon.
«Más que una Constitución indigenista lo que propone el borrador es una Constitución que se toma en serio, por primera vez en el país, a los pueblos originarios«.
Millaleo también es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dejó su espacio en la Convención para apoyar la campaña presidencial de Boric y posteriormente asumió como Coordinador Político y Estratégico de Asuntos Indígenas del Ministerio de Interior. Pero su aterrizaje en el Gobierno fue complejo: renunció al cargo menos de dos semanas después de asumir, en un ambiente marcado por un ataque durante el viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, a Temucuicui.
Ahora, alejado del Ejecutivo y de la Convención, que en estos días vive la recta final de su trabajo, Salvador Millaleo profundiza en torno a los temas convencionales. También acerca de las luces y sombras que tuvo el proceso de participación indígena en la constituyente y los derechos consagrados en el borrador. El experto mapuche admite que para los convencionales de escaños reservados «fue complejo entrar a la CC, ya que no tenían ningún conocimiento de la dinámica política». Cree, no obstante, que «finalmente lograron hacer un gran trabajo, a pesar de todo».
– ¿Cuál es su diagnóstico del trabajo convencional en materias indígenas?
«Lo que quedó en el borrador es suficiente. Puede haber más cosas, pero eso perfectamente lo puede hacer el desarrollo legal posterior. Yo no sería maximalista. No tiene por qué ser un texto perfecto y no tiene por qué estar todo porque es una Constitución. Sólo deben estar las bases de la convivencia; el desarrollo de eso pertenece a la ley y a las políticas públicas. El proyecto constitucional tiene lo suficiente para generar una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas».
– De igual forma este texto ya tiene 499 normas. ¿No le parece maximalista?
«Cuando uno escucha el número le parece que son muchas para una Constitución. Pero, cuando se leen, se ve que podrían fundirse muchos artículos. Al final la Comisión de Armonización va a dejar probablemente un volumen mucho más reducido de artículos. Puede perfectamente bajar a 400 normas o menos».
“Creo que siguen quedando muchas prácticas relacionadas a la invisibilización del indígena, como el mismo hecho de que parece que lo más importante relativo al pueblo mapuche sea la criminalización y el tema de seguridad».
– Una de las grandes críticas que se oyen es que los pueblos han estado invisibilizados. Si se aprueba esta propuesta de Constitución, ¿dejarán pasar?
«Creo que siguen quedando muchas prácticas relacionadas a la invisibilización del indígena. Como el mismo hecho de que parece que lo más importante relativo al pueblo mapuche sea la criminalización y el tema de seguridad. Nunca se pone énfasis en una agenda política para llegar a acuerdos con el pueblo mapuche. Es un resabio claramente de la invisibilización, de tratar a los pueblos como un obstáculo en vez de una parte más del sistema político. Espero que en este Gobierno la agenda de seguridad no boicotee el plan político y social, tal como le pasó al gobierno anterior desde la muerte de Camilo Catrillanca».
– ¿Permite el proyecto constitucional cubrir las demandas históricas de los pueblos indígenas?
«Si hablamos de números, de las 499 normas que existen hay 47 sobre pueblos indígenas, que a su vez generan 24 instituciones. Son organismos autónomos que simplemente no existían antes. En la Constitución de 1980 no había ninguna norma o regla creada para y por los pueblos indígenas. En cambio ahora se estarán generando instituciones que responden al desarrollo del derecho internacional y el derecho comparado. Me parece, entonces, que el trabajo de la constituyente fue suficiente en ese sentido».
-Muchas de las normas dirigidas a los pueblos fueron rechazadas por el Pleno. ¿Qué derechos faltaron en el borrador?
«Creo que, en general, están todos los elementos. Quizá faltó un énfasis mayor en el tema de la perspectiva indígena sobre el medioambiente. Pero de todas maneras fueron consagrados artículos muy importantes para los pueblos, como el derecho a la Naturaleza. El tema relacionado a la distribución de tierras fue bien tratado y las autonomías territoriales van a dejarle a la Ley la regulación que se necesitaba. Me parece que los elementos tanto territoriales como políticos y culturales quedaron incluidos. Hay cosas que uno podría establecer mejor, como, por ejemplo, los derechos de los pueblos a crear medios de comunicación propios. Pero no es tan esencial como los derechos sociales ya regulados por el borrador constitucional».
«Las diferencias políticas son propias de la diversidad del mundo indígena. Hay una diversidad de visiones y se dibujaron dos posibilidades, una más moderada y otra más maximalista. Esas peleas internas quitaron tiempo, eso es cierto. Pero no alteraron el resultado final».
-La Consulta Indígena fue uno de los temas más cuestionados, principalmente por la poca participación. ¿Es un proceso fracasado?
«La Consulta Indígena estaba desde un principio desfinanciada, porque el presupuesto del gobierno anterior no contemplaba la participación popular. Entonces existieron muy pocos recursos destinados y el tiempo que se le entregó fue bastante breve. Esos elementos hacen que la Consulta no haya alcanzado la participación esperada.
En cuanto al resultado no es que no se hayan aprobado las propuestas de la Consulta, sino que ya habían surgido de parte de los mismos convencionales. El valor de la Consulta era generar una discusión dentro de las comunidades. Pero, en general, si uno hace el ejercicio de trazar un vínculo entre las propuestas de la consulta y las normas generadas, responden a lo mismo. Con todo, la Consulta fue mucho menor de lo que se esperaba».
-¿Fue un proceso realmente legítimo?
«El proceso participativo tuvo otras partes que fueron bastante fructíferas. Por ejemplo, las diferentes iniciativas indígenas y constituyentes tuvieron un impacto muy fuerte para las normas que salieron al borrador. No solo hubo una consulta, sino que también otros procesos de participación. Claro que si hubiera existido más tiempo y fondos, la consulta habría sido mucho mejor».
«Creo que será la base de cualquier solución, pero no por sí misma. Requiere una serie de otras cosas para que funcione. Lo que hace esta Constitución es crear un marco normativo nuevo, una cancha nueva».
-Existieron muchas diferencias políticas y fragmentación entre los escaños reservados. ¿Cuánto afectó en el proceso?
«Las diferencias políticas son propias de la diversidad del mundo indígena. Hay una diversidad de visiones y se dibujaron dos posibilidades, una más moderada y otra más maximalista. Esas peleas internas quitaron tiempo, eso es cierto. Pero no alteraron el resultado final, que no dependía solo de los escaños sino de cómo todos los colectivos manejaron la situación».
-¿Cuál es la principal crítica que tienes ante el trabajo de la Convención?
«Diría que faltó tiempo. Quizá perdieron mucho tiempo en generar el Reglamento, que terminó siendo muy exigente y les tomó de tres a cuatro meses. Creo que pudieron invertir mucho más tiempo en discutir sobre las normas de fondo».
-En algún momento dijo que una nueva Constitución es la única solución del problema de la Araucanía. Ahora, con todos los artículos están escritos, ¿es la respuesta?
«Creo que será la base de cualquier solución, pero no por sí misma. Requiere una serie de otras cosas para que funcione. Lo que hace esta Constitución es crear un marco normativo nuevo, una cancha nueva. Sin embargo, se necesita que eso se implemente y para eso se necesitan tanto medidas legales como políticas públicas. Por lo tanto, la colaboración del Congreso y del Gobierno. Si esas instituciones toman políticas equivocadas tampoco va a servir para que se reduzca la violencia o se reduzca el conflicto. Es importante que el Gobierno haga su parte y garantice la plurinacionalidad, la autonomía y no continuar con políticas de represión y criminalización”.
«La derecha no sabe qué diablos significa indigenismo y ocupan la palabra incorrectamente. Entonces, cuando ellos dicen ‘los indígenas están siendo privilegiados’, en el fondo están queriendo decir ‘no queremos que los indígenas sean visibles'».
– La derecha ha venido criticando que este proyecto es una Constitución indigenista, hecha a la medida para «pueblos privilegiados». ¿Es así según usted?
«Esa es una gran mentira. Primero, porque ni siquiera saben qué es el indigenismo. En realidad fue una corriente que desarrolló políticas públicas para el bienestar de los pueblos, pero sin su participación. La derecha no sabe qué diablos significa indigenismo y ocupan la palabra incorrectamente. En segundo lugar, lo que ellos dicen muestra la gran ignorancia que existe. El borrador chileno lo que hace es simplemente poner al día al país con el derecho internacional. En ese sentido, se están consagrando derechos humanos para que se haga imposible la desigualdad ahí donde hay una profunda exclusión y negación de los pueblos indígenas.
Entonces, cuando ellos dicen ‘los indígenas están siendo privilegiados’, en el fondo están queriendo decir ‘no queremos que los indígenas sean visibles, queremos que sigan siendo discriminados y excluidos y que no tengan los derechos que les corresponden’. Más que una Constitución indigenista lo que propone el borrador es una Constitución que se toma en serio, por primera vez en el país, a los pueblos originarios». Δ
