Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera, desde Antofagasta
La segunda sesión de la comisión de Normas Transitorias llevó de nuevo a los convencionales a instalarse en el centro de esta capital regional, en la Biblioteca Regional, para recibir las presentaciones de dos comisiones: Medio Ambiente y Sistemas de Justicia. Ambos equipos presentaron un gran número de artículos, con la consideración previa de que es posible reducirlos o fusionarlos en el transcurso de las sesiones. En ambos casos también el factor más complejo es el mismo: la gran cantidad de organismos nuevos. Necesitarán de fondos frescos, que aún no se clarifican.
La ex coordinadora de la comisión de Medio Ambiente, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), presentó un resumen de las 110 iniciativas transitorias en 25 unidades temáticas. Entre ellas hay temas muy novedoso para un texto constitucional: la crisis climática y ecológica, los derechos de la naturaleza, los animales y los bienes comunes naturales.
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Ya en esta segunda jornada es posible saber cuáles serán los puntos críticos para estas comisiones, porque monopolizaron las discusiones: agua y minería. Zárate ha sido enfática: «Ambos temas son complejos por diferentes razones, pero no podemos esperar una ley sobre aguas. Tenemos que generar acciones inmediatas sobre redistribución en cuencas que están agotadas y sobreexplotadas y sobre la naturaleza jurídica que hoy tienen los derechos de aprovechamiento de aguas».
«No podemos esperar una ley sobre aguas. Tenemos que generar acciones inmediatas sobre redistribución en cuencas que están agotadas y sobreexplotadas y sobre la naturaleza jurídica que hoy tienen los derechos de aprovechamiento de aguas». Camila Zárate (Pueblo Constituyente)
La propuesta de norma transitoria sobre el estatuto constitucional del agua indica un régimen de transición de dos años hacia un nuevo Código de Aguas que implica el término de la propiedad sobre los caudales. Además, se considera crear, en un rango de seis meses, una comisión especial a cargo del «diagnóstico y evaluación para planificar la recuperación y reasignación de las aguas».
De acuerdo con Zárate, «también hay una urgencia política social» que desde ahora instala estos recursos en la palestra. Es importante recordar que se estima que hoy un millón de personas, entre ellas quienes ocupan 383 mil viviendas en zonas rurales, no tienen acceso a agua potable o saneamiento. Las zonas más afectadas son las comunas entre las provincias de Coquimbo y Maule, donde está la mayoría de la población del país, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El tema es que la implementación de las normas de aguas no son un nudo solo en el informe de la comisión de Medio Ambiente. También lo es para el informe que presentó Sistemas de Justicia, que tiene 50 normas transitorias. Vanessa Hoppe (Movimientos Sociales), quien fue coordinadora de esa comisión, anticipa que el factor crítico inicial del informe es la Agencia Nacional de Aguas: es -afirma- un tema tanto urgente como complejo.
La urgencia se da por la necesidad ciudadana que suscita la aplicación de la Agencia. Es complejo porque «implica la gestión de recursos nuevos y también porque hay que ver qué ocurre con los derechos de agua que están entregados a perpetuidad, de manera gratuita, generalmente a empresas que capitalizan y han hecho negocios con esos derechos de agua», advierte Hoppe.
«Debería darse una transición que priorice el tema de aguas para consumo humano, y luego ver el resto de los temas. No terminar con todo a raja tabla». Geoconda Navarrete (Evópoli)
Geoconda Navarrete (Evópoli) sabe que este es uno de los problemas de materialización de normas que les tocará enfrentar como comisión. Es prioritario, estima, para algunas regiones donde ni siquiera pueden acceder al consumo de agua doméstico. Navarrete es ex intendenta de Aysén y dice: «Debería darse una transición que priorice el tema de aguas para consumo humano, y luego ver el resto de los temas. No terminar con todo a raja tabla». Lo dice, añade, desde un ánimo que viene del sentido práctico, porque «todo esto se ejecuta a través de políticas públicas y uno sabe que nada cambia de la noche a la mañana».
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El otro tema que genera tensiones y polémicas en el informe de Medio Ambiente es el que versa sobre la minería. En este se incluye un artículo relacionado con Dominio Público y Nacionalización, derecho que ya había sido rechazado como norma constitucional, pero que es ahora viene integrado considerado como norma transitoria. En el artículo 189, el informe dice:
«Debido al interés de los pueblos de Chile y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer de los bienes de dominio público, nacionalízanse y declárense, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de la gran minería del cobre y litio y aquellos minerales que defina la constitución y la ley».
El convencional de RN Roberto Vega advierte que esta norma transitoria, y otras que hablan sobre nacionalización, es preocupante: «La única forma de garantizar y darles la tranquilidad a los sectores productivos es que estas normas sean rechazadas por la comisión. Mientras están acá y estén vigentes, estas normas siguen siendo un peligro real y latente para la economía del país».
Marcos Barraza (PC) matiza. Explica que esta inclusión en el informe no se desprende de ninguna norma aprobada por el Pleno anteriormente: «Lo que se estableció es una norma sobre dominio público de los minerales, no nacionalización. No hay ninguna empresa nacionalizada. Para que esa norma pueda existir tiene que tener una norma permanente; entonces, esa norma transitoria no tiene sustento». Esa respuesta, para Vega, no es suficiente. Lo suyo es claro: esra la norma debe ser efectivamente rechazada o bien retirada del informe. Δ
