Antes del Pleno en el que se votó el que terminó siendo un muy breve Preámbulo para el proyecto de nueva Constitución, temprano en la mañana, llegaron los integrantes de la Red de Cabildos Penitenciarios para entregar el último informe con los resultados sistematizados de los encuentros realizados en centros penitenciarios a lo largo del país. El documento destaca que las principales expectativas de la población penitenciaria respecto al texto están en la consagración de los derechos sociales, la protección de las infancias y el trabajo digno y que Gendarmería no se encargue de la reinserción al medio libre.
La mayoría de las ideas que se levantaron desde la cárcel coinciden con las normas que se incluyen en el borrador de nueva Constitución. La Red articulada destacó el carácter histórico de la instancia y declaró que -desde su perspectiva- se cierra «un proceso exitoso».
«La tarea que se nos encomendó fue abrir estos espacios de participación política, con voz a todas las personas privadas de libertad a lo largo de Chile y lograr que este informe fuese lo más incidente posible». Julio Cifuentes, director de la Fundación Proyecto B.
La Red de Cabildos Penitenciaron no es una organización nueva. Al contrario, se compone de muchas organizaciones de la sociedad civil que se preocupan de los derechos de las personas privadas de libertad. Algunos de estos grupos se vieron representados por siete dirigentes que se reunieron con la Mesa Directiva: la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, el Colectivo Dignidad entre Rejas, la Fundación Dimas y la corporación Futsal Revolution, la Fundación Proyecto B, la ONG 81 Razones, el Observatorio Social Penitenciario, la ONG Leasur y la Fundación y Colectiva Feminista «Pájares entre Púas».
Estos representantes, que de alguna manera están relacionados con personas que han ingresado a la cárcel, hicieron un trabajo de tres partes para levantar los insumos destinados a la CC. Primero los cabildos penitenciarios, donde se dialogó en torno a la propuesta constitucional. Luego se hizo una labor pedagógica respecto al derecho a voto -por primera vez en la historia de Chile, la población penitenciaria podrá ejercer el derecho humano al sufragio- y el contacto con los convencionales para la redacción de las normas sobre justicia y derechos fundamentales.
«Todo eso se entregó como insumos para que los convencionales trabajaran sobre ellos», explicó Myr Chávez, representante de la Fundación «Pájares entre Púas». El objetivo de este informe, según Julio Cifuentes, director de Proyecto B, fue «abrir estos espacios de participación política, con voz a todas las personas que están privadas de libertad a lo largo de Chile y lograr que este informe sea lo más incidente posible». La sensación general de la Red de Cabildos fue que este se cumplió.
“Si se acogieron las normas particulares de estas personas o no, creo que el abordaje es mucho más amplio, porque también tiene que ver con su salud, con la de sus hijos, hijas, padres y madres». Ignacio Cubillos, director de la ONG Leasur.
El resultado de esas actividades son las que se condensan en el informe que le entregaron a María Elisa Quinteros. En detalle, el resultado en cifras es este: en 263 cabildos realizados en 58 recintos penitenciarios a lo largo del país se registró a 2.600 participantes voluntarios, entre los que hay población adulta y jóvenes que forman parte de la Red Sename. Más de 400 personas participaron voluntariamente en la ejecución de estos cabildos.
Las principales conclusiones que arrojó el informe marcaron que la población penitenciaria tenía como objetivo que se consagraran «ámbitos más transversales, tales como el acceso y derecho a salud, educación, trabajo, participación política, infancia, género, territorio, medio ambiente, y otros derechos sociales», dice el informe en su página 57.
La lógica de participación entre la CC y la sociedad civil apunta a que cada organización que envía un informe a la Mesa Directiva trata de consagrar o visibilizar los problemas que a ese grupo le atañen. Sin embargo, este informe demuestra una mirada más transversal. Viviana Soto pertenece a la Red chilena de pedagogía en Contextos de encierro y Colectivo Dignidad entre Rejas y explica por qué la población penitenciaria destacó estos derechos: «Las personas privadas de libertad hablan desde sus trayectorias de exclusión y precarización. Justamente lo que recogen muchas normas del nuevo texto borrador apunta a las necesidades reales que hemos tenido como sociedad desigual».
La población penitenciaria tenía como objetivo que se consagraran «ámbitos más transversales». Entre ellos, el acceso y derecho a salud, educación, trabajo, participación política, infancia o género.
Ignacio Cubillos es director de la ONG Leasur, una organización que busca que la transformación del Sistema de Justicia apunte hacia una vida digna para personas privadas de libertad y explica una lección que entrega este proceso de participación: «Confirmar que las personas privadas de libertad tienen una opinión más allá de su contexto carcelario». Además, Cubillos agrega que esto se da porque aún siguen vinculados con el medio externo de la cárcel: «Si se acogieron las normas particulares de estas personas o no, creo que el abordaje es mucho más amplio, porque también tiene que ver con su salud, con la de sus hijos, hijas y padres, por ejemplo».
«En forma previa nos habían hecho llegar las conclusiones parciales de los cabildos como insumos para las comisiones. Agradecemos mucho el trabajo que se ha desarrollado y que aporta a la participación ciudadana», dijo María Elisa Quinteros.
Pero el trabajo no termina aquí, con esta última entrega, la Red de Cabildos Penitenciarios ya empezó a planificar la campaña del voto informado para el plebiscito de salida. Un trabajo que anticipa obstáculos, pues las condiciones de acceso y conectividad dentro de las cárceles siempre es complejo, aseguran los representantes de la Red de Cabildos. Voces que son cercanas al trabajo penitenciario declararon haber sido testigos de que Gendarmería en Valparaíso había llamado a votar rechazo a los internos.
Desde la Red de Cabildos Penitenciarios ya se declararon por el apruebo, pero toman distancia respecto al proceso de campaña. Soto advierte que el objetivo principal es señalar los resultados de este informe a la población penal y hacer ver que «todo lo que ellos plantearon están en las normas de la propuesta de nueva Constitución». Sin embargo, el objetivo principal de la campaña está en la «socialización del texto constitucional, de saber informar e ir a contrapelo de la desinformación que se da en los medios y en redes sociales», agrega.
«Nos encontramos con mucha desinformación y fue muy positivo que personas de la sociedad civil fueran a hablar porque, por la confusión, las personas dentro de las cárceles prefieren no votar». Myr Chávez, integrante de la Fundación «Pájares entre Púas».
En el papel, la campaña de información comienza dentro de las próximas semanas, pero Myr Chávez ya ha tenido la oportunidad de comunicar el contenido del borrador en centros penitenciarios: «Nos encontramos con mucha desinformación y fue muy positivo que personas de la sociedad civil fueran a hablar porque, por la confusión, las personas dentro de las cárceles prefieren no votar».
La Red de Cabildos Penitenciarios también ha tenido que recibir y responder críticas por fomentar la participación política dentro de las cárceles. Sin ir más lejos, dentro de la misma Convención se ha escuchado a constituyentes en contra del voto de las personas privadas de libertad por ser «un daño a la democracia». Sin embargo, para Karen Hocker, de «Pájares entre Púas», ese argumento «significa negar un derecho humano al sufragio y, por lo tanto, significa más marginación a una población históricamente excluida». Soto agrega que esa crítica «es el negacionismo de la existencia de personas que han sido discriminadas y vulneradas en sus derechos de manera grave, negarles el voto va en función de perpetuar una desigualdad». Δ
