Por Rodrigo Córdova y Jessica Herrera
A más de 500 kilómetros de Santiago, en el Salón Mural del Gobierno Regional de Bío Bío, el Pleno de la Convención Constitucional se reunió por primera vez fuera del ex Congreso. La sesión fue inaugurada con discursos de la presidenta, Elisa Loncón, y del gobernador de la región, Rodrigo Díaz. Los convencionales recibieron a siete grupos de expositores de la sociedad civil, quienes dejaron dos grandes desafíos para el trabajo constituyente: la garantía a los Derechos Humanos y el resguardo del medioambiente.
DD.HH. sin distinción
María Solange Etchepare Lacoste, vocera de la agrupación “Paz y diálogo Bío Bío”, realizó una intensa presentación en la sesión del Pleno mencionando de forma transversal a víctimas del conflicto Arauco-Araucanía. La violencia y el terrorismo vivido en la zona fue definido por ella como una “dominación por el terror” que todos los habitantes sufren, independiente de su procedencia, clase o etnia.
Con mucha emocionalidad en el discurso, la ex candidata a diputada por el distrito 21 (independiente pro Partido Republicano) desplegó fotografías de las víctimas, centrándose en los Derechos Humanos y constitucionales de las personas que han fallecido en la llamada macrozona sur del país, entre ellos carabineros, jóvenes mapuches, agricultores y propietarios de fundos.
Recalcó que “sin distinción, todos en Chile tenemos Derechos Humanos”, y solicitó a la Convención incorporar un marco jurídico contra el terrorismo. “Los DD.HH. deben ser sin distinción de etnia, de color, de sexo, idioma o religión, independiente de que podamos tener distintas opiniones políticas o de cualquier otra índole, que seamos de distintos origen, posición económica”, agregó.
La también dirigente de la Fundación Víctimas Terrorismo Chile cuestionó el rol de las autoridades de la provincia: «Nosotros no necesitamos migajas del Estado». Apuntó a que “han trabajado muchas personas como asesores presidenciales o del Ministro del Interior. Nosotros, la verdad, creemos que estos cargos son inventados para quitarle la responsabilidad política a quien realmente le corresponde«. Precisó que la responsabilidad política del orden y seguridad pública es del Ministro del Interior y no de un delegado, ni jefe de seguridad de la macrozona.
Solange Etchepare mostró 38 fotos de víctimas y enumeró a 15 jóvenes mapuches fallecidos. Eso indicaría, según la agrupación que representa, que la cifra habría ascendido a 53 personas en dos años.
En mayo del 2019 un estudio del Mapuche Data Project, iniciativa conjunta entre la Universidad de Talca, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Chile y el Instituto Milenio (Mipp), contabilizaba 21 fallecidos por hechos relacionados al conflicto entre el Estado y una parte del pueblo mapuche. Hoy, Etchepare mostró 38 fotos de víctimas y enumeró a 15 jóvenes mapuches fallecidos. Eso indicaría, según la agrupación que ella representa, que la cifra habría ascendido a 53 en dos años.
Una de las claves de la presentación fue la muestra evidente de la multiplicidad de orígenes y contextos en los que estas muertes sucedieron. Se enumeró a carabineros baleados en operativos, a jóvenes mapuches quemados en atentados y a empresarios agrícolas fallecidos en asaltos armados, entre otros. Esto con el objetivo de mostrar que los Derechos Humanos son una base que, según Etchepare, debe estar presente en la Constitución sin trincheras políticas.
Tierras raras y forestales: amenazas ambientales
El otro desafío inmediato que deja la región del Bio Bío a la Convención es la regulación y protección medioambiental. Micol Rivera y Violeta Carpes representaron a la Agrupación Campesina por el Progreso Rural y hablaron sobre las mineras extractivas de tierras raras. Es un tema poco conocido en Chile y que develó problemas existentes en la Carta Magna actual pues, de no modificarse, las empresas mineras pueden atentar contra la propiedad de pequeños agricultores, según las expositoras.
Este problema surge a partir de la llegada de la minera BioLantánidos a la comuna de Penco, un zona histórica y que últimamente ha estado en la noticia como tierra natal de la madre del seleccionado Ben Brereton. La minera pretende extraer «tierras raras» a partir del año 2023: se trata de tierra que tiene características especiales para insumos de fabricación de drones, autos eléctricos, armas, turbinas eólicas, televisores, celulares, etcétera.
¿Por qué esto es un problema ambiental? El proceso, según Cartes, es nocivo para el medioambiente porque consta de “extracciones a tajo abierto en donde se retira toda la capa vegetal y tremendas cantidades de agua de la que la minera ya tiene los derechos”. Los estudios presentados en el pleno de la CC aseguran que con la extracción de una tonelada de tierra normal se pueden extraer 3,7 kilos de tierras raras.
El problema, en términos legales, se condensa en la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras. En su artículo n°2 establece que “las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles; distintos e independientes dominio del predio superficial», es decir que una persona puede ser dueña de una propiedad, pero no de lo que está abajo de esta. El artículo n°8 dice que “los titulares de concesiones mineras tienen derecho a que se constituyan las servidumbres convenientes a la exploración y explotación mineras”. Es decir, los habitantes deben autorizar a las mineras que ingresen y exploten aunque no estén de acuerdo porque es legal el ingreso a la propiedad subterránea. La minera debe pagar anualmente por la concesión solo $4.800 por hectárea.
Esta ley se creó pensando en tierras que no estaban habitadas. Violeta Carpes, presidenta de la Asociación Campesina por el Progreso Rural, aseguró que hoy existen comunidades que tienen sus casas en los lugares que la minera pretende explotar y exigió a los convencionales “que nos protejan de todo este atropello de nuestro lugar, de nuestra naturaleza y que nos respalden las autoridades de nuestro país porque hoy la región del Bío Bío se está viendo amenazada por las mineras».
“Que nos protejan de todo este atropello de nuestro lugar, de nuestra naturaleza y que nos respalden las autoridades de nuestro país porque hoy la región del Bio Bío se está viendo amenazada por las mineras». Violeta Carpes, presidenta de la Asociación Campesina por el Progreso Rural.
Sebastián Paredes es historiador y representante de la Coordinadora Nahuelbuta y también dedicó sus minutos para exponer sobre problemas ambientales y apuntó directamente a las empresas forestales. En su presentación detalló cómo el Estado fue precursor del modelo forestal actual, impulsando que estas empresas cambiaran la flora nativa por pinos y eucaliptos. Además aseguró que las tierras que hoy pertenecen a las forestales las entregó el Estado luego del desplazamiento forzado de familias en dictadura.
La página del Gobierno Regional de la Araucanía confirma la presencia de estos árboles extranjeros: “La actividad forestal está sustentada en la existencia de 1.300.000 hectáreas de bosques, de las cuales 360.000 hectáreas corresponden a plantaciones forestales, compuestas principalmente por pino insigne y eucaliptos”. Paredes vinculó este dato con el déficit hídrico: “Nuestra agua no proviene de los glaciares, viene de los bosques”, dijo en referencia al alto consumo de agua que tienen estas especies.
El expositor también abordó el tema vivienda: “Las forestales Arauco y Mininco en la comuna de Curanilahue controlan del 80% de la propiedad de suelo”. Afirma que Curanilahue tiene 99.996 hectáreas y el 63% es de la Forestal Arauco; esto ocurre en medio de tomas de terreno “porque no tenemos espacio para vivir”. Paredes resumió: “El modelo forestal no nos da agua, no nos da un lugar para vivir, no nos da trabajo y no nos da comida, limita nuestra capacidad de vivir”.
El desafío, según Paredes, está en cambiar el Decreto de ley 701, firmado por Pinochet e implementado por Ponce Lerou. Con esto se podría establecer un “reordenamiento productivo del modelo forestal en torno a límites socio ecológicos que garanticen la reproducción de la vida digna en los territorios definidos por un proceso participativo y vinculante con las comunidades”, propuso Paredes. Δ
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