Con 20 propuestas presentadas hasta el día de hoy sobre el tema, la educación se transforma en una de las grandes preocupaciones ciudadanas, a juzgar por la actividad de la plataforma digital de participación en la Constituyente. El sitio, llamado iniciativas.chileconvencion.cl, recoge las llamadas Iniciativas Populares de Norma y ha recibido hasta este momento 372 sugerencias (hasta ayer eran 333).
De ellas, una que fue presentada por Acción Educar para ser vista por la Comisión de Derechos Fundamentales -si es que logra más que 15.000 patrocinios- se ha transformado la más votada del área (ver recuadro), con 4.496 apoyos (ayer eran 4.090). El documento, de cuatro páginas y disponible desde el 9 de diciembre, se llama «Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza» .
Acción Educar es una fundación sin fines de lucro. Sus creadores son el ingeniero comercial Miguel Bejide Catrileo, quien además es el presidente del directorio, y el abogado y actual ministro de Educación, Raúl Figueroa Salas. En el directorio figuran también el abogado y profesor de derecho de la Universidad de Los Andes, Orlando Poblete Iturrate, y el empresario Juan Antonio Guzmán Molinari, integrante de diversos directorios y ex ministro de Educación de Augusto Pinochet. De su Consejo Asesor forman parte, entre otros, María Teresa Infante, ex ministra del Trabajo y Previsión Social de Pinochet; la experta Loreto Fontaine, quien lideró la coordinación nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del ministerio de Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.
Según Acción Educar la iniciativa surge de la necesidad de incorporar en el derecho a la educación la defensa de ciertos ámbitos que, estando presentes en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, «la Convención tiene el deber de respetar».
Según se indica en la plataforma de la CC, esta iniciativa busca «asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos», de la forma en que estos derechos fundamentales se consagran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acción Educar explica en la presentación: «Creemos que la educación es el futuro del país, pero debe asegurarse también el poder ejercerlo con libertad». Y más adelante añade: «Cuando hablamos de educación, no podemos referirnos sólo al acceso a los medios de enseñanza, sino que debe considerar también que las personas puedan elegir cómo y dónde educarse».
En el sitio web de la fundación se complementa que «esta propuesta surge de la necesidad de incorporar en el derecho a la educación, la defensa de ciertos ámbitos que, estando presentes en los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile, y que la Convención tiene el deber de respetar, no se han tenido presentes en el debate que antecedió a la conformación de la Comisión de Derechos Fundamentales». El propósito es lograr que «el derecho preferente de los padres sea garantizado constitucionalmente», puesto que -se añade- son ellos «los primeros llamados a suplir la voluntad del niño, cuando éste no tiene la edad o madurez suficiente para tomar decisiones sobre el cómo y dónde educarse».
En su punto 4, la iniciativa indica: «El Estado debe respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, las que deberán cumplir las normas mínimas que el Estado prescriba en materia de enseñanza, así como que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Y en inciso 11 propone: «Las disposiciones de este artículo no se interpretarán como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza».
Redofem considera que Chile no tiene «un proyecto de educación pública ni tampoco el derecho a la ducación» y reivindica a niñas y niños como sujetos de derecho por sobre el actual «derecho preferente» que ejercen sus padres.
«Laica, pública y no sexista»
Entre la veintena de iniciativas educacionales, una propuesta de Redofem (Red Docente Feminista) está en segundo lugar por cantidad de patrocinios, con 3.735 hasta hoy. Se trata de un documento que observa el panorama educacional chileno desde un ángulo completamente distinto del que lo hace Acción Educar.
Redofem se define como «un grupo de docentes feministas que el año 2018 decide unirse para re-pensar la educación desde una mirada crítica y con perspectiva de género». Entre sus propósitos está «erradicar la violencia de género en nuestras escuelas, en sus múltiples niveles». Explican que están presentes en «más de 10 territorios» a lo largo del país en una organización donde participan profesoras, asistentes y estudiantes de pedagogía.
En su argumentación, esta agrupación explica que -desde su perspectiva- Chile no tiene «un proyecto de educación pública ni tampoco el derecho a la educación» y considera indispensables «cambios urgentes» en la búsqueda de un proyecto que «tribute a una sociedad distinta, diversa y menos competitiva»; la «eliminación de la figura de los sostenedores»; la reivindicación del papel «de las y los profesores como intelectuales de la educación en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas»; la democratización entendida como «participación efectiva de las comunidades educativas en su gestión y conducción», y la comprensión de «niños, niñas, niñes y jóvenes como sujetos de derecho», dejando atrás el actual «derecho preferente» de los padres, que forma parte de la propuesta de Acción Educar.
Su propuesta ofrece 5 puntos básicos para establecer una visión sobre la educación en el nuevo texto constitucional: que se «entienda la educación como un derecho», plantea «erradicar la violencia de género», que haya una «perspectiva de género, interseccional y enfoque en Derechos Humanos», que se haga «foco en las necesidades de niñas, niños y jóvenes» y que se «reconozcan las desigualdades preexistentes».
El tercer documento en preferencias en educación se llama «Iniciativa popular por una educación libre y diversa» y fue presentado por Carmen B. Rojas. Tiene hasta el momento 3.410 apoyos y representa a «Educación Libre y Diversa», un proyecto -que según se explica en la plataforma- es «liderado por diversos movimientos ciudadanos vinculados a la educación a lo largo de todo Chile». Entre sus textos de apoyo figuran una encuesta de la Universidad Alberto Hurtado y otro de Acción Educar sobre el eventual aporte de la educación subvencionada. Δ
