Según se indica en la plataforma de la Convención, fue presentada por Juan González E., cuyo nombre completo es Juan Ignacio González Errázuriz y oficia como obispo de la diócesis de San Bernardo. Es la propuesta número 3042, aborda la libertad de culto religioso y forma parte de los contenidos que competen a la comisión de Derechos Fundamentales. Se trata de la Iniciativa Popular de Norma más apoyada hasta ahora: tiene 3.440 firmas. En un mes de existencia, la web disponible para que la ciudadanía pueda contribuir en la redacción de la nueva Constitución Chilena ha publicado 236 propuestas.
El texto entregado a la presidenta de la Convención se llama «Libertad religiosa y de conciencia» y se divide en tres subtítulos: Mecanismos de generación del proyecto presentado; Fundamento del Proyecto y Articulado presentado como Iniciativa de Norma, que es muy breve.
En la propuesta de articulado para ser incluido en la nueva Constitución, las iglesias proponen mantener la exención de pago de contribuciones de «templos, dependencias y lugares para el culto».
Según se explica, esta propuesta «la hacen la mayoría de las confesiones religiosas y creencias presentes en Chile», que se juntaron en un grupo de trabajo para estos efectos. El texto es firmado en primer lugar por Celestino Aós, el actual Arzobispo de Santiago, quien hace dos semanas hizo una presentación ante la CC.
También figuran Sergio Abad, representante de la Iglesia Ortodoxa; Héctor Zavala, de la Iglesia Anglicana; Emiliano Soto; Francisco Javier Rivera, de la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional; Roberto López, de la Plataforma Evangélica Nacional; Fuad Musa, de la Comunidad Musulmana; Eduardo Waingortin, de la Comunidad Judía de Chile; Ricardo Spencer Veas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Muhammad Said Rumié, del Centro Islámico de Chile, e Ítalo Opazo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También hay firmas de entidades originarias: Hugo Alcamán Riffo, de la corporación mapuche Enama, con sede en la Araucanía; Fernando Rodríguez, vocero y coordinador Consejo político mapuche “Wallmapu”; y Eliana Monardez Díaz, vocera del Consejo político Pueblos Originarios.
Se añade que este grupo viene trabajando desde agosto pasado, «mediante contactos periódicos entre sus principales dirigentes y sus bases, con el fin de llegar a un lenguaje común y una propuesta en conjunto acerca del significado de la libertad religiosa y de conciencia en nuestro ordenamiento constitucional».
Sin pago de contribuciones
Uno de los puntos clave de esta iniciativa se relaciona con el sostén de edificios para el culto, conforme a las ordenanzas. El texto de presentación propone que «los daños realizados contra ellos, o sus símbolos o sus fieles cuando están en ellos, sean especialmente sancionados por considerarse un atentado contra los derechos humanos de los creyentes». En ese sentido se apunta al aumento de los atentados e incendios contra iglesias, «especialmente católicas y evangélicas». Según el texto, estos ataques, situados en los últimos dos años, «han afectado profundamente la religiosidad de muchos chilenos» y «parece pertinente y adecuado asegurarles una especial protección».
UNA CONTRA INICIATIVA
Entre las centenas de propuestas de Iniciativa Popular de Norma, figura una que aborda el segundo punto propuesto por las iglesias, sólo que desde la perspectiva contraria: «Eliminación de exención de contribuciones a iglesias, cultos y confesiones», de Manuel Díaz. Busca acabar con el permiso de «lucro de organizaciones y cultos religiosos a través de la exención de impuestos».
Según explica, este beneficio «ni siquiera se justifica a través del Estado subsidiario y solo permite mal uso de dineros». La solución -propone el señor Díaz, en la iniciativa 7.302, que hasta ahora solo tiene 180 apoyos- «es la eliminación de la exención de contribuciones» y que las iglesias «rindan periódicamente su contabilidad ante el Servicio de Impuestos Internos a través de una fiscalización dedicada exclusivamente a ello».
En la breve propuesta de articulado para ser incluido en la nueva Constitución, que sólo tiene 3 puntos, las iglesias proponen mantener la exención de pago de contribuciones de «templos, dependencias y lugares para el culto». El resto de los ciudadanos en Chile, para contribuciones de bienes raíces anualmente segmentadas en cuatro cuotas en abril, junio, septiembre y noviembre. De todos modos, esta propuesta no genera consenso entre los fieles: el destacado historiador de la iglesia católica Marcial Sánchez se ha pronunciado en contra.
Para que sean presentadas, discutidas y deliberadas como equivalentes a las presentadas por los y las convencionales constituyentes, las Iniciativas Populares de Norma deben superar el límite mínimo de 15 mil firmas de apoyo, originadas en al menos cuatro regiones.
En el texto también se aborda escuetamente la enseñanza: “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años, de nacionalidad chilena, extranjeras o extranjeros con residencia en Chile, y chilenos o chilenas residentes en el exterior pueden presentar hasta siete iniciativas. Pero para que sean presentadas, discutidas y deliberadas como equivalentes a las presentadas por los y las convencionales constituyentes deben superar el límite mínimo de 15 mil firmas, originadas en al menos cuatro regiones. Estos auspicios también se presentan en la plataforma de la CC y pueden hacerse hasta el 1 de febrero de 2022.
Las Iniciativas Populares de Norma forman parte del Reglamento de mecanismos, orgánica y metodologías de participación y educación popular constituyente. Su existencia en la plataforma digital está abierta desde el lunes 22 de noviembre. Originalmente iba a extenderse hasta el 6 de enero de 2022, pero durante el pleno de hoy 22 de diciembre se acordó extender el plazo de presentación hasta el 20 de enero. Δ
